Caso Jable

La Audiencia de Las Palmas rechaza rebajar la pena a Felipe Fernández Camero por el caso Jable

El abogado Felipe Fernández Camero

Natalia G. Vargas

Arrecife —

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La Audiencia de Las Palmas rechaza rebajar la pena a Felipe Fernández Camero. El abogado fue condenado a diez años y tres meses de cárcel por la comisión de cinco delitos distintos en el caso Jable: fraude a la administración pública, cohecho, revelación de secretos, falsedad cometida por funcionario público y infidelidad en la custodia de documentos. Su defensa solicitó una reducción de la condena por haber devuelto antes del juicio 8.591,94 euros, a pesar de que fue condenado al pago de una multa de 32.837,76 euros y al decomiso de 14.000 euros entregados por la empresa Urbaser para costear un viaje de ocio a Kenia junto a su pareja.

Para la Justicia, la cantidad pagada por Camero no resulta ''congruente'' con el fundamento de la atenuante de reponer en lo posible los perjuicios derivados de los delitos cometidos por parte del exsecretario del Ayuntamiento de Arrecife. Además, la Audiencia subraya en un auto aclaratorio de la sentencia del caso Jable que las pruebas evidencian que Camero formaba parte de ''la mayor trama de corrupción que ha padecido el archipiélago canario''.

La operación Jable fue la última pieza de la mayor trama de corrupción investigada en Canarias por el número de imputados y por tramas, el caso Unión. La instrucción de este caso comenzó en 2008 y se refiere a hechos que tuvieron lugar entre 2001 y 2005. En concreto, investigó el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras y servicios del Ayuntamiento de Arrecife o aumentos injustificados de precios.

La sentencia de Jable fue emitida en enero de 2024 y condenó también a diez años y medio de prisión a la exalcaldesa de la capital de Lanzarote Isabel Déniz por los delitos de fraude a la administración pública, cohecho, y prevaricación administrativa. La Audiencia también impuso a Déniz, al frente de Arrecife entre 2000 y 2007 (primero con el Partido de Independientes de Lanzarote -PIL- y después con Coalición Canaria -CC-), una pena de inhabilitación para ostentar cualquier cargo público durante 42 años.

La defensa de Isabel Déniz también solicitó una rebaja de condena al haber ingresado ya 45.000 euros, tal y como ha adelantado La Voz de Lanzarote. ''Pese a que no puede considerarse que esas cantidades estén carentes de significación, la aportación no puede comportar la minoración del reproche punitivo que se pretende'', apunta el auto aclaratorio. Por esta razón, la Audiencia de Las Palmas ha desestimado la aplicación de la atenuante con respecto a los dos condenados.

El caso Unión es una macrocausa que se ha saldado, entre otras cosas, con la primera condena firme por asociación ilícita vinculada a la corrupción en Canarias. El ''jefe'' de esta organización era el multicondenado Dimas Martín, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). Martín también fue condenado en el marco de la trama Jable a dos años y seis meses de prisión por un delito de fraude a la administración pública y otro delito de cohecho. El histórico dirigente del PIL, que ya estaba en prisión por otras tramas de corrupción, también debe pagar una multa de 72.000 euros y asumir una pena de inhabilitación especial para todo empleo o cargo público durante seis años.

Un bolso, un Rolex y un viaje a Kenia

Fueron dos los contratos objeto de la investigación. El primero de ellos, el de limpieza del Ayuntamiento de Arrecife, por importe de 32,8 millones de euros. Ese concurso fue amañado para que el adjudicatario fuera Tecmed (luego Urbaser). Uno de los acusados, Rafael Arrocha, era el jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife en el momento de los hechos y, por tanto, el responsable de elaborar el informe con la propuesta de adjudicación. Durante su declaración, reconoció haber recibido 180.000 euros de la trama y manifestó que fue él mismo quien dio el cambiazo a la oferta para introducir fuera de plazo unas mejoras voluntarias en la presentada por Tecmed y así poder darle la vuelta a la puntuación, ya que había otra licitadora mejor posicionada.

El segundo contrato fue adjudicado a FCC por el pabellón de Argana Alta. La empresa adjudicataria hizo una oferta a la baja (8,7 millones frente a los 9,5 presupuestados) y, un año después, el Ayuntamiento de Arrecife aprobó una modificación para incrementar la dotación casi en la misma cantidad. El complejo deportivo se acabó en 2007 y acabó costando 12 millones de euros. Dos décadas después de su adjudicación a FCC, el pabellón permanece cerrado desde hace años por sus deficiencias estructurales y pendiente de un proyecto de rehabilitación. 

Las acusaciones conectan esos dos contratos con las dádivas que recibieron políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Arrecife durante aquella época (2001-2007): dinero en metálico, viajes a destinos exóticos, estancias en hoteles de cinco estrellas, o artículos de alta joyería. Aparte de comisiones dinerarias y de ese viaje a Kenia, la alcaldesa recibió de Urbaser un mueble de salón de 1.200 euros, un bolso Loewe de 418 euros, un reloj Rolex Cadete de oro y acero con números romanos valorado en 4.750 euros, dos entradas para el Teatro Real para asistir a la ópera Don Carlo de Verdi (574 euros en total) o el pago de una asistenta de hogar durante al menos dos meses.

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