El presidente del Cabildo de Lanzarote ordenó paralizar una causa penal contra el senador de su partido Pedro San Ginés

Cuatro días después de su toma de posesión, en junio de 2023, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, de Coalición Canaria, ordenó paralizar las acciones que esa misma Corporación había iniciado contra su compañero de partido Pedro San Ginés, actual senador por la Comunidad Autónoma, cuando ocupaba ese mismo cargo.

Esta acción del presidente del Cabildo para favorecer a su compañero de partido se produjo en el momento en el que el abogado encargado de dirigir la estrategia jurídica debía presentar varios escritos cuyos plazos vencían los días inmediatamente posteriores, y así se lo comunicó el letrado al presidente sin obtener respuesta alguna.

San Ginés fue presidente del Cabildo entre 2009 y 2019. Tras perder la presidencia, el nuevo equipo de gobierno (PSOE) puso en marcha diversas acciones penales en su contra por la apropiación irregular por parte de Ignacio Calatayud, un letrado amigo íntimo suyo, de dos millones de euros de las cuentas de la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote, S.A. (Inalsa) y del Consorcio del Agua de Lanzarote, con el conocimiento y consentimiento de San Ginés, que era presidente también de esas dos entidades públicas.

La instrucción del procedimiento contra el hoy senador autonómico y por lo tanto aforado ante el Tribunal Supremo, logró acreditar, tras una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que Calatayud no solo fue contratado irregularmente por Inalsa para su intervención en el procedimiento concursal en el que estaba inmersa la empresa, sino que se apropió de cuantiosas costas judiciales propiedad de la citada empresa pública.

A su vez, sin haber sido designado para ello y con conocimiento de San Ginés, quien había recibido la citación judicial, compareció en un procedimiento relacionado con Inalsa representando como codemandado al Consorcio Insular del Agua, apropiándose en este caso de unas costas que totalizaron 450.000 euros, sin conocimiento ni autorización del citado organismo.

A punto de cumplirse el plazo de la instrucción, la defensa de Calatayud consiguió un sorprendente pronunciamiento por parte de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas que ordenó acumular las diligencias previas que se seguían contra San Ginés a otro procedimiento que en el que estaba investigado en otro juzgado y que había sido archivado de manera irregular por el polémico juez Ricardo Fiestras.

El consorcio e Inalsa interpusieron en ese momento el oportuno incidente de nulidad de actuaciones sobre acumulación de autos que había ordenado la Audiencia Provincial y un incidente de recusación frente el titular del Juzgado de Instrucción número 4, Ricardo Fiestras Gil, dada su pública y notoria relación de amistad con Ignacio Calatayud.

Sin aval ni poderes legales

La decisión del actual presidente del Cabildo de paralizar las acciones promovidas por esa Corporación contra su compañero de partido fue tomada con una inusitada prisa, cuando Oswaldo Betancort todavía no tenía poderes para actuar en nombre de la empresa pública Inalsa y del Consorcio Insular del Agua de Lanzarote. Son órganos dependientes de la Corporación, pero adquirir la condición de presidente de los mismos para a continuación tomar decisiones ejecutivas requiere un procedimiento reglado que en aquellos momentos no se había producido.

Pero es que, además, las instrucciones impartidas al letrado excederían incluso su capacidad como presidente de ambos organismos públicos, toda vez que son el Consejo de Administración de Inalsa y la Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote los órganos de gobierno en los que residen las competencias relacionadas con la interposición de acciones judiciales. A ellos se sometió en su momento la consideración de iniciar las ahora desactivadas.

Aún así, Betancort ordenó al procurador designado para el procedimiento la paralización de la intervención de Inalsa y del Consorcio a espaldas de la dirección letrada contratada para ello, alegando que desistía de ambos incidentes “por razones de respeto institucional” sin ningún tipo de informe jurídico que lo avalara.