El Consejo de Estado avala los recelos de los municipios
El Consejo de Estado coincide con los planteamientos de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en relación a uno de los más polémicos aspectos de la reforma local que pretende el Gobierno que preside Mariano Rajoy: que las diputaciones provinciales y los cabildos absorban servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes sobre el criterio de coste estándar.
Así se asegura en el informe emitido por el Consejo de Estado el pasado 26 de junio, un día después de que tanto la propia Fecam como IU y el PSOE abandonaran el Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tras oponerse el PP a convocar una asamblea extraordinaria de alcaldes para debatir sobre el texto de la reforma.
Según el dictamen, “exigir que cada servicio se preste sin rebasar un determinado umbral (coste estándar) y someterlo a una evaluación orientada a determinar que no hay alternativas menos costosas desde el punto de vista de economías de escala puede perturbar el sistema de atribución competencial e interferir en la autonomía municipal”.
Precarizar la autonomía municipal
Una interferencia que, además, hará que la “efectividad” de la autonomía municipal “quede precarizada como consecuencia de estar permanentemente sometida a cuestión, cuando no diluida o seriamente comprometida”.
Precisamente, este fue uno de los argumentos esgrimidos por el presidente de la Fecam, Manuel Plasencia, durante su comparecencia en el Parlamento de Canarias el pasado 10 de junio.
Ante la Comisión de Gobernación, Plasencia dijo que la reforma “limita la autonomía de los ayuntamientos” y rechazó que los cabildos presten aquellos servicios que los ayuntamientos pequeños no puedan ofrecer por debajo de un coste estándar que no está fijado en la futura Ley, algo que puede ser arbitrario “porque no es lo mismo prestar servicios sociales en Santa cruz de Tenerife que en un barrio de Alajeró que tiene 15 habitantes”.
En la opinión expresada por el presidente de la Fecam ante los miembros de la Cámara regional, esa arbitrariedad “limita la vida local y condiciona la autonomía municipal a la estabilidad presupuestaria”.
Reducción excesiva
Unos argumentos que también recoge el dictamen del Consejo de Estado al asegurar que “la aplicación de este parámetro en los términos en los que actualmente se recogen en el anteproyecto puede incidir notoriamente en el desenvolvimiento efectivo de la autonomía municipal y, a la postre, reducir en exceso el ámbito competencial que integra el núcleo esencial de esa autonomía constitucionalmente garantizada”.
Según el informe suscrito por el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, la “efectividad de la autonomía queda subordinada al cumplimiento de unos requisitos que, al margen de no haber quedado adecuadamente definidos en el texto en proyecto, no deberían producir el efecto condicionante que se les atribuye, que, en última instancia, puede llegar a suponer una atribución 'en precario' a los municipios de su autonomía”.
Pero además, el Consejo de Estado asegura, como dijo el presidente de la Fecam, que el sistema del coste estándar “puede también hacer operar de manera inadecuada las obligaciones de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera” recogidas en el reformado artículo 135 de la Constitución y que son una obligación de la “Hacienda local en su conjunto” y no a cada competencia o servicio “individualmente considerados”, como se introduce en el texto del ejecutivo central.
Finalmente, el dictamen afirma que el “debilitamiento de la autonomía municipal” diseñado por el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro implica un “correlativo fortalecimiento” de las diputaciones provinciales, en el caso de la Península, unas instituciones que el Consejo de Estado recuerda que son entidades “de representación indirecta” y cuyas competencias son más “funcionales” que “materiales”.
