Así es la obra pública en Canarias

Para no más de 15 trabajadores reales, aquellos que se ensucian, que generan callos en sus manos, que portan las señales durante horas para controlar el tráfico, se requiere un buen número de personal en oficinas que entrelazan varias UTEs (Unión Temporal de Empresas). De esta manera se reparten los siguientes puestos: gerentes, coordinadores de Seguridad y Salud -por partida doble, uno que construye y otro que controla lo que se construye-, encargados, capataces, topógrafos y jefes de topógrafos - por partida doble, unos pertenecen a las empresas que construyen y otros a la empresa que controla lo construido-, delegados de las UTEs, ingenieros de control, asistentes de los ingenieros, delineantes, jefes de obra, oficina técnica, calidad, medioambiente, administrativos varios, sin contar los técnicos de los cabildos y de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias que pasan por las obras a realizar sus inspecciones. Y claro, se puede entender que hay que darle trabajo a la gente, pero es que el número de personas en oficinas o en puestos de control duplican al número de personas que realmente producen en la obras, y eso no puede ser sensato, porque imaginemos un ejército con mayor número de generales que de oficiales, oficiales que son los responsables de controlar las diferentes tecnologías militares que se utilizan hoy en día. ¿A qué nadie lo ve lógico?, pues así pasa en la obra pública en Canarias; nadie ve lógico tanto personal de oficina para tan poco operario.

Hasta aquí una parte de lo que significa la obra pública. Por otro lado, tenemos lo que los lectores tienen en su mentes: la utilidad de las obras, de lo planeado y de lo ejecutado, de lo ejecutado y abandonado, de quien lo aprueba y carece de responsabilidad, etc. De este modo encontramos enormes paredes de piedra, muy bien ejecutados hacia lugares donde nadie puede ver la inmensidad de tales paredes, o paredes de piedra en lugares donde las fincas circundantes, la arboleda, etcétera, no permiten escorrentías hacia la carretera. Por tanto, esas paredes son un gasto estúpido y no una inversión en seguridad. Comprobamos kilómetros de paredes, algunas de considerable tamaño, que no cumplen con función alguna, pero su coste ha impulsado a que las obras estén abandonadas, al no haberse priorizado las necesidades. Por todo ello se puede decir que la obra pública se sabe quien la paga: todos nosotros por mucho dinero que se reciba del FEDER y del Fondo de Cohesión; pero no quién es el responsable de tanto disparate, que prioriza unas obras inútiles frentes a otras que muchos vemos más necesarias.

Si alguien cree que puedo escribir sobre corrupción, siento decepcionarles, porque no tengo datos que demuestren corrupción en la obra pública canaria, pero la prensa sí nos habla de personas que estuvieron en su momento en la política, que tienen buenos amigos en la política y que han recibido vía Enagás más de mil millones de euros en indemnización. Me refiero a los 1.350 millones ordenados por el Gobierno y aprobados en el Congreso de los Diputados para indemnizar a la empresa Escal UGS, que pertenece en un 66% a ACS, presidida por Florentino Pérez.