Reflexiones en torno a la propuesta de una Cotmac insular

En fechas recientes, Anselmo Pestana, portavoz del PSC-PSOE en el Cabildo Insular de La Palma, señalaba la intención de su grupo político de impulsar una proposición de Ley orientada a crear Consejos de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de ámbito insular. Aunque todavía se desconoce el contenido exacto de dicha propuesta, de las declaraciones aparecidas en la prensa parece deducirse que el objetivo es limitar la capacidad de control en materia de ordenación del territorio y medio ambiente que la legislación en vigor otorga a la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), restringiendo su ámbito de actuación a los Planes Insulares. Así, los nuevos Consejos Insulares tendrían la última palabra sobre toda la planificación de ámbito subinsular, incluyendo los planes generales municipales y los planes territoriales especiales. En buena medida, ello supone confluir con la idea presentada por Coalición Canaria en su último Congreso Insular y con los planteamientos defendidos por el Partido Popular en anteriores legislaturas.

La justificación de dicha propuesta que realiza Anselmo Pestana se basa en argumentos como “la necesidad de acercar la ordenación del territorio a la realidad insular” o “las dificultades para comprender las especificidades de las islas en los órganos regionales”. En el caso de Coalición Canaria se señala la necesidad de acelerar la aprobación de los documentos de planificación para así favorecer la “reactivación de la economía”. A nuestro juicio, en ambos casos se trata de argumentos que carecen de cualquier fundamento técnico. La legislación vigente ya recoge algunas de las especificidades insulares a las que se alude y la supuesta demora en la aprobación de la planificación urbanística no es más que el tiempo necesario que implica una gestión mínimamente democrática y participada de la ordenación del territorio. Sobre el papel de dichos documentos en la reactivación de la economía, la relación causa-efecto es débil y limitada, más allá de las asociadas a la especulación urbanística que tan nefastas consecuencias ha acarreado.

Dado que los tres partidos con responsabilidades de gobierno en la Isla concuerdan con la propuesta, el cambio sugerido parece perseguir un objetivo más controvertido: incrementar el peso de los representantes políticos de la Isla en la nueva institución responsable de dar el visto bueno a una parte relevante de la planificación territorial y ambiental insular. En principio no hay nada intrínsecamente pernicioso en ello, pero la reciente experiencia española nos alerta sobre los riesgos asociados a la proximidad entre regulador y regulado. El auge de la corrupción urbanística observado en España durante la primera década del siglo XXI muestra las debilidades de un modelo de control urbanístico basado en la proximidad [1]. Las amplias competencias urbanísticas otorgadas a los ayuntamientos no han redundado, salvo excepciones, en un urbanismo adaptado a las necesidades locales y basado en principios de sostenibilidad, sino que han servido, en el mejor de los casos, de mecanismo de financiación de unas entidades locales escasas de fondos; y en el peor de palanca de la corrupción que azota a nuestra geografía municipal.

La teoría económica habla de “captura del regulador” cuando la influencia que ejercen las empresas dominantes de un sector es tal que les permite modificar la legislación que les afecta en su propio beneficio. Podemos afirmar que en el caso del urbanismo, la ordenación del territorio y el medio ambiente dicha captura se ha producido en nuestro país en cuantiosas ocasiones y a diferentes escalas. La influencia que determinados promotores urbanísticos han ejercido sobre los miembros de ciertas corporaciones locales, orientando la planificación en el sentido deseado, es buena prueba de lo expuesto. Es evidente que dicha práctica no implica necesariamente un acto corrupto, pero es bastante dudoso que cuando un interés particular orienta una decisión pública se esté maximizando el bienestar colectivo.

Sería ilusorio pensar que con alejar al regulador y al regulado, con poner distancia de por medio entre ambos, se alcanzaría la solución definitiva al problema. Hay actores tan poderosos, con tanta capacidad de influencia, que pueden actuar a escala regional, nacional o europea. Pero laminar aún más la capacidad de actuación del poder autonómico en la planificación territorial y ambiental de las islas resulta totalmente incomprensible a la vista de la experiencia acumulada en las últimas dos décadas. A medio plazo es necesario dotarse de un sistema de incompatibilidades que evite la connivencia entre actores públicos y privados, adaptar el lenguaje urbanístico para obtener documentos más comprensibles por un amplio conjunto de la ciudadanía, incrementar la transparencia del proceso de toma de decisiones y aumentar el peso de los dictámenes técnicos a la hora de aprobar o rechazar un documento de planificación.

Cuando entre los principales partidos de la Isla parecen dominar planteamientos como los de la presidenta del Cabildo, Guadalupe González Taño, quien tras los reveses judiciales sufridos por el Plan Insular de Ordenación y el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística hablaba de “exceso de normativa territorial”, se multiplican las dudas sobre la conveniencia de situar en la escala insular la decisión final sobre una buena parte de la planificación territorial y ambiental de La Palma.

[1] Algunas investigaciones recientes así lo ponen de manifiesto, como el informe 'Urbanismo y democracia', publicado por la Fundación Alternativas en el año 2007, o el reciente artículo de Luis M. Jerez Darias, Víctor O. Martín Martín y Ramón Pérez González, profesores del Departamento de Geografía de la Universidad de Laguna, 'Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España' (Revista Ería, año 2012, nº 87, páginas 5-18).