La Plataforma insiste en rechazar la planta de asfalto
La Plataforma Contra las Plantas de Asfalto en el Valle de Aridane, “ante los rumores de que se puede conceder una licencia de apertura” para la fábrica de aglomerado asfáltico de la empresa Ruiz Romero en el polígono del callejón de La Gata por parte del Ayuntamiento de Los Llanos, señala en un comunicado que “quien firme una licencia de apertura en las circunstancias actuales, con una sentencia que anula la licencia de instalación, y con informes periciales procedentes del Juzgado de Instrucción que hablan de afección a la salud de las personas y al medio ambiente, incurre en delito penal”.
El colectivo vecinal indica asimismo que, como consecuencia de “la confusión y las versiones contradictorias acerca de la situación actual de las plantas de asfalto”, ha convoca a una asamblea en la Casa de la Cultura de El Paso para el día 15 de marzo, a las 20.00 horas“.
Apunta que “hay un proceso judicial abierto ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias TSJC (segunda instancia) por la licencia de instalación para la planta de asfalto de Ruiz Romero”. Recuerda que “el empresario recurrió ante dicho Tribunal de Justicia la sentencia del Juzgado de lo Contencioso que le da la razón a los vecinos afectados, y que el Ayuntamiento de Los Llanos decidió aceptar dicha sentencia y no recurrirla, en el pleno celebrado el día 30 de octubre de 2012”.
La Plataforma, señala, “se ha visto obligada a acudir a los tribunales con motivo del Plan General de Ordenación (PGO) de Los Llanos de Aridane y del Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP) porque ambos documentos prevén una ampliación de la zona industrial hacia el sur, donde se permite instalar industrias pesadas como actividades mineras con su correspondiente maquinaria, por ejemplo, las machacadoras de áridos, que están ubicadas desde hace muchos años sin licencia de instalación o apertura en dicha zona y que están en pleno funcionamiento, lo que ha sido tolerado por parte del Ayuntamiento pese a que no se respetan las distancias mínimas a las zonas residenciales”.
“Todo esto viene a demostrar”, subraya en el comunicado, “que las administraciones públicas han hecho una pésima planificación del territorio, y que cada ayuntamiento en una superficie tan limitada como la que tiene la Isla, ha actuado a su antojo, sin considerar adecuadamente las características del territorio y su poblamiento”.
Considera que “ha llegado la hora de buscar espacio en zonas no urbanas, fuera de los polígonos industriales actuales, que den cabida a las industrias pesadas”. Resulta “lamentable”, concluye, “que los vecinos afectados tengan que recurrir a los Tribunales de Justicia, con los sacrificios personales y económicos correspondientes, para que los órganos competentes desarrollen la planificación que requiere la Isla”.
