El Cabildo de La Palma traslada al Parlamento “dos enmiendas clave para proteger las viviendas vacacionales arrasadas” por el volcán y defender la Ley de Islas Verdes

El Cabildo de La Palma traslada al Parlamento de Canarias “dos enmiendas clave para proteger las viviendas vacacionales arrasadas” por el volcán Tajogaite y “defender la Ley de Islas Verdes”, destaca en una nota de prensa.

Ante la votación de la modificación de la Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas que tendrá lugar este próximo miércoles en el Parlamento de Canarias, señala, el Cabildo de La Palma “ha intensificado el trabajo técnico y político con los diferentes grupos parlamentarios con representación en la Cámara autonómica haciéndoles llegar formalmente las enmiendas y necesidades prioritarias de la isla para evitar que la nueva normativa autonómica lesione los derechos de los afectados por el volcán y cercene el desarrollo socioeconómico insular”.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, enfatiza que existen “cuestiones fundamentales” que deben situarse al margen de la confrontación ideológica o partidista. La primera de ellas, añade, es garantizar y salvaguardar los derechos preexistentes de las familias que perdieron sus propiedades e inmuebles turísticos bajo las coladas de lava del Tajogaite.

Así, se apunta en la nota, esta primera enmienda remitida a la Cámara autonómica exige que se salvaguarden de forma explícita los derechos de las familias afectadas, no solo para reconstruir físicamente sus viviendas, sino también para mantener su uso vacacional previo, siempre y cuando estuvieran debidamente dadas de alta en el registro oficial del Gobierno de Canarias.

La actual Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, agrega, establece la exigencia de una antigüedad mínima de cinco años para habilitar la comercialización turística. El Cabildo argumenta que de esa manera “se limita a los damnificados el derecho pleno a reconstruirlas y explotarlas de nuevo sin verse perjudicados por este filtro temporal. Esta justa pretensión ya está respaldada por el espíritu y la literalidad de la propia Ley del Volcán y los decretos de recuperación dictados por el Gobierno de Canarias”.

La segunda enmienda plantea “blindar la Ley de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en El Hierro, La Gomera y La Palma, conocida como Ley de Islas Verdes. Las tres islas cuentan con un marco legal especial con supremacía sobre la planificación general, el cual no puede verse vulnerado ni condicionado por las determinaciones territoriales o limitativas de la nueva ley vacacional”.

Por ello, Sergio Rodríguez hace hincapié en que el modelo de la Ley de Islas Verdes funciona de “forma idónea” en territorios donde “no existen grandes tenedores ni cadenas de explotación masiva”. “Se trata de un ecosistema en el que las viviendas vacacionales aportan rentas complementarias directamente a las economías familiares, ayudando a fijar población al territorio, recuperar fincas agrícolas en las medianías y generar un turismo no invasivo”, recalca el presidente palmero.

Además, Sergio Rodríguez recuerda que La Palma trabaja a través de sus Instrumento de Planificación Singular Turístico para ampliar la planta alojativa de formato estándar o tradicional, pero la realidad de la reconstrucción exige no prescindir de ninguna plaza turística o herramienta capaz de generar dinamismo económico, en este momento.

Por todo ello, Sergio Rodriguez llama la atención sobre el hecho de qué como está planteada inicialmentela Ley de Vivienda Vacacional cercena el espíritu de la Ley de Islas Verdes y colisiona con el derecho de la ciudadanía a explotar estas viviendas como soporte complementario de ingresos, obviando además que La Palma ha sido una isla pionera en la promoción y generación de vivienda pública y protegida.

Por todo ello, el presidente de La Palma solicita el respaldo unánime de los grupos políticos parlamentarios el próximo miércoles para aprobar estas enmiendas esenciales para el futuro insular.