Canarias remite a la comisión bilateral con el Estado para solventar las dudas sobre los decretos de reconstrucción de La Palma

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha emplazado a la reunión de la comisión bilateral Canarias-Estado prevista para el 27 de junio para dirimir las dudas surgidas en el Ejecutivo central respecto a tres decretos autonómicos, un procedimiento que, ha dicho, es “habitual”.

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes, la titular autonómica de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha subrayado que si el Gobierno de España tuviera “de verdad y de manera clara” dudas sobre la inconstitucionalidad de estos decretos habría acudido directamente al Tribunal Constitucional.

El Gobierno de España ha expresado dudas sobre la constitucionalidad de los decretos de medidas urgentes en materia de vivienda en Canarias y sobre los de recuperación posteruptiva en la isla de La Palma, el de vivienda y el agrario.

En concreto, el Ministerio de Política Territorial, encabezado por el expresidente canario Ángel Víctor Torres, ha publicado sendos procedimientos en los que pone el foco en ocho artículos y dos disposiciones adicionales del decreto 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, por el que se declaró la emergencia habitacional en Canarias.

También cuestiona cinco artículos y dos disposiciones adicionales del decreto de reconstrucción de La Palma en materia de vivienda, y cuatro artículos y una disposición adicional del relativo al ámbito agrario.

La consejera Nieves Lady Barreto se ha mostrado convencida de que en la comisión bilateral se solventarán las dudas formuladas por el Ministerio respecto a estos artículos y ha reiterado que se trata de “un procedimiento habitual”, pues ha sucedido con anterioridad con otras leyes aprobadas por el Gobierno canario y que plantean alguna incertidumbre en el central.

“Se aclaran las dudas, se solucionan en la bilateral y se zanja el asunto”, ha manifestado la consejera, para quien si el Gobierno de España tuviera de verdad de manera clara cuestiones que le puedan surgir en cuanto a problemas de inconstitucionalidad iría directamente al Tribunal Constitucional, como ha hecho con las leyes de memoria democrática de algunas comunidades autónomas.