La Fecai propone realizar un reparto de menores no acompañados acorde a las infraestructuras de cada isla

La Comisión de Política Social de la Federación Insular de Islas (Fecai), presidida por la responsable de Acción Social del Cabildo de La Palma, Nieves Hernández, y conformada por los consejeros de Servicios Sociales de los siete cabildos, ha pedido al Gobierno de Canarias que realice un reparto de menores no acompañados acorde con las infraestructuras de las que dispone cada isla y que se actualice la financiación del servicio de acogida de acuerdo con el coste real que conlleva el mantenimiento de cada plaza, informa en nota de prensa la Fecai.

Nieves Hernández explica que, precisamente para poder definir esos criterios, la Comisión ha solicitado que se convoque, de manera urgente, al órgano competente en la materia, que es la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, presidida por la responsable de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, y compuesta por responsables insulares del área y de siete representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). 

“El objetivo que perseguimos a través de esta petición es poder trabajar de forma coordinada y colaborativa entre las distintas administraciones públicas de Canarias con competencia en este ámbito para asegurar la correcta articulación y funcionamiento del sistema público de servicios sociales para dar la mejor atención posible a las personas menores que lo requieran con todas las garantías”, explica Hernández.

La consejera expone que todos los cabildos coinciden en la necesidad de garantizar la seguridad y atención de menores no acompañados, pero insisten en la importancia de analizar con carácter previo las infraestructuras y recursos con las que cuenta cada isla para prestar este servicio en las mejores condiciones.

En el marco del encuentro también se abordó la importancia de que se desarrolle, cuanto antes, la Ley de Servicios Sociales de Canarias, que es esencial para tener claro el catálogo de prestaciones disponibles en cada isla y el conjunto de servicios a las que las personas tendrán derecho en cada caso.

La Comisión de Política Social también acordó proponer al Ejecutivo regional que comience a negociar, cuanto antes, el Convenio de Dependencia, de carácter plurianual, que finaliza este año y en el que se define tanto el número de plazas en materia de dependencia como la financiación prevista. 

Por otro lado, se trató el futuro Reglamento del concierto social en el ámbito de los servicios sociales especializados, que actualmente se encuentra en proceso de información pública hasta el 22 de marzo. En esta línea, los cabildos acordaron mantener un encuentro de trabajo la próxima semana para abordar los detalles del reglamento, como el alcance y significado de los conciertos sociales, la descripción de las modalidades de servicios y prestaciones y los requisitos de participación, entre otros y poder así realizar aportaciones al texto.

Además, la Comisión mostró el interés de los cabildos por incorporarse al Sistema de Información de Usuarios/as de Servicios Sociales SIUSS, ya que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias ha firmado el Convenio con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para implementar el Sistema de Información de Usuarios/as Servicios Sociales (SIUSS) que permitirá mejorar la atención a las personas en los servicios sociales, especialmente los de atención primaria y comunitaria.

También se abordaron otros asuntos relativos al copago en el sector de la discapacidad; la situación del Reconocimiento de Dependencia y del Derechos a las Prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia; el nuevo modelo de Cuidados para Canarias; así como la problemática en materia de menores de absentismo y no escolarización. Los cabildos también abordaron el convenio de colaboración de la Comunidad Autónoma de Canarias con el Cabildo de Fuerteventura para la encomienda de gestión para la elaboración de informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de la discapacidad.