El CSIF pide “el cese fulminante” de la consejera del Cultura Jovita Monterrey por “el traslado forzoso” de funcionarios del Cabildo de la capital a Los Llanos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pide en un comunicado al presidente del Cabildo de La Palma “el cese fulminante de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Jovita Monterrey, ante la intención de trasladar con carácter forzoso a varios funcionarios del Servicio de Cultura desde el municipio de Santa Cruz de La Palma a Los Llanos de Aridane, sin negociación previa con los sindicatos, y sin el consentimiento de los afectados, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ha sido el detonante para pedir el cese y para dejar patente su manifiesta incapacidad y nefasta gestión al frente del Departamento de Cultura”.

En la nota de prensa señala que “conviene precisar con carácter previo que aquí no se pretende reprochar a la Corporación Insular su decisión en materia organizativa de descentralizar servicios y ubicarlos en otro municipio distinto a Santa Cruz de La Palma, máxime si esto puede ser bueno para la ciudadanía de la isla de La Palma”.

“Aquí lo que se reprocha es que tales decisiones se produzcan violentando derechos fundamentales de sus empleados públicos, a los que se pretende destinarlos sin su consentimiento, máxime cuando se prescinde groseramente del procedimiento administrativo legalmente previsto. La redistribución de efectivos o reorganización administrativa de funcionarios cuando implica movilidad geográfica o funcional requiere de un procedimiento específico, en el que como mínimo se requiere el consentimiento de los afectados, y la negociación preceptiva con las organizaciones sindicales que representen los intereses de los trabajadores que puedan verse implicados”, dice

“Nos sonroja que se pretenda con un mero comunicado sin formalidad alguna, y redactado por quien no tiene competencia alguna en la materia, nada menos que el traslado forzoso con cambio de residencia de varios funcionarios, como si de una sanción disciplinaria por falta muy grave se tratara”, añade.

“La falta de competencia de la consejera insular de Cultura en la materia es notoria y palmaria, basta con acudir al Decreto 2019/5961, de 18 de Septiembre del Cabildo Insular de la Palma que viene a ratificar el anterior Decreto 2019/5976, de 9 de Agosto, en el sentido de delegar en la consejera insular María Nayra Castro Pérez con delegación especial en Hacienda y Recursos Humanos las competencias en materia de situaciones administrativas y provisión de puestos de trabajo del personal, y de forma significativa las referidas a traslados de personal entre distintas dependencias administrativas y resolución de expedientes de movilidad geográfica y funcional, o por razones de salud, o de modificación sustancial de condiciones de trabajo”, asegura.

“Acreditada, por elemental, la falta de competencia para tomar tales decisiones debemos añadir que una vez ejercitada la competencia correctamente por quien corresponda, es preciso y obligatorio ajustarse a un procedimiento reglado, con especial audiencia a los afectados, y a las organizaciones sindicales que representan sus intereses, ya que lo contrario sería una esperpéntica y grosera ilegalidad, y dejaría expedita la oportuna acción judicial en defensa de los legítimos intereses de los trabajadores que no pueden verse perjudicados por decisiones políticas organizativas, aunque sean beneficiosas para los administrados”, apunta.

“La prepotencia y el abuso de autoridad, desgraciadamente más habitual de lo permisible, sobre todo cuando se ejercen responsabilidades políticas sin una mínima preparación técnica e intelectual, merecen el reproche, en este caso de esta organización sindical, y la solicitud de cese por su superior jerárquico, a la espera de que medie el sentido común en el futuro en las actuaciones del Cabildo Insular de La Palma para con su personal. No obstante, nos tememos que la problemática aquí denunciada no va a resolverse de forma ordenada por el empecinamiento de la responsable reprobada. En ese caso habría que judicializar el asunto y depurar las responsabilidades correspondientes”, concluye.