La reforma de la Ley de las Islas Verdes “no respeta los valores ambientales y agrarios”

La Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible ha valorado este martes, en una rueda de prensa celebrada en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma, la reforma de la ley sobre la ordenación territorial de la actividad turística de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, conocida como la Ley de las Islas Verdes. En el acto intervinieron Santiago Pérez, concejal en el Ayuntamiento de La Laguna; Vanesa Catalán, miembro de Izquierda Unida Canaria; Pablo Díaz, La Centinela-Ben Magec-Ecologistas en Acción; Rubén Martínez, consejero de Sí Se Puede en el Cabildo de La Gomera, y Dailos González, consejero de Podemos en el Cabildo de La Palma.

La ley original, del año 2002, ha sido modificada de forma directa ocho veces y de manera indirecta, cinco. En la presente legislatura, se han presentado cuatro propuestas para su modificación. La última, que se debate en el Parlamento, ha contado con el apoyo de CC, PP y AGS (Agrupación Socialista Gomera), mientras que PSOE y NC se abstuvieron y Podemos votó en contra.

Con la nueva reforma, la ley “es más agresiva con el territorio, no respeta los valores ambientales y agrarios”, aseguró Vanesa Catalán, y añadió que se pretende “evitar la participación ciudadana” y avanzar hacia “un modelo desarrollista” en el que se imponga “el monocultivo del turismo”.

Dailos González considera que la modificación propuesta es “lesiva y nociva para el modelo sostenible”. “Se vuelve a apostar en las islas occidentales por el modelo de las islas grandes que genera desigualdad, donde los beneficios están en pocas manos”.

En opinión de Pablo Díaz, cada modificación de la referida normativa genera “más inseguridad jurídica y puede alejar más a los inversores”. “Quieren liberalizar completamente el suelo rústico y este nuevo intento legislativo sobrepasa todos los límites de la decencia política”, afirmó. “El turismo no es la solución, es casi ya un problema porque en otras islas se está produciendo una masificación insoportable”, añadió. El turismo, insistió, “es un gran depredador del territorio” y pidió que “no se piense solo en reformar para gusto del promotor”.

El objetivo de la nueva modificación, según expuso Rubén Martínez, es “articular un modelo que traslade el turismo convencional al ámbito rural, alejándonos del modelo turístico singular para La Palma, La Gomera y El Hierro”. “Se está apostando por unas islas grises, no verdes”, enfatizó, al tiempo que destacó que “no hay informes que avalen un cambio de la ley”.

Por su parte, Santiago Pérez, recordó que el Consejo Consultivo de Canarias introduce dudas sobre las garantías ambientales de la ley. “No se han emitido informes jurídicos y técnicos, esas garantías se han sorteado, impidiendo casi la participación ciudadana”. Acusó a CC de ejercer “control en los poderes públicos”. No obstante dijo que “legislativamente todo se va reconduciendo gracias a labor que desarrollan particulares y pequeños colectivos”. Defendió que “es una ley nueva, no una reforma” y el Consejo Consultivo “ha sido muy severo” en este sentido. “Saben que las inversiones muy descabelladas quedarán en nada”.