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Canarias planteará a la nueva ministra de Sanidad la necesidad de financiar la atención sanitaria a los migrantes

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, en una comisión parlamentaria.

Europa Press

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La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón (Coalición Canaria), ha señalado que entre los temas prioritarios que planteará a la nueva ministra del área, Mónica García, se encuentra la necesidad de financiar la atención sanitaria a los migrantes que están llegando a las costas del archipiélago.

“Tenemos prioridades, muchísimas prioridades. Necesitamos financiación, por ejemplo, tenemos ahora mismo el tema de la migración, de esta crisis migratoria que estamos sufriendo en Canarias y que no hay ahora mismo economía por parte del Gobierno central hacia el Gobierno autonómico de Canarias para poder afrontar el gasto sanitario que esto supone”, ha asegurado Monzón en rueda de prensa al ser preguntada por la nueva ministra de Sanidad.

La consejera ha subrayado que Atención Primaria está haciendo un “esfuerzo extraordinario”, principalmente en las islas de Gran Canaria y de Tenerife, y con las derivaciones en la isla de El Hierro que, matizó, cuestan a los canarios “muchísimo dinero”.

Añadió que Canarias presta la atención de emergencia a los migrantes pero una atención sanitaria de privado “debería darla el Estado y, por lo pronto, no solamente darla sino financiarla y poner el personal” porque el sistema sanitario del archipiélago está “muy tensionado”.

Sobre el nombramiento de Mónica García como nueva ministra de Sanidad ha indicado que habrá que “esperar y ver cómo funcionan y cómo se desarrolla el interés y los objetivos”, entendiendo que “es absolutamente prematuro” pronunciarse sobre la misma ahora y afirmando que en los próximos meses “quizás tenga una opinión un poco más fundada con realidades y con hechos”.

De todos modos, matizó que “hoy por hoy” le parece “fenomenal que haya por fin una ministra” para poder empezar a trabajar porque, en su opinión, un gobierno en funciones ralentiza las labores de los ejecutivos tanto centrales como autonómicos.

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