Canarias, pendiente de la votación en el Congreso del decreto de acogida a menores migrantes, con el PP en contra

El pleno del Congreso de los Diputados debate este jueves 10 de abril el real decreto-ley que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería al objeto de establecer la obligatoriedad de la acogida de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas cuando haya saturación. Este es fruto de un acuerdo entre el Gobierno y Junts y tiene cuenta con el rechazo de las autonomías gobernadas por el PP.

En concreto, se trata del real decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Este modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería y establece los criterios de acogida de menores migrantes entre las autonomías.

El Gobierno ha garantizado en las disposiciones adicionales del decreto la suficiencia financiera con un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, para el que se contará en 2025 con un crédito extraordinario de 100 millones de euros.

El texto aprobado modifica el artículo 35 la Ley de Extranjería añadiéndole cuatro puntos. El 35 bis establece que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia mantiene su plena autonomía y puede adoptar sus propias decisiones si las acuerda por unanimidad. Este punto indica, además, que la comunidad que cuente con una presencia de menores extranjeros no acompañados que triplique su capacidad ordinaria se encontrará en situación de contingencia migratoria, lo que trasladará al Gobierno para que active los mecanismos de reubicación.

El artículo 35 ter establece una serie de criterios para la distribución de los menores, como la población, la renta per cápita, la tasa de paro, el esfuerzo realizado anteriormente, el dimensionamiento estructural del sistema de plazas o la condición de ciudad fronteriza o de insularidad de cada territorio. Estos pueden ser modificados también por unanimidad por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

La modificación legislativa regula, en el artículo 35 quater, cómo debe llevarse a cabo el registro del menor no acompañado. Así, cuando un menor llegue a una comunidad y esta se encuentre en situación de contingencia migratoria extraordinaria, el traslado a la comunidad de destino debe producirse en el plazo de 15 días desde que se complete el registro del menor.

Con el objetivo de conocer la situación del sistema de acogida, por parte del Ministerio de Juventud e Infancia se pidió a las autonomías que aportasen el número de menores migrantes no acompañados que atienden en la actualidad antes del 31 de marzo.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha dado de plazo hasta este jueves para que Aragón --que no ha enviado ningún dato--, y Madrid y Extremadura --que, según el Gobierno, han mandado datos genéricos--, manden información más precisa.

De no ser así, el Ejecutivo advierte de que utilizará los últimos datos conocidos, de 2023, para calcular la acogida, unos datos que sitúaban a Madrid como la región que más menores recibiría, más de 800.

El PP, en contra

Por otro lado, la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP se han mostrado dispuestas a recurrir la acogida de menores migrantes del Gobierno, al considerar que “invade competencias autonómicas”. En este sentido, Aragón avanzó que había presentado un recurso contencioso-administrativo contra el requerimiento del Ministerio de Infancia y Juventud.

Cantabria también ha autorizado a la Dirección General del Servicio Jurídico para interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto-ley, al igual que Castilla y León y Andalucía.

Mientras, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, informó el lunes de que el Gobierno regional interpondría “en las próximas horas” el recurso ante el Tribunal Constitucional por la acogida de menores no acompañados. El mismo día, la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales de Baleares avanzo que también lo recurrirá.

Igualmente, la Comunidad Valenciana ha autorizado el inicio de trámites para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto-ley. En su caso, considera que “supone una clara injerencia en las competencias propias de la Comunitat Valenciana en materia de protección de menores sobre las que ostenta competencias exclusivas”.

En julio del año pasado el Congreso rechazó la toma en consideración de la proposición de ley registrada por PSOE, Sumar y CC para repartir a menores migrantes, con el voto en contra de PP, Vox y Junts. Desde entonces, el Gobierno ha negociado con los grupos parlamentarios para dar una solución a los territorios con sobreocupación.

En esta línea, la Comisión Interministerial de Inmigración del Gobierno aprobó este martes 8 de abril la creación de un grupo de trabajo para la coordinación y el seguimiento de la acogida de menores inmigrantes entre las comunidades autónomas.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho este miércoles en Santiago de Compostela que confía en que el Congreso convalide este jueves el real decreto-ley para la distribución de menores migrantes, que ha definido como una respuesta “estructural, histórica e inédita”.

La votación actual para repartir a los menores extranjeros se va a llevar a cabo después de que el Tribunal Supremo diese diez días al Gobierno para que se haga cargo de mil menores migrantes en Canarias que han pedido asilo. Precisamente, Torres ha puntualizado este miércoles que el plazo no se ha cumplido todavía.

“Lógicamente eran diez días una vez que fue notificado el Gobierno de España”, ha indicado el ministro, antes de añadir que “en ningún caso está en discusión la tutela”.

Los gobiernos central y canario acordaron este jueves dar cumplimiento al fallo del Tribunal Supremo y organizar la derivación de un total de 1.008 menores migrantes solicitantes de asilo desde Canarias a la red de acogida estatal. El Ejecutivo llegó a recurrir el fallo del Supremo, pero finalmente retiró el recurso tras la “productiva” reunión con Canarias, según explicó el ministro de Presidencia, Felix Bolaños, el pasado viernes.

En declaraciones a los periodistas a la salida de una reunión interministerial celebrada en Tenerife, tanto el presidente canario, Fernando Clavijo, como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, coincidieron en analizar “caso a caso” la situación de estos menores dado que las casuísticas son diferentes.

Torres pide altura de miras

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido el decreto ley y ha pedido al PP “altura de miras” y que vote a favor de la convalidación del real decreto ley para la reubicación de menores migrantes no acompañados, apelando especialmente a los diputados de Canarias, Ceuta y Melilla.

Torres ha pedido a los otros partidos que, como Junts, no apoyaron la toma en consideración de la proposición de ley para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería en julio del año pasado, que lo hagan hoy.

Se ha referido expresamente a Vox, “pese ser un iluso”, y, especialmente, al PP, que gobierna o cogobierna en Ceuta, Melilla y Canarias: “Tienen aquí diputados y diputadas que saben lo importante que es dar una solución justa a esta crisis humanitaria, porque son de allí”, ha recalcado.

También ha recordado que este decreto trata de dar una respuesta legislativa a la situación de saturación de los recursos en Canarias, algo a lo que se comprometió el PSOE en su acuerdo de investidura con Coalición Canaria y también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para intentar su investidura. “Si el presidente del Gobierno hubiese sido Alberto Núñez Feijóo, hubiese tenido, se supone, que cumplir lo que firmó. Pues bien, el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez, y lo que ha hecho es cumplir con su compromiso, con el acuerdo de investidura que suscribió”, ha defendido.

El ministro ha recordado que el real decreto ley establece que el Gobierno convocará una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en un plazo máximo de tres meses después de su aprobación antes del 20 de junio del presente año, pero el Ejecutivo no agotará ese plazo.

Y ha reivindicado el texto que refrendará hoy el Congreso como un “muy buen” decreto, que responde a una reivindicación histórica de las Islas Canarias, que se remonta a casi veinte años atrás.

“Algún día lo pedirán”

En su intervención, la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, ha augurado que las comunidades autónomas que hoy rechazan la reubicación de menores migrantes no acompañados algún día “lo sacarán” para pedir más dinero, ayuda o repartos ante nuevas situaciones de contingencia.

“¿Y saben lo que les digo? que nosotros cumpliremos la ley y, si podemos, les vamos a ayudar, como siempre lo hemos hecho en Canarias”, ha apuntado la diputada de la formación que gobierna en Canarias junto al PP durante el debate para la convalidación del real decreto ley para la reubicación de menores en el Congreso.

Ha remarcado que su partido lleva un año y medio “luchando sin descanso” para conseguir un mecanismo permanente de reubicación de los menores, como el que articula este texto, “mientras muchos aquí hacían oídos sordos” y el presidente canario, Fernando Clavijo, se ha reunido “con todos los grupos de la Cámara casi para que nos hicieran un favor”.

“¿Nos están haciendo un favor? Hoy he oído por ahí 'ayudar a Canarias'... No señores, no se olviden que esto es responsabilidad de todos ustedes porque, si no lo entienden, tampoco merecen estar ahí sentados”, ha reprendido a los grupos.

Y ha recalcado, tras la intervención de Vox en la que ha cargado contra la inmigración irregular: “Ningún menor, en ninguna parte del mundo, es ilegal. Ningún menor solo, en ninguna parte del mundo, violenta la frontera. Ningún menor solo, en ninguna parte del mundo, es un delincuente en potencia”.