El Colegio de Abogados recuerda que la asistencia jurídica a los migrantes es “imprescindible”
El decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner, ha informado a los mandos de la Policía Nacional que la asistencia jurídica a los migrantes que llegan a las islas es un derecho “imprescindible” al que no se puede renunciar por motivos de masificación en la llegada de cayucos.
El decano y la vicedecana, Mila Pacheco, se han reunido con el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, Luis Felipe San Martín, y representantes de la Brigada de Extranjería, a fin de trasmitirles su preocupación tras conocer que algunos migrantes llegados a El Hierro no recibieron asistencia jurídica.
Este hecho da lugar a que no se les informe de sus derechos, notifiquen órdenes de devolución, se detecte alguna situación como la posibilidad de recibir asilo o protección internacional o ser menores, ha precisado.
El decano ha recordado que cuando un ciudadano entra de forma irregular en un país queda detenido y por lo tanto está establecido legalmente que debe contar con asistencia letrada e intérpretes.
Niederleytner ha indicado que también ha solicitado que se incremente el número de traductores, al resultar actualmente insuficiente para atender a las miles de personas que entran en el país de forma irregular.
En su opinión, los representantes de la Policía Nacional le han comentado que en las últimas fechas están “desbordados” por la llegada masiva de embarcaciones, especialmente a la isla de El Hierro, por lo que ha resultado materialmente imposible en todo momento cumplir con este requisito.
El problema de fondo, tal y como se transmitió al decano, es que en la actualidad se requiere una cifra importante de dinero para cubrir las dietas de los policías y abogados pero “este hecho no puede servir de justificación” para incumplir un derecho legal básico, ha sostenido Niederleytner.
Los cálculos apuntan a que en los días en los que la avalancha en la llegada de pateras ha sido mayor el Gobierno canario puede estar costeando alrededor de 30.000 euros diarios en asistencia a letrados, dado que cada uno de ellos cobra unos 320 euros por atender a grupos de seis migrantes.
A esta cifra habría que unirle las dietas de los agentes de la Policía Nacional, de manera que para disminuir los gastos se ha decidido que sean los migrantes lo que vayan a Tenerife en una sola embarcación, en vez de hacerlo los abogados y efectivos.
Uno de estos abogados, Plácido Alonso Fumero, indica que en los últimos meses puede haber asistido a alrededor de 160 inmigrantes en el sur de Tenerife, El Hierro y en la Audiencia Provincial.
El letrado declaró a la agencia EFE que las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en las que se resta importancia a la asistencia a los inmigrantes cuando llegan a tierra “tienen serios visos de incurrir en posible prevaricación”, principalmente porque va en contra de lo dictado por el Tribunal Constitucional (TC).
Alonso Fumero coincide con el decano a la hora de ratificar que la situación de los migrantes que arriban a nuestras costas es idéntica a la de un detenido y que por lo tanto deben contar de forma “obligatoria e imprescindible” con asistencia letrada.
Lo contrario supone incumplir un derecho fundamental y como tal recogido en la Constitución cuyo cumplimiento no puede depender de que llegue o no un elevado número de pateras como recogió el TSJC, en dos fallos, uno de abril y otro de junio.
El abogado incluso atisba que detrás de estas recientes sentencias puede esconderse “una cierta intencionalidad política” con el fin de evitar que el Gobierno de Canarias siga soportando esta carga económica.
“Los fallos me parecen lamentables y podrían dar lugar a un recurso por atentar contra los derechos fundamentales que no pueden ser anulados por motivos de masificación. Tardaremos más o menos en atender a los migrantes pero es irrenunciable que cuenten con asistencia jurídica y una entrevista”, ha puntualizado.
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