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El desalojo de migrantes de los hoteles de Canarias entra en su recta final

Un grupo de migrantes es trasladado a Tenerife desde un hotel del sur de Gran Canaria

Después de siete meses, el desalojo de migrantes de los hoteles de Canarias ha entrado en su recta final. El 4 de septiembre entraron en un complejo turístico las primeras 160 personas que fueron acogidas en este tipo de establecimientos. Todas ellas llevaban al menos cinco noches durmiendo al raso en el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria. También esa misma semana entraron en complejos turísticos otros 135 migrantes que permanecían en un terrero de lucha de Arinaga. La intensidad de las llegadas de pateras y cayucos durante el último cuatrimestre de 2020 hizo que cada vez fueran más los hoteles y apartamentos que se convirtieran en recursos de emergencia para la acogida de personas, después de haber estado cerrados durante meses por la pandemia. La solución temporal que encontró el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para atender a las miles de personas que sobrevivieron a la ruta canaria fue criticada por políticos locales, patronales y distintos sectores de la población canaria, que aprovecharon para vincular la caída del turismo a la inmigración clandestina.

El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que a final de marzo todos los hoteles ''quedarán libres''. Los migrantes serán trasladados a los seis campamentos desplegados entre Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, que ya están en funcionamiento. Hasta este jueves, 1.700 personas permanecían alojadas en establecimientos turísticos, según los últimos datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno a Canarias Ahora. Este viernes se han producido más desplazamientos desde el hotel Vista Oasis hasta los campamentos de Tenerife, pero aún no hay datos de cuántas personas han sido trasladadas y cuántas quedan en los hoteles. Durante la mañana, dos guaguas se han dirigido desde el sur de Gran Canaria hasta el muelle de Agaete, donde los migrantes cogieron el barco a las 16.00 horas hacia la isla vecina para entrar en el campamento de Las Canteras, gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En una comparecencia en el Senado, Escrivá subrayó que la llegada de más de 26.000 migrantes africanos a Canarias por vía marítima provocó una situación ''sobrevenida e inesperada'' que llevó a su Ministerio a adoptar acuerdos temporales con hoteles cerrados por la crisis de la COVID-19. En este tipo de recursos había a finales de 2020 más de 8.000 personas.

La alternativa a los hoteles que encontró su departamento fue la instalación de seis campamentos repartidos por el Archipiélago. En Gran Canaria hay tres: el regimiento Canarias 50, el CEIP León y el recurso ubicado en una nave cedida por Bankia. En Tenerife hay dos, uno de ellos un macrocentro con capacidad para 2.000 migrantes: Las Raíces y Las Canteras. El último es El Matorral, localizado en Fuerteventura. La Delegación del Gobierno afirma que hasta este jueves había 5.700 en estos recursos de acogida.

El último recinto en abrir ha sido la nave de Bankia, gestionado por Cruz Blanca y donde hay hasta el momento 80 migrantes marroquíes. José Luis Escrivá celebró su inauguración defendiendo que "en un tiempo récord" se desplegaron ''plazas propias suficientes para atender la emergencia ante una crisis migratoria afrontada en tiempos de COVID-19".

Temor a los campamentos

El cierre inminente de todos los hoteles ha provocado también que al menos 200 personas de Senegal intenten este jueves comenzar sus trámites de asilo en la Jefatura Superior de Policía en Las Palmas de Gran Canaria, tal y como ha informado Efe. Muchos de ellos no quieren ser trasladados al campamento de Las Raíces, en Tenerife, que arrastra múltiples protestas por las condiciones de la comida, el agua fría de las duchas y el alto número de personas que conviven en esta misma carpa.

La propia ONG que gestiona el centro, Accem, reconoció que las raciones de comida eran escasas y de baja calidad y confesó que el reparto es lento. Tal y como han asegurado algunos de los usuarios, las colas para desayunar, almorzar y cenar pueden prolongarse durante horas.

Meses de xenofobia

Los bulos y el uso político de la inmigración que hicieron algunos políticos locales y nacionales prendieron la mecha de la xenofobia en Canarias. En sus viajes a Canarias durante la crisis migratoria, el líder del PP, Pablo Casado, y el de Vox, Santiago Abascal, intentaron vincular la crisis turística a la llegada de pateras y cayucos. ''La crisis migratoria es la puntilla para el turismo y el empleo'', aseguró casado en una breve visita al muelle de Arguineguín.

También la diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, aseguró que la aparición del hacinamiento de 2.000 personas en el puerto de Arguineguín en las portadas de la prensa internacional había provocado una caída turística. ''¿Tú irías de vacaciones a Lesbos o a Moria?'', cuestionó en el Programa de Ana Rosa de Telecinco.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, también ha sido una de las líderes en este tipo de discursos. El 26 de noviembre, amenazó con abrir expedientes sancionadores a los establecimientos hoteleros que siguieran acogiendo migrantes en 2021. Al día siguiente levantó un acta de denuncia de inspección urbanística a los dos apartamentos del sur de Gran Canaria que alojan a menores extranjeros no acompañados ''por utilizar instalaciones turísticas como albergue de migrantes''.

Este discurso político sumado a algunos de los bulos que circularon por las redes sociales provocaron movilizaciones de vecinos y vecinas en contra de los migrantes alojados en hoteles. Una tensión que se volvió más intensa cuando comenzaron a aumentar los altercados protagonizados por personas llegadas en pateras y cayucos a las islas. El 12 de diciembre, vecinos de Mogán organizaron manifestaciones xenófobas a las puertas de uno de estos recursos. "¡Fuera, abusadores!", gritaron. Pocas horas después, Cruz Roja pidió a los 6.000 migrantes alojados en sus recursos que no salieran durante 48 horas ante el riesgo de agresiones racistas.

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