El muelle de Arguineguín alberga a 1.300 personas después de la tormenta política por el desalojo de 227 migrantes del puerto

El sistema de acogida ha comenzado este jueves a fluir y ha permitido reducir en un tercio el número de migrantes hacinados en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), tras 48 horas de alivio en la llegada de embarcaciones y después de la tormenta política provocada por la salida de 227 personas del recinto sin ninguna planificación al cumplirse las 72 horas de retención que marca la ley.

“Hay imágenes de las que estamos viendo en Canarias en los últimos días que un Gobierno progresista no se puede permitir, y creo que tenemos que garantizar que se cumplen los derechos humanos en nuestro país. Es nuestra obligación (...) y así lo refleja nuestro acuerdo de Gobierno”, ha explicado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en declaraciones a Efe.

“La política migratoria de Unidas Podemos y del Partido Socialista es diferente en muchas cosas, pero nos hemos puesto de acuerdo para un acuerdo de Gobierno y vamos a hablar internamente todo lo que tengamos que hablar”, ha indicado la ministra después de la tormenta política que derivó en que los partidos de la oposición pidieran la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a los que se sumó incluso la formación morada en las islas.

Mientras, el campamento de Arguineguín, donde hace solo unos días llegaron a hacinarse cerca de 2.700 personas, alberga la tarde de este jueves a unos 1.334 migrantes, según Cruz Roja, tras la salida de más de 1.000 de ellos desde el pasado martes. Este espacio tiene aproximadamente unos 400 metros cuadrados y el campamento de Cruz Roja se instaló con la previsión de atender a unas 500 personas como máximo.

Doscientos fueron derivados el miércoles al nuevo Centro de Atención Temporal (CATE) de Barranco Seco en Las Palmas de Gran Canaria, otros 200 lo han sido hoy, y centenares han salido hacia otros establecimientos.

A ellos, hay que sumar los 227 del martes, cuando la Policía facilitó su salida al cumplirse las 72 horas de retención que estipula la ley, sin que por el momento se haya ofrecido ninguna explicación más sobre la polémica decisión que Interior ha asegurado que investiga.

Y todo ello ha coincidido con dos jornadas de calma en la ruta Canaria, con solo 67 llegadas el miércoles y ninguna este jueves, al menos a Gran Canaria.

La Cruz Roja está aprovechando la circunstancia para descongestionar en lo posible el campamento, que se encuentra en su situación relativamente más aliviada en semanas, pero superando cuatro veces la capacidad para el que fue concebido (400).

La alcaldesa de Mogán, el municipio donde se encuentra el puerto, Onalia Bueno, ha visitado el exterior del campamento de nuevo este jueves, para conocer cómo va el proceso hacia el anunciado cierre del campamento de Arguineguín, sobre el que es escéptica.

“Esperamos que los inmigrantes sigan saliendo, pero no sabemos a dónde los van a llevar. Barranco Seco no tiene capacidad para seguir absorbiendo las salidas de Arguineguín, porque no tiene suficientes tiendas de campaña ni camas”, ha apuntado.

El campamento de acogida temporal de Barranco Seco está concebido para acoger a un máximo de 800 personas durante las 72 horas en las que se les toma la filiación policial y se les hacen las pruebas de coronavirus. Por ello, para que pueda seguir siendo una vía de alivio a Arguineguín, también necesita de más plazas.

El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, tiene previsto exponer este viernes en Las Palmas de Gran Canaria el plan del Gobierno para hacer frente a la situación, mientras el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita Rabat probablemente con dos asuntos que plantear a Marruecos: un mayor control en las costas que frene las salidas y repatriaciones más ágiles y numerosas.

Precisamente, este jueves se ha conocido que el Tribunal Constitucional ha avalado las devoluciones en caliente, incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la ley mordaza, que fue recurrida hace cinco años por el PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Chunta Aragonesista y dos diputados del Grupo Mixto.

No obstante, para el Gobierno de Canarias la solución está más clara: exigen al Ejecutivo de Pedro Sánchez que active la solidaridad territorial y que las islas no carguen solas con esta crisis migratoria, habiendo plazas de acogida disponibles en la Península.

Expresado en palabras del vicepresidente de la comunidad autónoma y líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, “derivaciones (traslados) regladas, transparentes, solidarias y con cupos” de inmigrantes adultos y menores extranjeros no acompañados a otras regiones del país. Algo que, de momento, el Ejecutivo solo contempla para casos específicos de personas vulnerables.

En el muelle de Arguineguín,la alcaldesa de Mogán incidía esta mañana en esa misma reclamación, porque duda de que el sector turístico pueda seguir absorbiendo por más tiempo a los inmigrantes llegados en patera (cera de 6.000 están alojados en la actualidad en hoteles, bungalós y complejos de apartamentos).

Sobre todo, ha reclamado al Ministerio de Defensa que ponga a disposición de la comunidad autónoma más terrenos militares donde habilitar nuevos campamentos. “En 2006 esa opción fue el salvavidas de la crisis de los cayucos”, ha recordado Onalia Bueno.

Hoy también se ha acercado al muelle de Arguineguín una delegación del sindicato mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, Jupol.

Su secretario de Comunicación, Pablo Pérez, ha subrayado que los policías que trabajan en el muelle de Arguineguín están agotados físicamente por “jornadas maratonianas” y ha advertido de que en ellos también hace mella “el cansancio psicológico”; entre otros motivos, ha explicado, por las condiciones terribles en las que llegan algunos grupos de inmigrantes, a veces con fallecidos a bordo de las pateras y cayucos o con personas en muy mal estado.