Más de 1.000 migrantes siguen en un limbo y sin escolarizar a la espera de que las pruebas óseas determinen si son mayores de edad

La imponente figura de Moussa andando por el sur de Gran Canaria llama la atención. El joven senegalés roza los dos metros de alto, pero tiene mirada infantil. Pasea solo, con los hombros encogidos y mirando al suelo. Llegó en cayuco a la isla y al otro lado del mar nadie le espera. Su padre y su madre murieron. Entre sus grandes manos conserva un pequeño recorte de papel en el que se puede leer su nombre y el complejo para adultos en el que se hospeda. También saca de su bolsillo una orden de devolución. En ella dice que tiene 20 años. “No es verdad, tengo 15. Se lo dije a la Policía, pero por mi altura no me creyeron”. Estos dos documentos son los únicos que tiene. No tiene pasaporte, ni nada que acredite su edad.

En las próximas semanas, quedarán bajo la tutela del Gobierno de Canarias cerca de cien menores que hasta ahora estaban acogidos en recursos para mayores de edad. Lo mismo sucede a la inversa. Entre 500 y 600 supuestos menores custodiados por la Consejería de Derechos Sociales podrían tener más de 18 años. Pero el tapón en la realización de pruebas de determinación de edad no se desbloquea e impide resolver este caos, y el colapso ha forzado al Archipiélago a solicitar que estas radiografías se practiquen también en las clínicas privadas. 

1.727 menores extranjeros no acompañados siguen a la espera de que se les realice la prueba ósea que determine su edad, según los datos de la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia. Un 68% de las personas tuteladas por el Gobierno de Canarias (2.524) todavía no se ha hecho ni la prueba ósea ni la ortopantomografía. La primera de ellas consiste en una radiografía de la muñeca, la mano y los dedos derechos. La segunda es una técnica de radiografía que ofrece información detallada sobre las estructuras dentales. Otros 65 menores siguen esperando por los resultados.

“Correr, comer y dormir. Eso es lo que hago todos los días. Pero yo quiero jugar en un equipo de fútbol y estudiar”, cuenta Ousmane (nombre ficticio), que tiene 16 años. Mientras no se verifique la edad de estos posibles menores, no pueden ser escolarizados. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo regional revelan que, aun con el resultado, no es sencillo asistir a un centro escolar público ante la escasez de plazas. No ha sido posible obtener datos sobre el número de menores no acompañados que forman parte del sistema educativo canario hasta el momento. Las distinciones culturales también son motivo de frustración. Muchos menores africanos llegan con 16 años y su objetivo no es la escolarización, sino trabajar para enviar dinero a sus casas. Por ello, Derechos Sociales fomenta su participación en ciclos formativos. 

Pese al bloqueo, hasta este viernes solo estaba autorizado que las radiografías se hicieran en hospitales públicos. En el caso de Gran Canaria, se realizan en el Hospital Insular. En Tenerife, se hacen en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. La rotura de un aparato de Radiología de este complejo hospitalario obligó a practicar algunas pruebas en el Hospital Universitario de Canarias antes del estallido de la pandemia provocada por la COVID-19. La lentitud del sistema obligó el pasado 15 de enero a la Consejería de Derechos Sociales a enviar un escrito a la Fiscalía de Las Palmas para pedir que se aprobara la práctica de pruebas también en centros privados. Además de la resolución rápida de los expedientes, el coste de la radiografía sería menor al destinado a mantener a los adultos durante meses, ya que no son competencia autonómica, sino estatal. Este viernes, la fiscal jefa de Las Palmas, Beatriz Sánchez, autorizó el uso de recursos externos para dar salida a supuestos menores sobre los que existen dudas acerca de su edad. Así como optimizar los recursos para atender a aquellos que realmente necesiten el apoyo de la Dirección General de Protección a la Infancia.

El tapón es mayor en la provincia de Las Palmas, donde 1.398 personas permanecen pendientes de la determinación de su edad. La fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, ha reconocido que tiene expedientes sin resolver de chicos que llegaron en marzo y abril. Fuentes del Gobierno autonómico explican que en esta isla hay días que se hacen pruebas y otros que no. Durante el estado de alarma se paralizaron. No ha sido posible obtener datos de cuántas radiografías se hacen al día, ni a la semana. Según la Gerencia del Hospital Insular, no es posible proporcionar una cifra concreta debido a que las citas se programan en función de las notificaciones que envía la Fiscalía de Extranjería. Los menores que llegan a Lanzarote y a Fuerteventura se hacen la prueba en estas islas. 

En Santa Cruz de Tenerife la cifra de expedientes pendientes cae a 394. En Tenerife se practica una media de 30 pruebas semanales. La directora general de Protección a la Infancia, Iratxe Serrano, confirma que en la isla ya hay dos recursos en los que no hay ningún menor con el resultado pendiente.

Para intentar reducir este bloqueo, según informaciones proporcionadas por la representación del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS) en Canarias, se van a habilitar dos días por la tarde a la semana para la realización de la radiografía dental. Hasta el momento, estos jóvenes comparten agenda con el resto de pacientes. La máquina de la prueba ortopantomográfica, ubicada en el Hospital Insular y que ha estado en desuso por las tardes, se pondrá en funcionamiento para la determinación de la edad de los posibles menores durante cinco horas. Según el sindicato, durante esta jornada vespertina podrían ser evaluados hasta 30 chicos ya que se trata de una prueba que se realiza en tan solo 10 minutos. 

La realización de este tipo de pruebas para la determinación de la edad de menores extranjeros no acompañados ha sido un método cuestionado incluso por el Defensor del Pueblo ya que las pruebas óseas están fundadas en hombres blancos norteamericanos, como también ha denunciado la magistrada experta en migraciones Pilar Barrado. Por ello, organizaciones como Save the Children proponen avanzar hacia un método holístico que involucre a pediatras, trabajadores sociales, educadores y psicólogos y siempre y cuando no se haya podido establecer la edad por medio de las embajadas y consulados. 

Menores en campamentos policiales 

En ocasiones, la confusión entre menores y adultos comienza durante la reseña policial. Los errores en este procedimiento administrativo han provocado que menores pasen hasta ocho días en campamentos policiales reservados para personas mayores de 18 años. Primero ocurrió en el muelle de Arguineguín. Tres meses más tarde, la historia se repitió en el CATE de Barranco Seco. En el muelle del sur de Gran Canaria, un joven de 17 años que había visto morir a 16 personas en su patera pasó nueve días perdido entre carpas y entre las miles de personas hacinadas que permanecían allí. Fue localizado al borde del shock. 

Este mes de enero, un pediatra del Servicio Canario de Salud localizó a otro menor en el CATE de Barranco Seco. Estuvo allí ocho días sin ducharse ante la falta de agua corriente y electricidad y con racionamiento de comida y agua potable. Además, solo contaba con una manta fina para taparse pese a las fuertes lluvias que vivió Canarias por la borrasca Filomena. El sanitario Abián Montesdeoca denunció que el joven llevaba consigo el pasaporte que acreditaba su minoría de edad. En ambos casos, los menores fueron derivados a recursos del Gobierno de Canarias. 

Según el protocolo marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados, cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad localicen a un menor extranjero cuya minoría de edad sea indubitada, realizarán la reseña dactilar. Después, la persona “será entregada a la entidad pública de protección de menores del lugar de localización”. En este caso, el Gobierno de Canarias. “Sin perjuicio de la posterior decisión sobre su acogida inmediata y custodia”. Además, se comunicará la localización del menor al Ministerio Fiscal. 

Fuentes de la Dirección General de Familia explican que en una ocasión se encontraron con el caso de un hombre de 36 años en un recurso para menores mientras se determinada su edad.

Nuevos perfiles 

El perfil de los menores que desembarcan en Canarias en patera o cayuco desde Marruecos ha experimentado cambios. Antes era habitual la llegada de menores de origen pobre que pretendían encontrar en Europa la forma de mantener a sus familias en origen. Desde hace unas semanas, han arribado al Archipiélago jóvenes de unos 17 años que en Marruecos estaban en situación de calle. Muchos de ellos presentan trastornos mentales como trastorno límite de la personalidad o esquizofrenia.

La presencia de adultos en recursos para menores no acompañados ha provocado en algunos casos problemas de convivencia. El último incidente tuvo especial repercusión en los medios de comunicación y acabó con el ingreso cautelar en un centro de menores del hombre que lo protagonizó. Este “parece superar sobradamente los 18 años”, apuntaron fuentes de Derechos Sociales y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 

Tras estos altercados la Consejería de Derechos Sociales solicitó un refuerzo de personal en los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados y también vigilancia específica a la Policía Canaria en los alrededores de estos recursos. Ante esto, la consejera Noemí Santana insistió en que solo una de las más de 2.000 personas que tutela el Gobierno canario ha sido detenida. “Es obligación legal de la comunidad autónoma la guarda y tutela. También notificar a la policía y la Guardia CIvil toda conducta no apropiada”. “Ni en una cosa ni en la otra nos va a temblar el pulso”, advirtió Santana. 

La tardanza en las derivaciones a la Península, las dificultades para su escolarización y la sensación de que su proyecto migratorio se ha truncado son, en parte, algunas de las causas que explican el aumento de conflictos protagonizados por migrantes. Así lo explica el sociólogo y secretario de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias (FAAC), Teodoro Bondyale. “España está haciendo recogida de migrantes, no acogida. Si tú recoges algo y luego no haces nada más con él, se pudre”. En esta afirmación coincide el juez de control del CIE de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera. El magistrado apunta que los migrantes más jóvenes “imitan conductas” de algunos jóvenes canarios que creen que para ser adultos deben “exacerbar su fuerza y masculinidad”. Díaz Tejera propone ocupar a los menores con alternativas educativas, deportivas y culturales.