La Audiencia Nacional rechaza nuevas imputaciones en la causa del Yak-42
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado realizar nuevas imputaciones en la causa sobre la contratación del avión Yak-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) causando la muerte de 62 militares españoles, al considerar que el vuelo era responsabilidad de la agencia de la OTAN Namsa y no de las autoridades militares españolas.
El tribunal rechaza de esta forma el recurso de apelación presentado por la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía Yak-42 (AFATY) y otro grupo de víctimas contra un auto en el que el instructor del caso, Fernando Grande-Marlaska, rechazaba la imputación de once altos cargos y militares, entre los que, a pesar de lo apuntado por los abogados del primer colectivo, no se encontraba el ex ministro de Defensa Federico Trillo.
En un auto dictado este martes, el tribunal sostiene que “las alegadas malas condiciones” en que se habría realizado el vuelo del Yak-42 “no eran responsabilidad directa de las autoridades militares españolas”, que “cedieron” a la agencia Namsa “la provisión de servicios de transporte para las fuerzas españolas”, y que las distintas subcontratas, gestionadas por la multinacional Chapman Freeborn, “resultan igualmente ajenas al ámbito penal”.
También señala que las quejas presentadas por los militares que habían tomado vuelos de aviones procedentes de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética “no afectan a un problema de seguridad, sino que más bien apuntan a un defectuoso cumplimiento de las condiciones” del acuerdo que el Ministerio de Defensa firmó con la OTAN.
Entre las imputaciones reclamadas por los familiares de las víctimas, que citaron textualmente a Trillo en la vista de apelación que se celebró el pasado viernes, se encontraban las del el entonces jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de Ejército Luis Alejandre Sintes; el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), general del Aire Eduardo González Gallarza; y el teniente general del Aire José Antonio Beltrán Doña, que fue imputado en la causa sobre las identificaciones, así como los tenientes generales Ángel Guinea, Manuel Estellés, Carlos Gómez Arruche y Juan Ortuño.
“MANCHA DE ACEITE”
Los magistrados Angela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel consideran que, aunque los altos cargos militares hubieran tenido “conocimiento de las quejas presentadas”, éstas “no eran propias de su responsabilidad institucional que había sido asumida por la contratista”.
Parafraseando el símil utilizado por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, en la vista de apelación del recurso, el auto señala que “no se deduce la existencia de apoyo legal para extender la mancha de aceite a quienes resultan ajenos al triste suceso orginador de las presentes actuaciones”.
“Resulta obvio que ninguna de las personas que pretenden ser imputadas están obligadas ni por ley ni por contrato a evitar un accidente aéreo imprevisible, ni tampoco han creado el riesgo derivado de la utilización de los aviones en cuestión, pues, como ya se ha indicado, fue Namsa quien asumió la gestión encomendada por las autoridades militares españolas”, añade.
CINCO IMPUTADOS
El fiscal defendió que se mantenga la imputación de los cinco altos mandos militares que están acusados desde el comienzo de la instrucción, al considerar que no hay nuevos datos ni se han producido hechos diferentes a los ya conocidos que justifiquen ampliar el número de personas contra las que se dirige la acción penal.
Los dos principales imputados en la causa que investiga las posibles negligencias en la contratación del Yak-42 son el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye “todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas”; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera “responsable de la contratación” del aparato.
El instructor de caso, Fernando Grande-Marlaska, también ve indicios de delito en la actuación del jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.
En la causa sobre la identificación errónea de los cadáveres, el Tribunal Supremo confirmó la semana pasada la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a tres años de carcel al general Vicente Carlos Navarro y a un año y medio a sus subordinados José Ramírez y Miguel Sáez.
