Garzón encarcela a los dirigentes de Batasuna Asier Imaz y Gorka Díaz
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó este jueves el ingreso en prisión de los dos supuestos dirigentes de Batasuna Asier Imaz y Gorka Díaz, quien se entregó por la mañana de forma voluntaria, a los que acusa de un delito de integración en banda armada.
Con el ingreso en prisión de Imaz y Díaz son ya 19 los miembros de la Mesa Nacional de la ilegalizada Batasuna que permanecen encarcelados, después de que el magistrado enviara a la cárcel a 17 miembros de la formación abertzale que fueron detenidos hace diez días cuando participaban en una reunión en la que, al parecer, se reorganizaba la estructura de la formación para seguir dando cobertura a ETA. Ambos comparecieron ante Garzón por espacio de un cuarto de hora cada uno y se negaron a contestar a las preguntas formuladas por el juez y la fiscal Dolores Delgado, que pidió para los dos prisión incondicional y comunicada.
Garzón explica en el auto de prisión que los dos estuvieron presentes en la citada reunión, aunque en ese momento eludieron su detención, en la que la Policía actuó para “hacer cesar la actividad delictiva” puesto que Batasuna es una organización cuya actividad él suspendió el 26 de agosto de 2002 y que el Tribunal Supremo declaró ilegal el 27 de marzo de 2003. También detalla otras reuniones y actos de Batasuna en los que ambos han participado entre 2006 y 2007 para argumentar la relación de Imaz y Díaz con la organización abertzale, aunque añade que en aquellas ocasiones no se detuvo a nadie porque o bien se tuvo conocimiento de su celebración posteriormente o por su escaso número de asistentes o por “falta de evidencias suficientes” para actuar.
En todo caso, señala el auto, la posibilidad de actuar o no en esos casos “en ningún momento fue sometida a valoración de la autoridad judicial”.
Trasladados a Soto del Real
La detención de estos dos últimos integrantes de Batasuna, que fueron trasladados a la prisión de Soto del Real (Madrid), obedece a la misma orden dictada por Garzón el mismo día en que se produjo el arresto en Segura (Guipúzcoa) de la cúpula de la organización, el 4 de octubre, que supuso el arresto de 23 personas, aunque seis quedaron en libertad (cuatro con fianza y dos nada más comparecer ante el juez). Entre los que ingresaron en la cárcel hace diez días, figuran el portavoz de la organización Joseba Permach, el histórico dirigente Rufino Etxebarria y Juan Joxe Petrikorena.
Asier Imaz, detenido el pasado día 15 en el municipio guipuzcoano de Beasaín, es el responsable del área institucional de la Mesa Nacional y concurría a las elecciones municipales de mayo en el número tres de la lista Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) por esa localidad, que anuló el Tribunal Supremo. El presunto responsable de seguridad de la organización ilegalizada, Gorka Díaz, se encontraba en paradero desconocido desde el lunes y esta mañana se ha presentado de forma voluntaria en la Audiencia Nacional, donde ha sido detenido.
Desestimados los recursos
El Tribunal Supremo (TS) confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional que en 2007 condenó al etarra Henri Parot a once años de prisión por pertenencia a organización terrorista por una carta que escribió en 2001 a la dirección de ETA cuando estaba en la cárcel, según informó el Alto Tribunal. Así lo acordó este jueves la Sala de lo Penal del TS en una sentencia de la que se hizo público únicamente el fallo, en la que desestima los recursos de Parot, la Asociación Víctimas del Terrorismo y la Asociación Dignidad y Justicia contra la resolución dictada el pasado mes de febrero por la Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional estimó probado que la trayectoria delictiva de Parot se interrumpió con la desarticulación del comando del que formaba parte y con su detención en 1990, y que reanudó su actividad en 2001 con la correspondencia que éste mantiene con los dirigentes de ETA desde la cárcel. La Sala tomó esta decisión dos horas después de celebrar una vista pública en la que el fiscal Antonio del Moral reclamó al TS que confirmara la sentencia de la Audiencia Nacional, mientras que el abogado del etarra pidió su absolución porque su patrocinado ya ha sido condenado por pertenencia a banda armada y las acusaciones populares que se elevara la condena.
Según explicó el representante del Ministerio Público, dicha carta es la prueba y evidencia de que había unos lazos (entre Parot y ETA), lo que, a su juicio, “es algo distinto por lo que se le condenó anteriormente”. A su juicio, “la sentencia rompe el hecho y empieza un punto y a parte, que ojalá fuera un punto final, y si el autor sigue su historial delictivo hay que abrir un nuevo capítulo”.
También ha dicho que es un “insulto” decir que no está probado que la carta la escribiera el etarra cuando está escrita en primera persona.
“Tratamiento desigual”
El abogado de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) señaló que el etarra debería ser condenado por un delito de proposición para cometer atentados, mientras que el de la Asociación Dignidad y Justicia ha indicado que por conspiración para cometer estragos terroristas, a lo que se opuso el fiscal al estimar que la voluntad criminal de ETA “está acreditada” y “Parot no quiere provocarla, sino encauzarla”.
Por su parte, el abogado de Parot, Iñaki Goyoaga, aseguró que el etarra jamás ha dejado de pertenecer a ETA y se mostró convencido de que su cliente ha sufrido un “tratamiento desigual”. Goyoaga también explicó que las diligencias sobre dicha carta se abrieron en 2005 “por presión social u otras consideraciones extra jurídicas”.
La Sala está integrada por los magistrados Joaquín Giménez, Siro García, Andrés Martínez Arrieta, Luciano Varela y José Ramón Soriano, quien es el ponente de la sentencia, que se dará a conocer en los próximos días.
Más indeminzación
Por otra parte, estos magistrados estudiaron en otra vista el recurso que la AVT ha presentado para que el TS eleve la cuantía indemnizatoria que la Audiencia Nacional estableció en la sentencia que condenó el pasado mes de enero al etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas Gadafi a 30 años de prisión como autor del asesinato el 19 de noviembre de 1991 en Galdácano (Vizcaya) del sargento de la Guardia Civil Pedro Carbonero.
