El Gobierno catalán confía en encontrar una solución por la lengua en enseñanza
La consejera de Educación, dispuesta a la inhabilitación por defender el catalán en las aulas
BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
La consejera de Enseñanza de Cataluña, Irene Rigau, ha manifestado este lunes su confianza en que se encontrará una solución al conflicto planteado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha dado dos meses a la Generalitat para incorporar el castellano como lengua vehicular de la enseñanza: “Creo que lo lograremos”.
En declaraciones a Rac1, recogidas por Europa Press, la consejera se ha mostrado en contra de la insumisión al mandato del TSJC, ya que confía en que se encontrará una solución. “Al final se nos dará la razón y la tranquilidad a la comunidad educativa del país”, ha dicho, después de remarcar que la sentencia arranca de tres casos “puntuales”.
“Las declaraciones del ministro de Justicia me dan esperanza, tenemos que poner el acento en los casos particulares y, a nuestro entender, nos acogemos perfectamente a la sentencia”, ha defendido la consejera, que ha abogado por atender a todas las familias a partir del modelo actual.
“Si por el modelo lingüístico tengo que dejar la política, lo haré”, ha afirmado Rigau, a la vez que ha remarcado que ella podría verse afectada por una multa o por una inhabilitación para ejercer cargos públicos si no acata el mandato del TSJC, y que en tal caso volvería a ejercer de profesora.
Rigau ha mostrado su convicción de que el 2 de noviembre, fecha desde la que debe cumplirse el mandato del TSJC, no pasará nada, ya que la Generalitat no piensa separar a los niños por razón de lengua. “En el patio los niños acabarían jugando en el equipo de los catalanoparlantes contra el de los castellanoparlantes”.
La consejera ha asegurado que al terminar la enseñanza, los alumnos dominan el castellano tan bien como los niños de Burgos, aunque ha reconocido que debe enseñarse mejor el idioma “aquí y en Ciudad Real”.
Con esto, Rigau ha vuelto a defender que la Generalitat tiene potestad de determinar la proporción de cada lengua en las aulas, y ha manifestado su disposición a atender a los casos concretos de las familias demandantes, “pero no cambiar todo el sistema”.
