La Ley de la Memoria Histórica obliga a retirar los símbolos franquistas
Las administraciones públicas podrán quitar subvenciones y ayudas a aquellas instituciones o particulares que conserven los símbolos franquistas, que estarán obligados a retirar en virtud de la nueva redacción de la ley de Memoria Histórica aprobada este miércoles por la ponencia del Congreso de los Diputados.
La ponencia encargada de informar sobre este proyecto se reunió durante la tarde en el Congreso y acordó elevar a la Comisión Constitucional, convocada para el próximo miércoles, un texto propuesto por el PSOE que incorpora algunas novedades surgidas de su negociación con otros grupos parlamentarios. La principal novedad está recogida en el artículo 15, que extiende a todas las entidades públicas y privadas, así como a los particulares, la obligación de retirar los símbolos franquistas, deber que en el anterior texto sólo afectaba a las instituciones estatales.
Con la nueva redacción, todas las administraciones públicas “tomarán las medidas oportunas” para retirar “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura”. Sólo se salvarán estos elementos simbólicos “cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados” o por razones “artísticas y arquitectónicas”.
Para quienes no cumplan con esa disposición, incluidos los propietarios privados, el proyecto legislativo establece la posibilidad de retirarles las subvenciones o ayudas públicas.
Revisión de sentencias
Además, se hace una condena expresa del franquismo y se establece la ilegitimidad de los tribunales y jurados constituidos durante la guerra civil y que impusieron condenas por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa.
La fórmula consensuada abre la puerta para la posible revisión jurídica de las sentencias, ya que ni los tribunales injustos de esa época ni las leyes que aplicaban para la persecución podrán ser invocadas por el Tribunal Supremo para negarse a anular las condenas que impusieron, como ocurría hasta ahora. Un precepto que, para el diputado del PSOE Daniel Fernández, hace “imposible decir que ésta sea una ley que divide”, porque, recordó, va dirigida a todos los españoles que sufrieron persecución por cualquier motivo.
También fue muy celebrado este aspecto por los portavoces de IU-ICV, Gaspar Llamazares y Joan Herrera, quienes adelantaron que su grupo batallará para conseguir la gratuidad de la asistencia jurídica a las personas que inicien este tipo de revisiones.
Rechazo de PP y ERC
Tanto el PP como ERC desaprueban la iniciativa, el primero por considerar que reabre “viejas heridas” y, los segundos, al entender que es un “atropello” que no hace justicia a los represaliados.
El ponente del PP Jorge Fernández Díaz apreció en rueda de prensa que la futura norma es “absolutamente incompatible” con el espíritu de la transición y con la reconciliación que se propugnó en esa época histórica. Fernández Díaz se quejó de que los socialistas no hayan tenido la “cortesía parlamentaria” de ponerse en contacto con el PP para hablar del proyecto y se mostró convencido de que, si hubieran hablado con ellos, quizás hubieran conseguido “alguna cosa”.
ERC tiene claro que la ley no saldrá de las Cortes con su respaldo, si acaso con su abstención en algún artículo concreto, porque en términos generales se trata de un proyecto que no abarca “ni la mitad” de sus objetivos. Su portavoz parlamentario, Joan Tardá, detalló las condiciones de su apoyo, que pasan ineludiblemente por un reconocimiento jurídico de la condición de víctima, la anulación de las causas de los tribunales militares y de los tribunales excepcionales y la restitución de todos los patrimonios expoliados, entre otras.
Los socialistas esperan contar con el apoyo de IU-ICV, PNV y CiU, algunas de cuyas aportaciones han sido recogidas en el informe de la ponencia, si bien el portavoz de este último grupo, Josep Sánchez Llibre, matizó que hoy por hoy no hay acuerdo sobre el contenido global de la ley. Por ello, y ante las “discrepancias” que existen, el grupo catalán va a mantener para el debate en Comisión sus enmiendas, “todas ellas importantes”, remarcó.
