Medio Ambiente defiende la legalidad de la ley
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha defendido en una entrevista con Efeverde que la actual Ley de Costas es tan constitucional como la del 88, y está convencido de que se puede llegar a acuerdos con las comunidades autónomas que han presentado mayores objeciones.
Así sobre la Ley de Costas y los recursos de inconstitucionalidad anunciados por algunas comunidades (Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco), Ramos ha explicado que lo que realmente ha llegado es un requerimiento previo al recurso de inconstitucionalidad.
Ello lleva a entablar un periodo de diálogo con las comunidades y la visión que ellas tienen del texto, y “creemos que se podrá llegar en ese periodo a acuerdos y vamos a hacer todo el esfuerzo por evitar la interposición de recursos de inconstitucionalidad”.
La Ley de Costas, ha destacado, lo que ha hecho es utilizar el mismo esquema que la del 88, para modificarla y ajustarla, “y si la ley del 88 fue constitucional, la nueva entendemos que sigue los mismos parámetros y por tanto no tendrá problemas de constitucionalidad”.
En cuanto a la fractura hidráulica o fracking, el secretario de Estado ha asegurado que todas las garantías que el ordenamiento jurídico establece para el medio ambiente se aplicarán al fracking.
También ha señalado que de momento el Gobierno no va a hacer una ley para regularlo y va a esperar a ver qué decide la UE, y “si ésta saca una directiva específica, entonces sí”.
Ramos opinó que las garantías que hay en marcha y las que se establezcan a nivel ambiental son suficientes, sobre todo en la situación actual que es el de investigación y exploración, “porque luego la explotación va a llevar más tiempo, si realmente llega a producirse”.
Ramos ha reconocido que los planes de cuenca son planes “complejos” aunque ya solo queda por sacar a información pública el del Júcar, que “está prácticamente finalizado, y esperamos sacarlo a en estos días” para que todos los sectores interesados puedan hacer alegaciones.
A su Juicio, el ambiente de las negociaciones era el de “un terreno muy minado” por los comportamientos políticos habidos en el pasado en torno al agua, pero los usuarios y regantes, en general, “siempre tienen buena voluntad para entender la situación” y llegar a acuerdos o posturas comunes.
En cuanto a las CCAA, ahora mismo, “entendemos que hay la mejor de las voluntades para llegar a un acuerdo”.
Sobre la futura Ley de Montes y la recalificación de terrenos quemados, el secretario de Estado ha explicado que el borrador lo prevé como algo “absolutamente excepcional” y justificado, y que lo que busca es “resolver situaciones del pasado no debidamente resueltas”.
Tiene, según Ramos, “todas las garantías”, y en principio pasaría por un pronunciamiento del Gobierno autonómico y por su Asamblea Legislativa, y “por tanto nadie tiene interés en hacer un mal uso de esa excepción”.
Sobre los trabajos futuros, ha adelantado que el ministerio está trabajando en una reforma profunda del régimen de los parques nacionales, “porque queremos mejorar la coordinación y que el Estado tenga presencia en la coordinación, colaboración y sinergias que pueden existir entre los parques”.
El Estado no se desentiende de los parques y considera que esas joyas de la corona medioambiental “no son ajenas a la gestión del ministerio”.
Por último ha señalado que su departamento trabaja en una reforma normativa y reordenación del sector del agua en España que llevará todavía unos meses.
Sostiene que puede ser muy interesante y que ayudará a evitar que en este sector surja un déficit similar al del eléctrico, “porque si no corregimos la deriva del sector del agua, podríamos acabar incurriendo en un déficit de tipo eléctrico y no es algo que deseemos”.