Moncloa ordena suavizar la Ley de Seguridad Ciudadana
El Ministerio del Interior trabaja a toda velocidad en la modificación de su borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana después de que Moncloa trasladara a Jorge Fernández Díaz la necesidad de reducir la fuerte oposición que ha encontrado entre los partidos políticos y los movimientos sociales el primer texto dado a conocer, informaron a eldiario.es fuentes gubernamentales.
Los técnicos del departamento intentan trasladar a un nuevo texto la instrucción de Moncloa sin traicionar el espíritu de la reforma. Una de las opciones encima de la mesa es la modificación en la calificación de varias infracciones, lo que implicaría una rebaja considerable en el importe de las multas que aquellas conllevan, precisaron fuentes implicadas en la reforma.
El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz elabora aún hoy la propuesta que llevará el miércoles a la reunión de subsecretarios que preside semanalmente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. De una reunión entre los técnicos de Interior, salió el martes esa propuesta de rebajar las sanciones de las medidas que han causado más polémica, como la de convocar concentraciones luego prohibidas ante las altas instituciones del Estado o la que alude a posibles insultos, amenazas o coacciones a los policías.
Si la primera iba a estar tipificada como infracción muy grave, castigada con entre 30.001 y 600.000 euros, Interior sopesa dejarla en categoría de “grave”, con multas de entre 1.001 y 30.000 euros. Los insultos o vejaciones a los agentes pasarían igualmente de graves a leves, con una multa máxima de 1.000 euros.
Una fuente oficial de Interior admitió que cualquiera que sea la propuesta que se presente tiene todos los visos de ser modificada mañana en la reunión que presidirá Sáenz de Santamaría. La pretensión inicial de llevar el borrador al Consejo de Ministros el viernes pasado se vió retrasada una semana por problemas de “encaje jurídico”, según informaron fuentes de Moncloa y del Ministerio del Interior. Sin embargo, es la repercusión del anuncio de castigo a determinadas protestas y no las aportaciones técnicas ?de las que ya estaba previsto que se encargara el Ministerio de Justicia? lo que constituye el principal quebradero de cabeza para Interior.
El Ministerio ha prometido a los sindicatos policiales una nueva ronda de contactos después de que el texto pase por el Consejo de Ministros del viernes y antes de que comience el trámite parlamentario. Cualquier rebaja en el castigo a las infracciones, dentro de las medidas del primer borrador destinadas a “proteger” a los policías, puede ocasionar un nuevo incendio en el seno del Ministerio del Interior y, más concretamente, en el Cuerpo Nacional de Policía.
El Consejo de Estado
El texto conocido hasta ahora castiga conductas que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, intentó incluir sin éxito en la reforma del Código Penal Procesal, como es el caso de la convocatoria de manifestaciones prohibidas por la Delegación del Gobierno. El nuevo Código Penal no recogerá faltas y las que antes eran tipificadas como tales pasan a ser, en algunos casos, delitos. En otros, dichas faltas han ido a parar al borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana. Como ley orgánica, el texto debería pasar en algún momento por el Consejo de Estado, donde aún no se ha entregado, según fuentes del órgano consultivo.
El primer borrador de la ley estaba listo en noviembre de 2012, pero distintas circunstancias han ido retrasándolo. Una de ellas han sido los cambios en el Ministerio del Interior; el más relevante, el del secretario de Estado, en enero de 2013, quien tenía asignada la reforma.
Fuentes del departamento aluden al choque entre Ignacio Ulloa, jurista de formación, y Fernández Díaz, como una de las razones de la salida del primero del ministerio. Su sustituto, Francisco Martínez, puso a trabajar en la reforma a un reducido grupo de asesores y al frente de este equipo situó a un inspector jefe de la Policía que ha desarrollado el grueso de su carrera en los antidisturbios.
