El teniente fiscal de la Audiencia también renuncia a su escolta
Zaragoza recuerda que la Audiencia persigue “los crímenes más graves” y cree que esto justificaría un servicio “más reducido”
SANTANDER, 27 (EUROPA PRESS)
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, se ha sumado este miércoles a la decisión tomada por el presidente de la Sala de lo Penal de este mismo órgano judicial, Fernando Grande-Marlaska, de renunciar a su escolta, un “gesto de solidaridad con sus compañeros” que, a juicio del fiscal jefe de ese tribunal, Javier Zaragoza, “dignifica a jueces y magistrados”.
En declaraciones a los medios de comunicación tras moderar en Santander una mesa redonda dentro del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre presunción de inocencia y juicios paralelos, Zaragoza ha explicado que, tras la decisión de Burgos y Grande-Marlaska, en la Audiencia Nacional sólo tendrán escolta él, como fiscal jefe, y el presidente, Ángel Juanes, que son las dos instancias más altas de dicho órgano.
A los dos altos cargos a los que se ha referido el fiscal jefe hay que sumar el juez central de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, que también dispone de este servicio de seguridad; así como el fiscal Antidroga, José Ramón Noreña.
Zaragoza ha explicado que este miércoles por la mañana ha recibido un escrito de Burgos renunciando a su escolta, pese a que el Ministerio del Interior había decidido mantenérsela, igual que a Grande-Marlaska, y al contrario que a otros compañeros.
Aunque ha asegurado que este órgano judicial “asume” y “acata” la decisión tomada por Interior, ha recordado que la Audiencia Nacional es un tribunal “especializado” que persigue “los crímenes más graves” en España, como terrorismo, narcotráfico o delincuencia financiera, lo que, a su juicio, “justificaría, si no un mantenimiento integral de las escoltas, sí un servicio de escolta más reducido en función de los momentos económicos que se están viviendo”.
Precisamente, en este mismo sentido ha ido la carta remitida al Gobierno de España en la que, según Zaragoza, se ha trasladado al poder Ejecutivo “una exposición razonada” de las circunstancias que, a su juicio, justifican el mantenimiento de la escolta y en la que, además, y en la que le expresan su “inquietud” y “preocupación” por la retirada, además del “sentir” de los compañeros.
Sin embargo, ha aclarado que la “decisión final” corresponde al Ministerio del Interior, que es el que, según Zaragoza, tiene “responsabilidad exclusiva” de la medida y el que ha valorado “las razones y los riesgos para la seguridad” de los miembros del tribunal.
