Ceuta: cuando la frontera revela quién defiende la ley y quién vive del ruido

Ceuta volvió a situarse en el centro de una crisis migratoria, pero lo que quedó al descubierto fue mucho más que una frontera tensionada: quedó al descubierto la diferencia entre gestionar con la ley en la mano y utilizar el miedo como combustible político y mediático.

La crisis en Ceuta no ha sido solo un episodio migratorio, sino un espejo de nuestras fracturas. Ha mostrado cómo gestionamos la legalidad, cómo reaccionamos como sociedad ante la presión y cómo ciertos discursos políticos erosionan la convivencia que durante décadas definió a la ciudad autónoma. También ha dejado claro quién actúa ante la emergencia y quién se limita a señalar con el dedo. En ese sentido, la crisis de Ceuta ha sido también una prueba para las instituciones, para la ciudadanía y para quienes llevan años prometiendo soluciones mágicas que, cuando llega la hora de la verdad, se deshacen como papel mojado. Y la conclusión es evidente: la frontera no solo separa territorios; también separa a quienes trabajan de quienes solo gritan.

Lo primero que sorprende es la ausencia de propuestas reales para afrontar situaciones de esta magnitud. Se habla mucho de “mano dura”, de “control de fronteras” y de “soluciones inmediatas”, pero la ley española y los tratados internacionales son claros: los menores no pueden ser devueltos en caliente. Cualquier repatriación exige identificación, verificación de edad, contacto con la familia o con las autoridades del país de origen y garantías de protección. No es una cuestión ideológica; es una cuestión jurídica. Por eso resulta legítimo preguntarse: ¿cómo pretenden PP-VOX gestionar una crisis migratoria como la de Ceuta? Prometer lo contrario no es una alternativa política; es invitar a normalizar prácticas ilegales y, en última instancia, a asumir como aceptable la prevaricación.

Mientras tanto, Ceuta ha vidido escenas que nunca debieron ocurrir: insultos al presidente del Gobierno y a ministros desplazados a la ciudad, agresiones a inmigrantes, empujones a periodistas de TVE y La Sexta y una tensión social que no representa a la mayoría de ceutíes, históricamente ejemplo de convivencia. Sí refleja, en cambio, el efecto de años de polarización alimentada por la extrema derecha, que ha convertido el miedo en herramienta política y la crispación en estrategia electoral. En ese contexto, resulta especialmente grave la equidistancia de cierta derecha mediática, empeñada en instalar la idea de que “todos polarizan por igual”, como si responder a un insulto fuera equivalente a promoverlo o como si la violencia verbal y física de grupos radicalizados pudiera ponerse al mismo nivel que la defensa institucional de la legalidad. Esa falsa neutralidad no modera el conflicto: blanquea el odio, disfraza la radicalización y permite a los incendiarios presentarse como bomberos.

Vivimos en un clima emocional previo a los que erosionan democracias: deshumanización del otro, propaganda, ruptura de la convivencia y discursos que convierten al vecino en enemigo. La historia no se repite, pero rima. Y conviene escucharlo.

Frente a todo ese ruido, hay hechos que la prensa ha decidido ignorar. La gestión del Gobierno central fue masiva, rápida y compleja: 70.000 retornos en 48 horas, 4.000 militares y 1.700 policías desplegados, 13 médicos incorporados, distribución de 6.000 comidas diarias en colaboración con las ONG, alojamiento para 2.500 personas, además de cuatro campamentos nuevos en proceso de habilitación y 5.000 expedientes tramitados por la policía especializada en estos trámites de identificación. Igualmente, el Gobierno de España ha decidido destinar inicialmente 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menores migrantes no acompañados que han llegado a la ciudad durante la crisis migratoria. Esto no es propaganda. Son datos. Y, sin embargo, han sido silenciados por quienes prefieren construir un relato de abandono para justificar su discurso de confrontación.

El papel de una prensa que solo sabe decir que el Gobierno llegó tarde merece un apartado propio para la prensa escrita, digital y televisiva que, ante una crisis de esta complejidad, no ha sabido ir mucho más allá del reproche fácil de que el Gobierno “llegó tarde”. Esa fórmula, repetida como consigna, evita hacerse las preguntas verdaderamente incómodas: qué margen legal existía, qué recursos se movilizaron, qué obligaciones imponían los derechos de los menores y qué responsabilidades correspondían a cada administración. Reducirlo todo a una cuestión de calendario puede resultar cómodo para el titular, la tertulia o la pieza de opinión, pero empobrece el debate público y oculta la dimensión real de una emergencia que exigía legalidad, coordinación y medios materiales, no solo frases rápidas para alimentar la indignación.

Pero informar no consiste en repetir una consigna hasta convertirla en verdad aparente. Informar exige explicar el contexto, distinguir responsabilidades, aclarar los límites legales y mostrar qué se hizo, qué no se hizo y quién tenía competencias para hacerlo. Cuando una parte de la prensa reduce toda la crisis a que el Gobierno “llegó tarde”, deja de fiscalizar el poder y empieza a alimentar un relato político interesado. Y una democracia necesita medios que incomoden con datos, no altavoces que simplifiquen la realidad para encajarla en el titular más rentable.

Y entonces llega la pregunta que nadie quiere responder: ¿Qué hizo el Gobierno autonómico de Ceuta? La respuesta es el silencio. No hubo liderazgo político, ni refuerzo administrativo, ni plan de convivencia, ni coordinación institucional visible. Solo hubo crítica hacia quienes sí estaban gestionando la emergencia. Y así continua.

Ceuta merece algo mejor que ruido, odio y promesas imposibles. Merece legalidad, convivencia y responsabilidad institucional. Y merece que quienes aspiran a gobernar expliquen cómo piensan afrontar una crisis migratoria sin vulnerar derechos humanos, sin prevaricar y sin convertir la frontera en un escenario de propaganda.

Porque la frontera no es solo un límite geográfico. Es un límite moral. Y lo que está en juego es si queremos cruzarlo.