La amistad pública entre el juez Pedraz y el abogado Gómez Bermúdez

Hay imágenes que no necesitan interpretación. Las fotografías publicadas por distintos medios no son una anécdota: son una bomba jurídica. En ellas aparecen el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y el abogado Javier Gómez Bermúdez compartiendo vinos y cañas en una terraza del centro de Madrid. No se trata de un encuentro casual. Según los reportajes, ambos se reúnen prácticamente a diario, durante tres o cuatro horas, acompañados en ocasiones por la pareja del juez. Y lo hacen mientras Pedraz instruye la causa en la que la clienta de Gómez Bermúdez está imputada: la trama de hidrocarburos, un fraude millonario del IVA con ramificaciones políticas de primer nivel.

La escena, repetida día tras día, constituye, en términos estrictamente jurídicos, un evidente conflicto de intereses. La Ley Orgánica del Poder Judicial es clara: la amistad íntima entre un juez y un abogado que interviene en su procedimiento es causa de abstención y, si no se produce, la de recusación. No es una cuestión estética. Es una cuestión de neutralidad judicial y de confianza pública.

La incompatibilidad es evidente: el juez Pedraz instruye el caso donde está imputada Carmen Pano; su abogado es Gómez Bermúdez; y ambos mantienen una relación social estrecha, documentada en prensa: reuniones diarias, sobremesas, vinos y cañas. Esto no es una imprudencia. Es una contaminación directa del procedimiento.

Con lo que estamos viendo, nadie puede sorprenderse si la neutralidad judicial parece negociarse entre vinos. La justicia no solo debe ser imparcial: debe parecerlo. Y aquí no lo parece. Ni remotamente.

La justicia no puede ser amiga de nadie. Mucho menos del abogado de una imputada. Y muchísimo menos cuando esa imputada ha confesado, aunque no acreditado, haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE para financiar campañas electorales. La apariencia de imparcialidad no está dañada: está arrasada.

Su declaración forma parte de una trama que ya ha provocado que el PP solicite elevar la causa al Tribunal Supremo por la implicación del exministro José Luis Ábalos. Estamos ante un procedimiento con impacto político directo y consecuencias penales potencialmente devastadoras. En ese contexto, la imagen de juez y abogado compartiendo ocio de forma habitual no solo erosiona la apariencia de imparcialidad: la pulveriza.

La jurisprudencia es inequívoca: la apariencia importa tanto como la realidad. El Tribunal Supremo ha reiterado que la imparcialidad judicial no se mide únicamente por la ausencia de influencia real, sino por la apariencia objetiva de independencia. La pregunta no es si Pedraz y Gómez Bermúdez son amigos. La pregunta es si un ciudadano razonable puede pensar que lo son. Y la respuesta, a la vista de los hechos, es evidente.

Existe además un riesgo real de nulidad y de intervención de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, hoy en día con dudosa credibilidad. Si algunas de las partes presentan una recusación, y sería plenamente justificable, la Sala deberá decidir si la relación entre ambos compromete la imparcialidad del juez. Si lo estima, Pedraz será apartado de la causa. Si no lo estima, la sombra de duda seguirá proyectándose sobre todo el procedimiento. Y la existencia de esta relación podría afectar incluso a la validez de diligencias ya practicadas. En casos de alta sensibilidad institucional, la nulidad no es un escenario remoto: es una posibilidad real.

Otra causa que aparece es la instrumentalización de la UCO y la UDEF y que agrava el problema. En este caso, la UCO y la UDEF están siendo utilizadas como instrumentos por jueces enfrentados entre sí. Entre los policías les llaman “servir a jueces díscolos”. Yo lo digo más claro: cuando las unidades policiales de élite dejan de responder al interés general y pasan a responder a la estrategia de un magistrado, la justicia pierde su neutralidad y el Estado de Derecho se resiente.

El conflicto entre la UCO, que trabaja para Pedraz en el caso Leire Díez, y la UDEF, que trabaja para Moreno en el caso Koldo, no es técnico. Es estructural. Dos jueces investigan materia idéntica: movimientos económicos del PSOE. Dos unidades policiales ejecutan diligencias que se solapan. Y todo ello ocurre sin coordinación institucional, sin control y sin una resolución clara de competencia.

Cuando la justicia se convierte en un tablero donde cada juez mueve “su” unidad policial como si fuera una pieza propia, la ciudadanía pierde confianza. Y sin confianza, no hay justicia. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debe intervenir. El CGPJ debe actuar. La situación actual ha llevado al descrédito de las unidades policiales, hoy convertidas en vectores del descrédito judicial.

Se pide a gritos la necesidad de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para impedir que cada juez actúe como “centro autónomo” sin control institucional. Las unidades policiales deben volver a ser lo que siempre debieron ser: instrumentos del Estado, no de los jueces.

La Audiencia Nacional no puede permitirse que uno de sus magistrados aparezca cada tarde en una terraza con el abogado de una persona imputada en su propio juzgado. No puede permitirse que esa relación sea pública, reiterada y fotografiada. No puede permitirse que la ciudadanía piense que la justicia se negocia entre vinos y cañas. La independencia judicial es un pilar del Estado de Derecho. Las imágenes publicadas lo resquebrajan.

Este es un caso que exige una respuesta institucional inmediata. La relación entre Pedraz y Gómez Bermúdez no es un detalle pintoresco. Es un problema estructural que afecta a la credibilidad de la instrucción, a la confianza en la Audiencia Nacional de la que no anda sobrada y a la integridad del proceso penal.

Lo dicho, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debe actuar. Las partes deben valorar la recusación. Y el Consejo General del Poder Judicial no puede mirar hacia otro lado.

La justicia no admite amigos. Y menos aún entre un juez y el abogado de una imputada.