Una condena construida sobre una mentira

Hace tiempo que muchos ciudadanos, demasiados, dejaron de confiar en la justicia en España. No porque se equivoque, toda institución humana lo hace, sino porque ha empezado a actuar como si hubiera olvidado sus propios principios. Como si hubiera renunciado a la neutralidad que la legitimaba. Como si, en ciertos casos, el fin justificara los medios.

La historia no comienza en un juzgado, sino en el otoño de 2016, cuando la Diputación de Badajoz, una institución provincial sin proyección nacional, publica la convocatoria para cubrir la jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, responsable de coordinar los conservatorios de Extremadura. Dieciséis personas se presentan. Entre ellas, David Sánchez.

Años después, un bloque de organizaciones de ultraderecha: Manos Limpias, Vox, Hazte Oír, Liberum, Abogados Cristianos, Iustitia Europa, decide convertirlo en objetivo político. La denuncia no aporta pruebas: aporta titulares, recortes y ruido. No importó su formación, ni su trayectoria, ni que la plaza fuera pública, legal y disputada. No importó que Pedro Sánchez no tuviera ningún poder en 2016. Solo importó su apellido. David Sánchez no fue elegido por ser hermano de nadie: fue elegido porque era el mejor.

Así nació una causa penal construida sobre sospechas. Una causa que la Fiscalía quiso cerrar porque no había delito, ni participación, ni influencias, ni continuidad delictiva. Una causa que debería haber muerto al revisar el calendario. Pero no murió, porque no era jurídica: era política.

La Audiencia sostiene, sin prueba alguna, que la plaza se diseñó a su medida y lo condena como cooperador en una prevaricación. Sin embargo, los magistrados reconocen dos hechos decisivos: no pudieron probar que la plaza se confeccionara para él, ni que se pretendiera favorecerlo por su parentesco con Pedro Sánchez. Y admiten que, en la fecha de adjudicación de la plaza, Pedro Sánchez no era secretario general del PSOE.

Con estos elementos, el proceso debía haber concluido. Pero siguió adelante. Porque el objetivo era otro.

La condena no solo es jurídicamente insostenible: es históricamente falsa. La plaza se creó en octubre de 2016. La adjudicación se realizó el 4 de noviembre. En ese momento, Pedro Sánchez no era presidente del Gobierno ni secretario general del PSOE. No tenía poder institucional alguno. No podía influir, presionar ni favorecer a nadie. Todo lo contrario.

Esta línea temporal debería haber disipado cualquier sospecha. El tribunal decidió ignorarla. Una verdad elemental que desmonta la narrativa de la acusación y la lógica de la sentencia.

Aun así, tres magistrados han condenado a David Sánchez por una prevaricación que, según ellos, se cometió para favorecer “al hermano del presidente”. ¿El presidente de qué? ¿De quién? ¿En qué año? ¿Con qué poder?

La sentencia se sostiene sobre una premisa imposible: una influencia retroactiva. Una influencia que no existía y que solo vive en la imaginación de quienes han convertido este caso en un arma política. La justicia española ha condenado a un ciudadano por un supuesto trato de favor que habría ocurrido dos años antes de que su hermano tuviera capacidad de influir en nada. Esto no es un error: es una aberración.

Y lo es aún más cuando el propio tribunal reconoce que no sabe quién influyó, cómo influyó, ni en qué actos se materializó la influencia. No tiene pruebas, documentos, testigos ni hechos. Pero sí tiene una condena.

La justicia ha dado un salto mortal sin red: ha condenado por intuición, por sospecha, por proximidad familiar. Ha condenado porque un bloque de acusaciones populares necesitaba mantener vivo un relato político.

Mientras tanto, la Fiscalía es el único actor que actuó con rigor, pidió su exclusión del juicio. Recordó que el único delito posible estaba prescrito y no guardaba relación con la prevaricación. Recordó que no había conexidad ni participación. Recordó que no había caso.

Pero la maquinaria política ya estaba en marcha. Y la justicia, en lugar de frenarla, decidió acompañarla. Cuando un tribunal condena por un delito que exige influencia política, y esa influencia no existía en la fecha de los hechos, el problema no es la sentencia: es el sistema y la honradez de quienes lo aplican.

La democracia no se rompe de golpe. Se rompe así: con condenas sin pruebas, con juicios sin hechos, con magistrados que infieren lo que no pueden demostrar, con causas nacidas de recortes de prensa, con sentencias que contradicen la realidad temporal. Con la justicia convertida en herramienta de hostigamiento.

Este caso no es una mancha. Es una señal de alarma. Y quien no quiera verla, es porque no quiere ver lo que está ocurriendo en nuestro país. Los once condenados por prevaricación en este caso deberán recurrir ahora la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Después, si es necesario, acudirán al Tribunal Supremo. Pero, siendo honesto, no espero nada de esos recursos. Tampoco de la última instancia.

Como ciudadano de este país, he dejado de confiar en ellos. Visto lo visto.