¿Qué harías con 2.400 millones de euros?

El PSOE comienza esta legislatura tal y como acabó la anterior: demandando la tan urgente revisión del sistema de financiación autonómica. No estamos pidiendo ninguna extravagancia; es una cuestión de derecho y de legalidad ante la que ha habido un incumplimiento evidente y ninguna voluntad de revertirlo por parte del Gobierno del PP.

Recordemos que el PP sí admitió esa necesidad en las últimas semanas de legislatura, en esos dos iluminados meses de buenas intenciones que, finalmente, no fueron más que un lavado de cara por el presentimiento del batacazo electoral que le esperaba. En su compromiso de revisar el caduco e insuficiente modelo vigente estaba admitiendo su irresponsabilidad.

Ahora, como en otros tantos asuntos, no ha vuelto a hablar de esto, no ha tomado ninguna decisión técnica o política al respecto. Los meses continúan pasando sin que se acometa esta reforma, mientras que la viabilidad económica de las comunidades se va comprometiendo cada vez más y, con ello, sus posibilidades de acelerar medidas que exige y precisa la ciudadanía.

El miércoles de esta misma semana, el PSOE ha presentado en el Congreso una proposición no de ley instando a la revisión del sistema de financiación, en el marco de las primeras iniciativas registradas por el PSOE en esta legislatura. Con la propuesta se insta al Gobierno de España a que dé las indicaciones oportunas para que de inmediato se inicien o aceleren los trámites técnicos y la elaboración de informes de la Administración General del Estado y las comunidades para realizar un borrador de anteproyecto de ley de reforma del modelo de financiación autonómica, para su posterior tramitación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, su aprobación como proyecto de ley y su debate y tramitación en las Cortes.

En esta propuesta, el PSOE hace hincapié en que el nuevo texto debe garantizar la igualdad y la suficiencia financiera para todas las comunidades, corrigiendo los déficits y asegurando los principios de autonomía, coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución. Un aspecto destacado de la iniciativa es el que hace mención la prestación de servicios públicos esenciales en todas las comunidades autónomas, de manera que toda la ciudadanía, independientemente del lugar donde viva, acceda en igualdad de condiciones a esos servicios.

Los socialistas remarcamos en esta PNL que, mientras tanto, se debe garantizar que los sistemas habilitados para posibilitar la financiación de las comunidades se ejecuten con parámetros objetivos, con la adecuada diligencia y permitiendo que las autonomías puedan ejecutar puntualmente los pagos para el cumplimiento de sus competencias, especialmente las referentes a la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, las políticas sociales y las políticas activas de empleo.

El actual sistema se ha revelado absolutamente ineficaz, incompleto, inservible y obsoleto. Cuando las comunidades autónomas precisan acceder a deuda pública para sufragar los servicios esenciales, la conclusión no puede ser sino esta.

En el caso de Canarias, el déficit se sitúa en torno a los 800 millones de euros al año, con lo que la cantidad acumulada ronda los 2.400 millones para el periodo 2014-2016. Es importante insistir en que no estamos ante un asunto baladí, pues esta cuantía podría destinarse a la mejora de la sanidad en las islas, la educación, los servicios sociales... en definitiva, a mejorar la vida de los canarios y canarias.

Nos gustaría poder estar decidiendo en Canarias qué hacer con 2.400 millones de euros, ayudar a la gente, contratar médicos, profesores, construir hospitales, colegios, centros de salud, centros sociosanitarios, viviendas sociales, crear empleo, kilómetros de carreteras o puertos para mejorar nuestras comunicaciones… mil y una necesidades no satisfechas con la financiación actual. Queda para la reflexión del lector a qué destinaría 800 millones de euros más al año en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Canarias recibe 984 euros menos por habitante que los que ingresa Cantabria, la comunidad mejor financiada, y 284 euros menos que la media nacional. Si atendemos al crecimiento poblacional que ha registrado en los últimos años, el archipiélago es la autonomía peor financiada de todo el país. Sin embargo, permanece vigente un obsoleto reparto de recursos entre las comunidades que impide afrontar con garantías la prestación de las competencias esenciales transferidas a Canarias.

El PSOE seguirá defendiendo ante el Gobierno central la revisión del modelo de financiación, que ya tocaba en 2013 para que el nuevo entrase en vigor en 2014. Al Gobierno de Rajoy no le pareció oportuno ni necesario pronunciarse al respecto hasta que tuvimos las elecciones encima. El PP ha primado su interés electoral en detrimento del interés general de la ciudadanía y permaneciendo al margen de lo que marca la ley. Ha pretendido enmascarar su negativa a actualizarlo con reformas fiscales que no han sido más que retoques de tipos impositivos, todo ello pese a que su revisión fue un compromiso electoral de Mariano Rajoy en los comicios de 2011.

Este lamentable hecho lleva aparejada una consecuencia indiscutible: la ley de financiación de 2009, en la que se establecía que en 2014 saldría una evaluación y un nuevo modelo, ha sido convertida en papel mojado por el propio Partido Popular.

Frente a ello, el PSOE de Canarias ha apostado y continúa apostando por un plan de reactivación económica para paliar los graves efectos de la crisis y que contempla esta defensa de la revisión del sistema de financiación, además de la negociación del REF económica y la revisión de la política fiscal.

“No cabe más demora”, se subraya en el texto de la proposición no de ley registrada por el PSOE en el Congreso. Efectivamente, en Canarias no podemos esperar ni un minuto más.