Honores para la universidad pública

En las últimas semanas se ha producido en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) un debate legítimo sobre laconcesión del título de doctora “honoris causa” a Sofía de Grecia, la reina emérita española. No quiero que la valoración por mi parte de esa decisión nos distraiga de lo que pretendo plantear en este artículo. Sí quiero destacar el mensaje positivo que transmite el que 57 profesoras y profesores firmantes de una carta crítica trasladen a la ciudadanía su opinión contraria y expresen así su inquietud e interés por  asuntos que afectan a nuestra universidad pública.

Este manifiesto firmado por más de medio centenar de profesores refleja un malestar en el corazón de una institución que vive, como tantas otras en España, un momento de dificultad estructural. He manifestado en los últimos meses mi preocupación por el debilitamiento de la financiación de las universidades públicas canarias, la limitación de sus potencialidades investigadoras y la aprobación de una Ley de Consejos Sociales que las ha obligado a acudir al Constitucional.

Aplaudo el espíritu crítico del profesorado, pero deseo fervientemente que esta reacción reavive el compromiso de toda la comunidad universitaria con el objetivo de combatir las políticas neoconservadoras que están ahogando a las universidades, que son las que hacen posible que la educación sea la auténtica impulsora de la igualdad en el acceso a los estudios superiores en esta tierra.

La discrepancia no debe convertirse en una discusión estéril sobre honores, sino en una oportunidad para poner sobre la mesa una cuestión central: la universidad pública española atraviesa una crisis profunda que va mucho más allá de un reconocimiento académico. No es solo una cuestión de Canarias, es una realidad que afecta a todo el Estado y pone en riesgo la igualdad de oportunidades, la investigación de calidad y la propia cohesión social de nuestra sociedad.

La comunidad académica lleva años alertando de que la financiación estructural de las universidades públicas es insuficiente, de que las infraestructuras presentan deterioro, de que la valoración del profesorado no está a la altura de su contribución y de que cada vez es más difícil competir con universidades privadas que acumulan un número mayor de recursos. Esta tendencia no responde a una casualidad, sino a decisiones políticas que han dejado de ver a la universidad pública como un proyecto de país y la han tratado como un presupuesto más a ajustar.

Un ejemplo claro y reciente de esta deriva se encuentra en la Universidad Complutense de Madrid, la principal universidad pública de España. Ante una situación de déficit acumulado —superior a 33 millones de euros en el último ejercicio— la Complutense se ha visto obligada a aprobar un plan de recortes para el periodo 2025-2028 que incluye ajustes presupuestarios drásticos que impactan directamente en la calidad académica y de la vida universitaria, como la reducción de materias optativas, la restricción de contratación docente, la supresión de plazas por jubilación sin reposición y la contención de inversiones en investigación y servicios básicos. Estas medidas, aprobadas por el propio Consejo de Gobierno, reflejan la asfixia financiera que sufre la institución tras años de infrafinanciación crónica por parte de la Comunidad de Madrid, lo que  la ha obligado, incluso, a solicitar préstamos para poder pagar salarios y mantener el funcionamiento ordinario del centro.

Estas decisiones no solo repercuten en el profesorado y el alumnado de la Complutense, sino que ilustran una tendencia preocupante: cuando una universidad pública ve limitadas sus posibilidades de ofrecer una enseñanza amplia, diversa y crítica, no solo se debilita su estructura, también se restringen las oportunidades de miles de jóvenes, especialmente de aquellos y aquellas  que no pueden permitirse estudiar en la universidad privada. Este no es un fenómeno aislado de Madrid: es parte de una política más amplia que, bajo la apariencia de ajustes económicos, va erosionando la función social de la educación superior pública.

En la Comunidad de Madrid, los estudiantes, docentes y sindicatos han levantado la voz en defensa de sus universidades públicas. Las protestas y amenazas de movilizaciones no son simples expresiones de disconformidad pasajera, sino respuestas a un modelo que ha convertido la educación universitaria, que debe ser accesible para todos y todas, en un bien cada vez más difícil de sostener desde lo público..

Esto no debe confundirnos: no estamos hablando únicamente de problemas de gestión o de déficit contable. Estamos hablando de un modelo de sociedad donde la educación superior, en lugar de construirse como un derecho colectivo, se concibe cada vez más como un privilegio susceptible de someterse a las leyes del mercado. En ese modelo, las universidades públicas quedan relegadas, con menos recursos, menos oferta académica y menos capacidad de formar a las generaciones que España necesita para afrontar los retos del presente y del futuro.

La crisis de la Complutense también pone de manifiesto algo más profundo: la falta de un marco de financiación plurianual, estable, digno, suficiente y acorde a las necesidades reales de las instituciones públicas. Sin esa estabilidad, las universidades quedan expuestas a fluctuaciones políticas y presupuestarias que dificultan la planificación a largo plazo, la consolidación de proyectos de investigación y la renovación de infraestructuras. No se trata de gastar más por gastar, sino de asegurar que la universidad pública pueda cumplir con su misión sin depender de préstamos o ajustes que ponen en riesgo su viabilidad académica y social.

Poner el foco en la universidad pública —sus problemas, su valor y su futuro— es poner el foco en el propio futuro de nuestra sociedad. Instituciones como la ULPGC, la ULL o la Complutense, no son entes aislados: son centros de creación de conocimiento, de desarrollo humano y de justicia social. Debilitar la universidad pública equivale a debilitar la igualdad de oportunidades, la investigación orientada al bien común y la capacidad de un país para pensar críticamente y avanzar hacia mejores condiciones de vida para todas y todos.

Está bien celebrar o cuestionar honores aislados, pero, fundamentalmente, debemos apoyar ideas, debate, conocimiento y compromiso con lo público. El Cabildo de Gran Canaria apoya que la universidad sea un espacio de libertad, reflexión crítica y transformación social. Por eso, animo a quienes han levantado la voz dentro de la comunidad académica a permanecer unidos y movilizados para señalar con claridad lo que está en juego: la calidad y el futuro de la universidad pública en España. Les animo a ellos a ellas, pero también, al resto del profesorado, al alumnado, al personal de administración y servicios, a la sociedad civil y a los gobiernos locales.

La defensa de la universidad pública no es una batalla sectorial, sino una apuesta por un proyecto de país más justo, equitativo y sostenible. No podemos generar posibilidades reales de futuro para las generaciones venideras si no garantizamos que la educación superior cumpla su misión esencial: formar personas, generar conocimiento y fortalecer nuestra sociedad frente a los desafíos del siglo XXI.