M.Rajoy y ZZ

Llevamos casi tres años de acoso a un Gobierno legítimo, con la Constitución en la mano. Aunque, en realidad, desde que el conservadurismo español se repuso de la pérdida de la Dictadura (podríamos señalar 1994, la fecha del encumbramiento de Aznar como heredero de Fraga Iribarne), ningún Gobierno progresista es legítimo. Porque España es de ellos, del conservadurismo empresarial -luego mediático,que diría I.Escolar-, judicial, eclesiástico, social… De forma que todo vale para derrocarlo.

He visto de todo. Por ejemplo, cómo el PP ha bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en puro fraude constitucional, para ir copando mediante nombramientos discrecionales las mayorías y las presidencias de los más altos órganos judiciales. Y, a partir de ahí, instrucciones sin límites (o acotadas, a según de quién se trate), sentencias, manejo de los plazos y calendarios judiciales verdaderamente obscenos.

El prestigioso catedrático de derecho Penal Quintero Olivares subrayaba cómo para imponer la condena de los EREs manejaron la inferencia argumental, que “es todo lo contrario a la presencia de una prueba”, para concluir que “el presidente autonómico y sus consejeros y viceconsejeros, por razón de su cargo, tenían que saber que algo anormal estaba sucediendo”. 

Por el contrario, y manejando estrictamente las garantías jurídico penales, se declaró que no se había acreditado que Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid y líder del PP, tuviera conocimiento de la maraña de corrupción que supuraba su Gobierno y su partido.

Las interpretaciones creativas del concepto de malversación para boicotear la aplicación de la Ley de Amnistía o la degradación del concepto de autoría para condenar al Fiscal General por hechos que pudiera haber realizado alguien “de su entorno”, al margen de las causas de justificación relacionadas con el deber legal de defender la imagen de la Fiscalía frente a los bulos de Ayuso y su plenipotenciario jefe de gabinete, son simplemente escandalosas. 

A mí, particularmente, me tiene asombrada la deriva de la Fiscalía Anticorrupción bajo la égida de Luzón y Romeral. Lo digo por conocimiento directo, a propósito del caso Reparos; pero, entre otros hitos, por su oposición al vaciamiento del correo B de Cristóbal Montoro, en la investigación de los manejos de Equipo Económico para amañar el contenido de normas tributarias a la conveniencia de determinadas grandes empresas, previo paso por caja. Y, para colmo, sancionaron a la fiscala que lleva el caso, convencida de que la función de la fiscalía es investigar.

Podía seguir casi hasta el infinito; pero no quiero privarme de mencionar cómo ZZ es inequívocamente Zapatero; pero no está del todo claro para personajes como Hurtado, García-Castellón o cualquiera de esa caterva ultraconservadora que el M. Rajoy de los papeles de Bárcenas, sí, el de los sobresueldos de procedencia ilícita fuera Mariano Rajoy… En fin…

Pero dicho esto, me gustaría exponer alguna reflexiones:

He desempeñado durante más de treinta años funciones de oposición, en primera línea y con perseverancia, al sistema que se configuró en Tenerife y luego en Canarias desde 1987. Incluso después de que la candidatura del PSOE que lideré resultara la más votada al Ayuntamiento de La Laguna en las elecciones ya remotas de 1999. La verdad es que no se me ocurrió decir que no fui alcalde porque no quise.

Con la perspectiva del tiempo, creo que las Islas, mi Isla, han sido como un laboratorio exitoso de lo que la derecha española lleva intentando a la desesperada en toda España: aquí, bajo la marca ATI, los sectores más influyentes de la derecha empresarial recuperaron -en el tiempo récord de acortarlo a una sóla legislatura de gobierno socialista en el Cabildo-, simplemente reavivando hasta el paroxismo el pleito insular y la hostilidad anti canariona, el poder institucional y volviendo a concentrar en sus manos todo el poder: el político y el económico. Sumando el control de gran parte de los medios informativos, la muralla, eso que yo he venido llamando “el Régimen”, ha venido siendo prácticamente infranqueable en casi 40 años.

Como eso es lo que se está fraguando ante toda España, habiendo sido las Islas “adelantadas”, quienes desempeñen o hayan desempeñado cargos institucionales u orgánicos en representación del PSOE o de otras organizaciones de izquierdas, han de tener muy presente que no pueden actuar en contra de los valores que proclaman defender ni en contra de lo que la ciudadanía espera de nosotros. Ni siquiera en apariencia. Porque es tanta la potencia de fuego mediática al servicio de los intereses conservadores que pueden convertir -como tantas veces me habrán oído decir mis compañeros- “una pistola de agua en un lanzagranadas”.

Y lo que buscan es desmoralizar a los votantes socialistas y de izquierdas. Allá en la Península y “aquí acá”, como se dice en algunos lugares de La Palma.

El PP y ATI-CC saben que ya les resulta imposible acaparar todo el espacio social y electoral que va desde el centro a la derecha ultra conservadora, que es lo que les permitió sus más rutilantes resultados electorales en el pasado reciente, porque esos sectores ultras ya tienen marca propia. Por eso, buena parte de su estrategia pretende la desmoralización del potencial votante socialista. 

Nunca me olvido de cómo M. Rajoy sacó en 2011 mayoría absoluta con los mismos votos con los que perdió las elecciones de 2008 frente a Zapatero. Por el camino, el PSOE perdió casi 4 millones de votos que se sumaron sobre todo a la abstención. Primero presionaron hasta lo indecible desde el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, la Troika, para imponer al Gobierno de ZP la recetas socialmente regresivas frente a la crisis financiera, apoyándose en los grandes desequilibrios financieros que afectaban entonces a la economía española.Y, después, sacaron petróleo del desconcierto que aquel cambio de rumbo produjo entre los votantes progresistas.

Por todas esas cosas, y por muchas más, las propias convicciones y valores y la comprensión del escenario real, interno e internacional, que enmarca la política española y canaria exigen coherencia a los representantes y dirigentes progresistas. Tanto en su actuación diaria como en las reacciones frente a quienes tengan comportamientos incompatibles con lo que los votantes progresistas y la ciudadanía en general esperan de la izquierda.

Y, además, cuando un comportamiento presenta indicios delictivos que puedan sustentar una investigación judicial está proporcionando la gran excusa: ¡lo ven!, para difuminar los escandalosos caso de acoso judicial y de investigaciones inquisitoriales y prospectivas que, esas sí y escandalosamente, están obedeciendo la arenga de que “el que pueda hacer que haga”, pronunciado desde su púlpito por el que tiene en su mochila (y no digo en su conciencia, para que tengo dudas de que la tenga) el haber embarcado a España en la guerra de Irak, un “acto ilegal”…exponiendo “a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes”, como reza el artículo 590 de Código Penal (Título XXIII, De los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado…). Y luego vino la catástrofe de Atocha. Y ahí sigue impune y sermoneando, tan campante.