Al presidente del Cabildo de Gran Canaria, por su insistencia de la falacia de la “ecoisla”

En ejercicio de los derechos constitucionales a la participación pública y al control ciudadano de la actividad de las administraciones, nos dirigimos a usted para manifestar, que la reiterada utilización del concepto “ecoisla” como bandera de su gestión constituye, a juicio de los que suscribimos, una distorsión grave de la realidad de Gran Canaria, susceptible de inducir a error en la percepción pública de los efectos reales de las políticas aplicadas durante los últimos 10 años.

La situación actual de Gran Canaria no se corresponde con los parámetros mínimos exigibles a un modelo de sostenibilidad territorial ni con los criterios establecidos en la legislación sobre ordenación del territorio, evaluación ambiental, protección del paisaje, vivienda o cohesión social. Y es obligación de cualquier cargo público —más aún de quien ostenta la máxima representación insular— ajustarse a dichos marcos normativos y presentar un balance veraz de su acción de gobierno.

En este contexto, resulta imprescindible señalar:

1. Congestión viaria y movilidad. La permanente saturación de las vías principales, sin soluciones efectivas durante los últimos 10 años, constituye un incumplimiento de los principios de movilidad sostenible recogidos en la planificación territorial y en los mandatos europeos. Falta a la verdad de manera permanente al seguir sosteniendo que la isla avanza hacia un modelo ejemplar, resulta incompatible con los indicadores actuales de congestión y colapso diarios de vías claves de comunicación. 

2. Incremento masivo de la capacidad alojativa. La aprobación, por su parte de instrumentos de ordenación, como el PIO, que contemplan en torno a 130.000 nuevas plazas turísticas, plantea serias dudas de compatibilidad con el principio de capacidad de carga territorial, pilar de la doctrina europea y estatal sobre desarrollo sostenible. Ampliar de forma tan drástica la presión turística contradice materialmente el relato de contención y equilibrio.

3. Transformación de barrios y expulsión residencial. Procesos como la gentrificación de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, están generando efectos sociales adversos. Aunque dichos fenómenos son complejos, la responsabilidad pública exige adoptar medidas de corrección, no normalizar el desplazamiento de población residente ni la pérdida de accesibilidad a la vivienda.

4. Intervenciones en espacios de alto valor ambiental. Las decisiones políticas administrativas que han permitido infraestructuras, como la de Red Eléctrica, en el barranco de Arguineguín, requieren una evaluación rigurosa del impacto ambiental y paisajístico, y un análisis de alternativas razonables, conforme exige la ley. Resulta jurídicamente improcedente presentar estas actuaciones como neutras o compatibles sin atender a sus efectos acumulativos.

5. Proliferación de parques eólicos y fotovoltaicos. El despliegue acelerado de instalaciones en manos de grandes operadores en suelos agrícolas o rústicos demanda una revisión exhaustiva del principio de proporcionalidad, del interés público real y de la justicia territorial en la transición energética. La implantación de nuevas torres y líneas de transporte eléctrico incrementa la fragmentación del territorio y exige una evaluación estratégica transparente y participada.

6. Crisis de vivienda y presión demográfica. La ausencia de políticas efectivas frente al alquiler vacacional y la falta de planificación frente al crecimiento, constituyen vulneraciones del derecho a una vivienda digna, cuya garantía corresponde a las administraciones públicas.

7. Emergencia sanitaria y sociosanitaria. La persistencia de personas ocupando camas hospitalarias por falta de recursos asistenciales alternativos evidencia un déficit estructural en la planificación sociosanitaria, incompatible con cualquier afirmación de excelencia o liderazgo en políticas públicas.

Ante todos estos elementos, insistir públicamente en la existencia de una “ecoisla” no se ajusta al principio de veracidad institucional, ni contribuye a un debate democrático honesto. La ciudadanía tiene derecho a recibir información clara, completa y no edulcorada sobre el estado real de su territorio y de los servicios públicos esenciales.

Por ello, instamos a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria a cesar en el uso de eslóganes que no reflejan la realidad, a revisar críticamente las políticas adoptadas y a asumir las responsabilidades públicas que exige la protección del interés general, el respeto al territorio y la defensa de los derechos sociales de la población.

La situación de Gran Canaria requiere menos propaganda y más rigor , más evaluación objetiva y menos relato autocomplaciente. El tiempo del marketing político ha terminado: comienza el de la responsabilidad,