El reto que el Gobierno ignora

En Canarias se habla del “reto demográfico” como si fuera un asunto técnico, una categoría abstracta que se resuelve con informes y estadísticas. La realidad, sin embargo, es mucho más tangible y urgente: la población crece a un ritmo que las islas no pueden absorber, y los efectos ya se sienten en la vida cotidiana. Este fenómeno no se refleja solo en cifras. Se ve en cada carretera colapsada, en cada joven que no encuentra vivienda, en cada aula saturada, en cada hospital con listas de espera interminables y en unos servicios públicos que funcionan al límite.

El crecimiento poblacional en Canarias no es casual. Existe un patrón claro: detrás del turismo llega población residente. Más visitantes generan más actividad económica, más empleo y, en consecuencia, más personas que se trasladan a las islas para trabajar. Este denominado Efecto Llamada no es ni bueno ni malo en sí mismo. Pero cuando supera la capacidad de los servicios públicos y las infraestructuras, genera una tensión constante que afecta a todos los canarios y canarias.

Hace más de veinte años, cuando comenzaban a vislumbrarse estas tensiones, el Gobierno canario buscó orientación en la Unión Europea. La respuesta fue directa: la solución estaba en nuestras manos. Los responsables europeos recomendaron limitar el Efecto Llamada, evitar un desarrollismo desenfrenado y acompasar el crecimiento económico al crecimiento poblacional. La idea era simple: un territorio finito no puede expandirse indefinidamente sin consecuencias.

En 2001, Canarias dio un paso decisivo: se estableció una moratoria turística que desclasificó 400.000 camas. En 2003, el Parlamento aprobó una ley que confirmó que la comunidad autónoma podía limitar su crecimiento poblacional. Aquella decisión no supuso ninguna carga económica para el erario público y demostraron que se podía actuar con firmeza sin comprometer las finanzas. Sin embargo, a partir de 2003 se retomaron políticas basadas en el crecimiento constante (el desarrollismo), priorizando el aumento de visitantes y sustituyendo la planificación territorial por un urbanismo ligado a proyectos concretos. El resultado fue previsible: el Efecto Llamada regresó, y con él, el crecimiento poblacional descontrolado.

Hoy, las consecuencias son evidentes. Canarias enfrenta emergencias climática, hídrica y energética; una crisis de vivienda sin precedentes; infraestructuras saturadas y servicios públicos tensionados. Las familias soportan alquileres inasumibles, los hospitales y colegios operan al límite y el transporte público resulta insuficiente. La energía y el agua, recursos limitados, sufren una presión constante. Estos no son problemas del futuro, son la realidad de hoy.

En este contexto, el Gobierno aprobó en octubre de 2024 las 51 medidas para la Canarias del futuro, un documento lleno de conceptos como cohesión, sostenibilidad, gobernanza, visores de datos, oficinas virtuales y observatorios. Sin embargo, estas medidas no han reducido la presión demográfica. La llegada de población atraída por el turismo y la actividad económica continúa sin freno, y los servicios públicos siguen desbordados. 

El foco principal de estas medidas está en la despoblación rural y los municipios pequeños, lo que es importante para equilibrar el territorio. Pero el problema central es la “sobreconcentración” en zonas urbanas y turísticas, donde la capacidad de las administraciones para ofrecer servicios adecuados se ve desbordada. La Estrategia Canaria del Reto Demográfico habla de estudios sobre capacidad de carga y planificación estratégica, pero evita enfrentar lo esencial: frenar el crecimiento en áreas donde la población ya supera lo que podemos atender de manera sostenible.

El desafío no consiste en cerrar Canarias al mundo ni en frenar el turismo. Consiste en asumir que un crecimiento ilimitado tiene consecuencias reales y tangibles. Las islas deben garantizar vivienda, energía, agua, transporte, sanidad, educación y servicios sociales a quienes viven aquí. Eso solo se logra con medidas concretas, firmes y realistas.

El problema no es técnico; es político. Las herramientas existen. Canarias puede planificar, limitar el crecimiento y priorizar la rehabilitación frente al consumo de suelo nuevo. Apostar por calidad sobre cantidad, por densidades sostenibles, por inversión en servicios públicos y por equilibrio territorial. Si no se actúa, no es por falta de instrumentos, sino por ausencia de voluntad política.

El Efecto Llamada también impacta directamente en el mercado de la vivienda. La constante llegada de personas vinculadas al turismo y la hostelería incrementa la demanda de pisos y casas, encarece los precios y expulsa a las familias y los jóvenes que buscan independizarse. Es una consecuencia directa de un crecimiento poblacional no planificado y de un modelo económico centrado únicamente en atraer visitantes y mano de obra vinculada al turismo.

La presión también se traslada a la educación. Colegios y aulas masificadas generan listas de espera y dificultan una educación de calidad. Los hospitales y centros de salud se encuentran tensionados, con urgencias saturadas y tiempos de espera cada vez mayores. Las carreteras y el transporte público padecen congestión crónica y los recursos básicos, como la energía y el agua, sienten la presión de esta población creciente. Este no es un problema de mañana: es el presente.

Ni la Estrategia Canaria del Reto Demográfico ni las 51 medidas de 2024 cuestionan el modelo económico que provoca esta presión, ni establecen límites claros al desarrollismo turístico y laboral. Tampoco definen mecanismos que frenen el efecto llamado ni garantizan que las administraciones puedan atender a quienes viven en las islas. El resultado es que tensión se acumula y retrasan decisiones que deberían haberse tomado hace años.

El verdadero reto demográfico no se resuelve con más observatorios ni con mesas de trabajo. Requiere decisiones valientes, aunque impopulares, que protejan quienes viven en las islas hoy y garanticen su sostenibilidad futura. La responsabilidad es clara: ya estamos pagando las consecuencias, y si no se actúa con rapidez, los problemas solo se agravarán.

El reto demográfico no es un número ni un concepto elegante. Es la vida diaria de cada canario y cada canaria. Son los jóvenes que no encuentran vivienda, los hospitales saturados, los colegios desbordados, las carreteras colapsadas y el agua y la energía bajo presión. Si seguimos creyendo que más turistas y más trabajadores siempre equivalen a progreso, estaremos cavando nuestra propia trampa.

El tiempo de los debates tibios y los planes de papel ha terminado. Las 51 medidas de 2020, llenas de promesas y documentos, han demostrado que sin decisiones concretas no se puede contener la presión demográfica. Canarias debe elegir entre seguir creciendo sin control y ahogarse en sus propios problemas o plantarse con valentía y construir un archipiélago donde todos puedan vivir dignamente, con servicios que funcionen y un futuro garantizado.

Canarias está al límite. Ya lo sentimos, en la vida diaria de cada persona. Si no cambiamos el rumbo, mañana será demasiado tarde. El reto demográfico no espera. La responsabilidad recae sobre quienes hoy gobiernan. Es momento de valentía, de decisiones claras y de acción inmediata. Solo así podremos garantizar que las islas que amamos sigan siendo un lugar habitable, justo y sostenible para todos.