Prometer no es gobernar

Hay decisiones cuyos resultados no se ven en el momento, pero que acaban teniendo un coste muy real en la vida de la gente. La forma en que el Gobierno de Canarias gestiona el dinero público es una de ellas.

Sobre el papel, todo suena bien: presupuestos que crecen cada año, cifras récord, más recursos para sanidad, educación, carreteras o vivienda. Pero, cuando se mira lo que ocurre después, el relato cambia. Una parte importante de ese dinero no se ejecuta y, al mismo tiempo, se incumplen las normas que precisamente existen para evitar desequilibrios.

Dicho de forma sencilla: se gasta más de lo debido en unas cosas y no se gasta lo que sí se puede en otras.

Para entenderlo, hay que empezar por una idea básica. La llamada regla de gasto no es más que un límite que marca cuánto puede aumentar el gasto público de un año a otro. Una norma pensada para algo muy simple: evitar que se gaste sin control hoy y que mañana haya que recortar. 

Porque, cuando un gobierno aumenta de forma sostenida su gasto habitual, el de funcionamiento diario, ese gasto no desaparece. Se queda. Y hay que mantenerlo en el tiempo.

Por eso existe esa regla: para que las decisiones de hoy no hipotequen el futuro.

Y el actual Gobierno de Canarias de Coalición Canaria y el Partido Popular no está respetando ese límite.

En 2024 ya lo superó. En 2025, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha vuelto a comunicar el incumplimiento, algo que el propio Ejecutivo canario ya ha reconocido. Lo único que falta por conocer oficialmente es la cuantía exacta del desvío, pero el hecho de fondo ya está confirmado. Y las previsiones para 2026 tampoco corrigen la tendencia.

Esto no es un matiz menor. Tiene consecuencias muy concretas.

Cuando se incumple la regla de gasto, la ley obliga a corregirlo después, lo que significa ajustar el presupuesto en los años siguientes. En la práctica, reducir el gasto.

De hecho, ya hay una cifra sobre la mesa: 445 millones de euros menos en 2026 por el exceso de gasto de 2024. Y, cuando se confirme la de 2025, llegarán nuevos ajustes adicionales.

Es decir: lo que el Gobierno canario gasta mal hoy, mañana lo tendremos que pagar los que aquí vivimos.

Pero el problema no se queda ahí.

Mientras superan el límite de gasto en algunas partidas, al mismo tiempo dejan sin ejecutar una parte muy importante del presupuesto ya aprobado.

Entre 2023 y 2025, El Gobierno presidido por Fernando Clavijo y con Manuel Domínguez en la Vicepresidencia dejó sin utilizar 3.430 millones de euros.

Dinero que estaba aprobado, disponible y presupuestado, pero que no transformaron en mejoras reales.

Y eso se nota en lo concreto.

En carreteras que no avanzan.

En proyectos que se retrasan.

En inversiones que nunca llegan a materializarse.

El impacto más grave se da en la vivienda.

En un contexto en el que acceder a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del Archipiélago, no ejecutar el dinero destinado a ello no es una cuestión baladí. Es una decisión con consecuencias directas.

Menos vivienda significa precios más altos.

Significa más dificultad para emanciparse.

Significa más presión económica sobre familias y jóvenes.

Y significa, en definitiva, agravar un problema que ya es estructural en Canarias.

Aquí es donde se ve con claridad el núcleo del problema: no es la falta de recursos. El dinero existe. Está presupuestado. Está autorizado.

El problema es de capacidad de gestión.

Acumulan gasto en unas áreas que crecen por encima de lo permitido, mientras dejan sin utilizar recursos destinados a necesidades esenciales.

Ese desequilibrio tiene un efecto inmediato: la gente no ve mejoras reales en su vida cotidiana.

Y tiene otro efecto a medio plazo: los excesos de hoy obligan a recortes mañana.

Es una doble factura. Primero por lo que no hacen. Después por lo que tendrán que ajustar.

Una buena gestión pública no consiste en anunciar más, sino en ejecutar mejor. En planificar con rigor, priorizar lo importante y convertir el presupuesto en resultados reales.

Porque no se trata de tener más dinero, sino de usar bien el que ya se tiene.

El Gobierno de Canarias gestiona recursos que no son suyos. Son de todos. Y precisamente por eso deberían administrarlos con el máximo cuidado, atendiendo a las prioridades reales de la ciudadanía.

No se trata de resignación ni de aceptar que las cosas funcionen así. Se trata de exigir algo básico: que lo que se promete se cumpla y que lo que se aprueba se ejecute.

Porque la política presupuestaria no se mide por lo que se anuncia, sino por lo que se transforma.

Y cuando el dinero no se usa donde hace falta, y al mismo tiempo se incumplen las reglas que obligan a la prudencia, el resultado es siempre el mismo: menos soluciones hoy y más problemas mañana.

En el fondo, es una lección sencilla pero decisiva: lo que no se hace, también cuenta.

Y en política, como en la vida, lo importante no es lo que se dice.

Es lo que se hace.