El timo del siglo

El refranero popular español es sabio, pero está pensado para la economía doméstica o los litigios entre vecinos. Todos hemos escuchado alguna vez aquello de que “más vale un mal arreglo que un buen pleito”. Y es verdad. Si usted tiene un problema con una reforma en casa, a veces sale a cuenta ceder un poco, perdonar una cantidad y cerrar el asunto para evitarse diez años de juicios y gastos. Es una decisión respetable. Pero tiene una condición indispensable: el dinero que se pone sobre la mesa tiene que salir de su propio bolsillo. Con nuestro patrimonio personal, somos libres de hacer lo que nos parezca oportuno.

El problema surge cuando quienes aplican este refrán no se están jugando sus cuartos, sino los de todas las y los canarios. Cuando tu responsabilidad es gestionar el dinero público —el dinero que se detrae de los impuestos de la gente para pagar la sanidad o la educación— las reglas del juego cambian por completo. Ahí ya no vale la política del pacto rápido para quitarse un problema de encima. En la gestión pública, la premisa principal e innegociable es procurar que no se pierda ni un solo euro. Lo que estamos viviendo en Canarias con los recientes acuerdos extrajudiciales con determinados promotores inmobiliarios es justamente lo contrario: una rendición incondicional en los despachos pagada con la billetera de los contribuyentes.

Llevo los suficientes años fiscalizando la actividad pública, analizando presupuestos y desgranando expedientes urbanísticos como para saber distinguir una buena negociación de un auténtico descalabro patrimonial. Y lo digo con total solvencia: el Gobierno de Canarias no ha actuado con responsabilidad. Nos intenta vender como un éxito histórico haber rebajado unas reclamaciones iniciales de 652 millones de euros a un pago final de 316 millones más intereses de dinero público. Nos lo pintan como si nos hubieran ahorrado una fortuna. Pero la realidad indiscutible que consta en los papeles es que las sentencias judiciales que tienen sobre la mesa no obligaban a pagar cantidades concretas en concepto de indemnización. Es más, ni siquiera establecían un método para el cálculo de estas. Los tribunales lo único que exigieron fue que el Gobierno de Canarias aplicara un artículo de una ley que ellos mismos habían incumplido. Punto y se acabó. La valoración del daño real estaba completamente abierta.

La excusa favorita del Ejecutivo para salir corriendo a firmar estos acuerdos es el miedo a los intereses devengados. Nos dicen que, si el pleito se alargaba cinco o diez años más en los juzgados, la bola de nieve de los intereses legales haría la deuda insostenible. Mire, no. Ese argumento no se sostiene en una administración seria. Que en un futuro los intereses puedan crecer no justifica, en absoluto, que decidas pagar hoy de indemnización tres, cuatro o cinco veces más de lo que verdaderamente corresponde según los informes técnicos de la propia casa. Al hacer esto, están materializando hoy mismo un perjuicio económico gigantesco y real para las arcas públicas por el simple temor a un riesgo futuro que se puede o no dar. Y de darse, el Gobierno puede, como hace habitualmente, litigar y ganar con criterios técnicos solventes. Dicho de otra manera, la justificación del Gobierno de Canarias es que nos matan hoy, para evitar la eventual posibilidad de que muramos dentro de 10 años.

Para que todo el mundo entienda el tamaño del desaguisado, basta con mirar lo que decían los propios funcionarios de la Consejería de Política Territorial. En el año 2020, el Servicio de Valoraciones dejó firmado 36 informes técnicos demoledores. Sus conclusiones eran claras: aplicando la legislación y el derecho urbanístico, los promotores no tenían derechos consolidados susceptibles de indemnización porque esos terrenos no contaban con ningún aprovechamiento urbanístico real adquirido. Es decir, el daño era cero. Y añadía que, en el peor de los casos, si se aplicaban los criterios más desfavorables o se optaba por la reclasificación temporal, las cuantías estaban a años luz de lo que pedían las empresas. 

Por poner un ejemplo sangrante: una parcela donde el promotor pedía 10,3 millones, el técnico tasaba el derecho más favorable en 1,4 millones de euros. ¿Y qué hizo el actual Gobierno? Guardar el informe de sus propios funcionarios en una gaveta, asumir las tesis del demandante y pagar 5,3 millones de euros además de dejarle el terreno con los derechos urbanísticos intactos. Y así, en 36 expedientes, hasta alcanzar un total en indemnizaciones de 316 millones de euros. Es decir, el Gobierno no solo les paga de dinero público los 316 millones, sino que renuncia, además a la oportunidad de realizar políticas públicas en esos suelos. Un negocio redondo, pero solo para una de las partes.

Otra de las cuestiones intolerables de toda esta maniobra es la falta de respeto a la transparencia. Hemos asistido a un espectáculo bochornoso en el Parlamento. El consejero del área se llenó la boca presumiendo de luz, taquígrafos y de una transparencia absoluta. Se comprometió públicamente a entregar los 36 expedientes íntegros para poder fiscalizar este monumental desembolso. ¿Y cuál ha sido la realidad? Ocultar los papeles, agotar los plazos legales y entregar solo algunos de los documentos que integran el expediente, y ni siquiera completos, sino eliminando los anexos de estos

Es una burla democrática permitirse el lujo de presumir de paredes de cristal mientras por detrás esconden los expedientes para que nadie pueda comprobar bajo qué criterios económicos se ha firmado semejante rendición.

Para entender cómo hemos llegado a este lodazal hay que recordar la nefasta praxis del Gobierno de Canarias del año 2009. Aquel Ejecutivo, integrado por Coalición Canaria y el Partido Popular, estaba presidido por Paulino Rivero, tenía a José Manuel Soria como vicepresidente y a Domingo Berriel al frente de la Consejería de Política Territorial. Presos del pánico ante las reclamaciones judiciales de la primera moratoria turística de 2001 y 2003, decidieron meter con calzador el famoso artículo 17.1 en la Ley de Medidas Urgentes de 2009.

Prometieron a los promotores inmobiliarios que, si dejaban sus parcelas sin edificar voluntariamente, la administración les desclasificaría el suelo a rústico durante cinco años a cambio de una suculenta indemnización. Hicieron la ley y, con una irresponsabilidad pasmosa, se olvidaron de cumplirla. No movieron un solo papel, no tramitaron las solicitudes y dejaron que el silencio administrativo jugara a favor de los promotores, abriendo la autopista jurídica para las demandas que hoy estamos pagando carísimas.

Pero si la gestión del pasado fue desastrosa, el cinismo del presente es directamente insultante. Hoy, tanto el presidente Fernando Clavijo como el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, intentan camuflar este desastre estirando el chicle de la historia. Comparecen ante los medios y en el pleno del Parlamento asegurando, sin ponerse colorados, que estas indemnizaciones millonarias son el producto directo de las moratorias de los años 2001 y 2003. Esto es una falsedad absoluta y una manipulación burda que no se puede tolerar.

Aquellas leyes de principios de siglo se hicieron con rigor jurídico; todas y cada una de las demandas que interpusieron los promotores contra las moratorias de 2001 y 2003 se ganaron en el Tribunal Supremo. Costaron exactamente cero euros de indemnización a las arcas públicas canarias. 

Que no intenten confundir a la ciudadanía: estos 36 fallos judiciales condenatorios derivan única y exclusivamente de la dejadez y del flagrante incumplimiento de lo que Coalición Canaria y el Partido Popular redactaron con sus propias manos en la ley de 2009.

Hacer política a base de engaños, firmar acuerdos extrajudiciales de cientos de millones de euros ignorando a los técnicos de la casa y vaciar la tesorería pública para dejar los bolsillos de unos pocos promotores inmobiliarios llenos y sus terrenos intactos no es serio, no es responsable y es una traición directa al interés general de las islas. 

Gestionar lo público exige rigor, valentía para defender el dinero del contribuyente hasta las últimas instancias y una transparencia radical que no le tema a la verdad. Este monumental timo urbanístico demuestra que Coalición Canaria sigue instalada en la vieja política de los despachos cerrados y los apaños multimillonarios. 

Un partido que miente para tapar sus propias vergüenzas legislativas, que esconde los expedientes a los representantes del pueblo y que prefiere la rendición patrimonial antes que la defensa firme de los recursos de nuestra gente es un partido que ha demostrado, con datos y sentencias sobre la mesa, que sencillamente no es de fiar.