Cuando una comisión de investigación deja de buscar la verdad

Antes de entrar en el fondo, conviene hacer una reflexión sobre el papel que desempeñan las comisiones de investigación en los parlamentos en una democracia. Porque se habla mucho de ellas cuando se crean, se retransmiten las comparecencias, se multiplican los titulares y las declaraciones, pero pocas veces nos detenemos a pensar cuál es realmente su función.

Por definición, una comisión de investigación existe para esclarecer unos hechos de especial relevancia pública. Para conocer qué ocurrió, por qué ocurrió, quién tomó las decisiones y qué puede hacerse para evitar que vuelva a suceder. Es uno de los instrumentos de control parlamentario más valiosos que existen. O, al menos, debería serlo.

El problema aparece cuando una comisión deja de investigar para empezar a confirmar una tesis previamente decidida.

Y, aunque pueda parecer exagerado, eso ocurre más veces de las que debería.

No importa que estemos hablando del Congreso de los Diputados, del Senado o de cualquier parlamento autonómico. El riesgo es exactamente el mismo en todas las cámaras: que la mayoría parlamentaria confunda su fuerza numérica con el derecho a imponer una verdad política.

Porque una mayoría puede aprobar unas conclusiones.

Lo que no puede hacer es convertir esas conclusiones en la verdad de los hechos.

Investigar exige un método. Primero se recopilan los documentos. Después se escuchan todas las versiones. Se contrastan los testimonios. Se analizan las competencias de cada uno. Se reconstruye lo ocurrido. Y solo cuando todo ese trabajo ha terminado pueden extraerse responsabilidades políticas.

Cuando el orden se invierte, la investigación pierde todo su sentido.

Si primero se decide quién debe aparecer como responsable y después se seleccionan únicamente los hechos que sirven para sostener esa conclusión, ya no estamos ante una investigación. Estamos ante una acusación política.

Y eso es grave.

Porque una comisión de investigación no es un tribunal, ni un plató de televisión. Es un órgano parlamentario que debe contribuir a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Si la gente acaba pensando que las conclusiones dependen únicamente de quién tiene mayoría, el descrédito no recae sobre un partido político. Recae sobre el propio Parlamento.

Otra cuestión que merece una reflexión es el hecho de que desde hace algún tiempo se ha instalado una idea que se repite casi como si fuera un principio indiscutible: que las responsabilidades políticas existen “por acción o por omisión”.

La frase suena bien. Es rotunda. Incluso parece muy exigente desde el punto de vista ético.

Pero una cosa es que suene bien y otra muy distinta que sea cierta.

Porque, llevada al extremo, esa teoría supone que cualquier presidente, cualquier ministro o cualquier consejero puede ser responsable absolutamente de todo lo que ocurra dentro de la administración, aunque nunca haya intervenido en la decisión investigada.

Y eso no tiene sentido.

En un Estado de Derecho las competencias existen por una razón. La ley determina quién decide, quién propone, quién informa, quién autoriza, quién fiscaliza y quién ejecuta. No es una cuestión burocrática. Es una garantía democrática.

Precisamente porque las competencias están repartidas, es posible exigir responsabilidades allí donde realmente corresponden.

Lo contrario conduce al absurdo.

Sería como responsabilizar al director de un hospital de una operación en la que nunca participó. Nadie aceptaría ese razonamiento en ningún otro ámbito de la vida pública.

¿Por qué entonces parece aceptable en política?

La responsabilidad política no puede convertirse en una especie de responsabilidad universal.

No basta con ocupar el cargo de relevancia para responder de cualquier decisión administrativa.

Si una persona no tenía competencia para intervenir, no puede reprochársele que no interviniera.

Y si la ley excluyó expresamente a un órgano de un procedimiento, resulta difícil sostener que su mayor responsabilidad consiste precisamente en no haber hecho aquello que legalmente no podía hacer.

Las responsabilidades políticas son imprescindibles en cualquier democracia. Nadie discute eso. Deben exigirse cuando alguien actúa con negligencia, cuando incumple sus obligaciones o cuando adopta decisiones claramente equivocadas.

Pero tienen que apoyarse en hechos, no en sospechas.

En competencias reales, no en jerarquías políticas.

En decisiones acreditadas, no en relatos construidos.

Porque una democracia sólida necesita instituciones serias.

Y una comisión de investigación solo cumple su función cuando está dispuesta a aceptar que las conclusiones pueden no coincidir con las ideas con las que algunos llegaron el primer día.

Si las conclusiones están escritas antes de empezar, todo lo demás sobra.

Sobran las comparecencias.

Sobran los documentos.

Sobra la propia comisión.

Lo ocurrido en la comisión de investigación sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia, en el Parlamento de Canarias, debería hacernos reflexionar precisamente sobre todo esto.

Después de años de trabajo, el dictamen terminó responsabilizando políticamente a todo un Gobierno. No distinguió entre quién tenía las competencias para decidir y quién no. No analizó con el rigor necesario el reparto de funciones que establecía la propia legislación. La conclusión fue mucho más simple: si ocupaban los principales cargos del Ejecutivo, debían responder políticamente de todo.

Pero hubo algo aún más alarmante.

El dictamen acabó desacreditando las declaraciones del presidente del Gobierno, de las consejeras y los consejeros, de la interventora general, de la directora de la agencia tributaria, del director de patrimonio y contratación, del secretario general del Servicio Canario de la Salud y de un largo etc., que comparecieron ante la comisión.

En la práctica, vino a considerar que sus explicaciones no eran creíbles. Sus testimonios apenas tuvieron reflejo en las conclusiones finales. Sin embargo, la declaración de la primera consejera de Sanidad del Pacto de Progreso y de su directora general, se convirtieron prácticamente en el eje sobre el que se construyó todo el relato.

Una comisión puede llegar a conclusiones distintas a las que sostienen los comparecientes. Eso forma parte de su trabajo. Lo que resulta difícil de entender es que, tras escuchar durante años a decenas de personas, solo merezca credibilidad la versión que confirmaba la tesis que algunos defendían desde el primer día.

Esa forma de actuar no fortalece al Parlamento.

Lo debilita.

Porque deja la sensación de que el objetivo nunca fue averiguar qué ocurrió realmente, sino encontrar una justificación para unas conclusiones previamente decididas.

Y eso debería preocuparnos a todos, pensemos como pensemos y votemos a quien votemos.

Hoy una mayoría puede utilizar una comisión de investigación contra un gobierno. Mañana otra mayoría podrá hacer exactamente lo mismo contra otro distinto. Las mayorías cambian. Las instituciones permanecen.

Por eso conviene cuidarlas.

Porque el día que una comisión de investigación deja de ser un instrumento para buscar la verdad y se convierte en un mecanismo para fabricar culpables, no pierde un partido político. Pierde la ciudadanía. Y con cada institución que pierde credibilidad, también se resiente un poco más la confianza de la ciudadanía en la democracia.