Blas Acosta: ''Me enteré por la prensa de la extorsión al empresario''
Blas Acosta, vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, ha negado este jueves su implicación en la trama de extorsión al empresario Gregorio Pérez Saavedra, expresidente de la Cámara de Comercio majorera, por el supuesto impago de una deuda. El líder de los socialistas en la isla ha asegurado que tuvo conocimiento “real” de estos hechos a través de la prensa, aunque ya declaró ante dos inspectores de la Policía Nacional el pasado 4 de febrero, casi dos meses antes de que se publicara la primera información al respecto en el diario La Provincia.
El magistrado Florencio Barrera, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, ha tomado declaración este jueves a Acosta en calidad de testigo para tratar de esclarecer si existe algún vínculo entre una deuda contraída por el padre de Pérez Saavedra con el político, que hace una década actuó de intermediario de aquel en la venta de un hotel en Morro Jable, y las amenazas y extorsiones que habría sufrido el conocido empresario del sur de Fuerteventura por parte de cuatro individuos, de los cuales tres han sido encarcelados.
Acosta señaló a la salida de su comparecencia ante el juez, que se prolongó cerca de treinta minutos, que la deuda quedó saldada “hace muchos años”. Según las informaciones publicadas, el actual vicepresidente del Cabildo pactó una comisión del 3% por asesorar a la empresa de Gregorio Pérez en la operación de compraventa del hotel Cactus Garden, que cerró con el grupo Dunas por una cantidad de 8 millones de euros.
El negocio se habría gestado entre 2002 y 2003, aunque la venta del complejo se produjo en 2005. Acosta, que tomó posesión como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara en junio de 2003, ha querido desligar su actividad política del pago de esta operación empresarial anterior. “Yo he ejercido una actividad profesional no solo legal, sino también ética en el pasado como profesional liberal que fui”, ha afirmado el dirigente socialista.
Acosta no ha precisado las fechas en las que se produjeron los pagos pese a la confusión que se ha generado al respecto. En la declaración policial reproducida por La Provincia, el político afirmó que una parte se abonó en el momento de cerrar la operación y, la otra, “hace unos cinco años”. Sin embargo, en la rueda de prensa que ofreció el pasado martes aseguró que el dinero fue devuelto a la asesoría en los plazos acordados entre 2002 y 2005. “No hay ninguna contradicción, yo he dicho que a mí ese señor no me debe cantidad alguna desde hace muchos años y me mantengo en ello”, ha sentenciado.
El juez investiga la filtración
Según el vicepresidente del Cabildo majorero, el juez ya está investigando la filtración al periódico de su declaración ante la Policía. “El juez ha entendido mi enfado por este tipo de filtraciones. Sabe que de su juzgado no ha sido, pero tiene sus sospechas”, ha manifestado Acosta, que ve detrás de las informaciones “un claro ataque político” que tiene como objetivo hacerle daño.
“Lo más grave es que han puesto en peligro una investigación que está todavía en marcha y además sobre unos hechos tan graves como son las amenazas que ha sufrido un empresario importante en el sur de Fuerteventura. Las filtraciones pueden poner en peligro la investigación y la propia seguridad de esta persona”, sostiene el político, que ha vuelto a negar que haya compartido información con terceras personas sobre su actividad profesional con el padre de Gregorio Pérez. “Yo no comparto información absolutamente con nadie, ni en la vida privada ni en la vida pública. Sé perfectamente diferenciar cada cosa y no digo nada a nadie de lo que haga o no haga o haya hecho en el pasado”, ha aseverado.
Gregorio Pérez Saavedra denunció este caso ante la Jefatura Superior de Policía de Canarias en noviembre de 2013 tras haber sido amenazado por tres personas con las que se había reunido en una cafetería de Gran Canaria para hablar, supuestamente, de una propuesta de negocio. En la misma, según la versión del empresario, uno de ellos le dijo que su propósito era cobrar la deuda que mantenía “con un político muy conocido”. La operación se saldó con la detención de cuatro personas, de las que tres ya han ingresado en prisión.
