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Soria perdonó el IBI a 700 fincas de Vegueta-Triana en 2002

El Ayuntamiento de Las Palmas perdió 4 millones de euros por esta exención fiscal, revocada por Jerónimo Saavedra en 2008

El Diputado del Común envía el expediente a la Fiscalía, que lo devuelve alegando que la prevaricación prescribe a los diez años

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Calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria

Calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria

Setecientas fincas de los barrios señoriales de Vegueta y Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, fueron exoneradas en 2002 y hasta 2008 del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por decisión del alcalde de entonces, José Manuel Soria, actual ministro de Industria, Energía y Turismo. En el lote de inmuebles beneficiados por esta exención fiscal mediante su baja en el padrón del IBI se encuentran casas solariegas y palacetes pertenecientes a las familias más señeras de la aristocracia canaria, incluidos algunos sonados títulos nobiliarios.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dejó de recaudar como consecuencia de esta medida unos cuatro millones de euros durante el periodo en el que estuvo vigente la exención, entre 2002 y 2008. Fue el socialista Jerónimo Saavedra el que, tras descubrirlo en 2008, revocó la decisión de Soria y de su concejal de Hacienda, Francisco Fernández Roca, y devolvió a la normalidad la situación impositiva de esas setecientas fincas.

Por casualidades del destino, a Saavedra le tocó gestionar en 2013 como Diputado del Común una queja de un ciudadano, conocedor de ese trato de favor, y tras el expediente tramitado por los técnicos del organismo, el exalcalde remitió la actuación de Soria y Fernández Roca a la Fiscalía por si pudiera ser constitutiva de delito.

Esta misma semana ha llegado a las oficinas del Diputado del Común la respuesta firmada por el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, comunicando que se ha procedido al archivo de la denuncia, sin la práctica de diligencias, al considerar que el delito de prevaricación administrativa habría prescrito.

Sin embargo, fuentes del Diputado del Común han asegurado que ese archivo de la Fiscalía será recurrido por considerar que la exención fiscal no se produjo exclusivamente en el año 2002, porque al incorporarse el padrón del IBI cada año a los presupuestos municipales y ratificarse en ellos la baja practicada, el presunto delito se habría cometido en cada ejercicio al aprobar los presupuestos del año siguiente.

Así, la denuncia afectaría también a la alcaldesa que sustituyó a José Manuel Soria, Josefa Luzardo (2003-2007), que mantuvo esta exención durante todo su mandato, y a su concejal de Hacienda, Eugenio Mambrilla.

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