La APT sugiere que el concurso para la adjudicación de licencias de radio sea objeto de revisión
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 (EUROPA PRESS)
La junta gestora de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife (APT) ha expresado su preocupación por la “controvertida” dimensión que va adquiriendo la resolución del concurso convocado por el Gobierno de Canarias para la adjudicación de licencias de emisoras de radio de frecuencia modulada.
A través de una nota de prensa, la dirección de los periodistas tinerfeños ha considerado que el cumplimiento de la normativa que ha regulado el concurso “debe ir acompañado de la máxima claridad para intentar entender las razones de los resultados finales”. En ese sentido, la APT ha sugerido que, sin querer interferir en la autonomía de las decisiones políticas adoptadas, dadas las consecuencias que se advierten, el concurso sea objeto de revisión.
“Y es que la creciente zozobra ante el frenazo que tal resolución significa a iniciativas locales consolidadas y basadas en la larga experiencia y en el esfuerzo inversor de sus promotores, se acentúa cuando claramente se contrasta la destrucción de puestos de trabajo, sin duda el principal mal que afecta ahora mismo a la profesión periodística”, apunta la APT.
Según la junta gestora de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife, “a la vista de las informaciones disponibles, que coinciden en otorgar pocas o ninguna licencia a empresas con una estructura amplia y estable; y por el contrario, muchas licencias a empresas de menor dimensión, no sería de extrañar que el resultado del concurso favoreciera una gestión especuladora, así como la aparición de intermediarios que, lejos de aportar estabilidad y garantías en los órdenes informativo, social y laboral, propiciara el alquiler o arrendamiento de señales a terceros, en lugar de aportar contenidos a esas señales que han obtenido en el citado concurso”.
Finalmente, la dirección de la Asociación de la Prensa tinerfeña ha reiterado que decisiones como la que nos ocupa, además de la merma laboral y profesional, producen “un claro quebranto del derecho a una información rigurosa y plural en el ámbito local de Canarias”.
