La Audiencia ordena diligencias penales contra el gobierno de Pepa Luzardo
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado un auto por el que ordena al Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria la práctica de diligencias penales para saber si la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento capitalino, entonces presidida por Pepa Luzardo, otorgó en abril de 2004 “a sabiendas” la licencia de excavación de las torres del Canódromo en un momento en el que el Plan Especial de dicha parcela se encontraba suspendido cautelarmente por la Justicia.
El auto señala textalmente que aunque “no sabemos si la licencia para excavación y contención [en el mismo lugar donde se empezarían más tarde a construir las torres del Canódromo] supone un acto de ejecución. En cualquier caso, parece evidente que estaban orientadas al levantamiento de dos edificios de viviendas”.
En este contexto, el juez se pregunta si “conocían los miembros de la Junta de Gobierno la ilegalidad de la actuación” y si “desconocían la suspensión” judicial del Plan Especial del Canódromo. En el auto se formula además la cuestión de si los concejales de la mayoría municipal del PP “concedieron las licencias que nos ocupan a sabiendas de la suspensión del Plan Especial”.
Este auto viene a estimar el recurso de apelación presentado en su día por la concejala Nardy Barrios, entonces en la oposición del Ayuntamiento y ahora titular del área de Fomento y Servicios Públicos, contra la resolución que autorizaba el Plan Especial del Canódromo, que el juzgado había suspendido cautelarmente a raíz de una demanda presentada por la empresa Man Electricidad, que reclamaba parte de la parcela donde se iban a construir las torres.
