El Ayuntamiento de Mogán rechaza la propuesta de Nueva Canarias de regularizar actividades “que no estén debidamente habilitadas”

El pleno del Ayuntamiento de Mogán ha rechazado la propuesta de Nueva Canarias-Bloque Canarista sobre la elaboración de un plan de “regularización de actividades que no estén debidamente habilitadas, a los efectos de diseñar mecanismos jurídicos que impidan, dentro de la legalidad, el cese de la actividad”.

Según informa la formación en un comunicado, la medida, defendida por el concejal, Juanma Gabella, tiene su justificación en la tramitación de diferentes expedientes sancionadores contra determinados locales, de la Playa de Puerto Rico, que, señalan, “llevan desarrollando su actividad desde hace al menos 50 años en el municipio y que han recibido la orden de cese de la actividad y la imposición de sanciones de más de 20.000 euros.

Para Nueva Canarias, la actuación de los responsables técnicos y políticos en los últimos años “deja mucho que desear” y los califican de “cómplices del desarrollo de actividades que, aparentemente, carecen del control necesario y preceptivo que exige la normativa”. 

En este sentido, Gabella exige que el Ayuntamiento proponga “acciones concretas y articuladas al amparo del ordenamiento jurídico, que permitan el mantenimiento de la actividad económica y consecuentemente la sostenibilidad de los puestos de trabajo”. 

El edil reclama que la administración debe dotar a los ciudadanos de un marco jurídico que viabilice jurídicamente a aquellas actividades económicas que llevan desarrollándose desde hace más de 50 años con la finalidad de que puedan operar “en condiciones de seguridad, salubridad y accesibilidad”, y “generar riqueza” al municipio.

Dicha propuesta, para Nueva Canarias, pedía al concejal de urbanismo “un esfuerzo administrativo”, para establecer los pasos a seguir que permitan regularizar, a estos locales, su relación con este Ayuntamiento, y garantizar su supervivencia.

Para ello se articulaba en una aplicación conjunta de la Ley del Suelo, la ley de actividades clasificadas, y la ordenanza municipal Reguladora de los Regímenes de Intervención Administrativa del Ayuntamiento de Mogán, que otorga la facultad de fijar criterios de interpretación respecto de los actos autorizatorios.

Por su parte, el actual grupo de gobierno de Mogán argumenta el rechazo a la propuesta en que todas las acciones que se planteaban en la moción ya estaban siendo desarrolladas por el Ayuntamiento. Nueva Canarias atribuye esta negativa a que “no hay voluntad política por solucionar esta situación”, concluyen.