Barrios acusa a Luzardo de ''gravísima irregularidad'' en el contrato con FCC
La adjudicación del contrato para la prestación del servicio municipal de limpieza, de cinco años de vigencia y por una cuantía económica total de 12 millones de euros, es “lo más grave, lo más escandaloso que hemos visto en casi cuatro años” de mandato de Luzardo, aseguró la concejala de la oposición. Por ello, Bernarda Barrios anunció que Compromiso va a “exigir que se anule” el contrato, resultante de una adjudicación del servicio de limpieza que se resolvió a favor de FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) en agosto de 2006.
El Ayuntamiento confirmó la adjudicación el 29 de septiembre mediante la correspondiente acta de iniciación de servicio, a pesar de que en el propio documento se constataba que la empresa, “de un total de 51 elementos que en el concurso se había comprometido a aportar, entre herramientas, vehículos y maquinarias, sólo había aportado uno, una cribadora”, denunció. Y añadió: “Lo más lógico es que, en el día de inicio de la prestación del servicio, la gran mayoría de los elementos esté a disposición del Ayuntamiento”.
Por el contrario, y según se señala en la propia acta, “al final, el Ayuntamiento cede a FCC elementos que son del Ayuntamiento, porque, si no, no se podría prestar ese servicio”, aseguró Barrios, que apuntó que sólo justifica la actitud de la empresa su deseo de “ahorrarse un dinero”. Por ello, la edil se interrogó: “¿Se habrá visto algún escándalo o alguna irregularidad más grande que ésta en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria?”.
La conclusión de la edil fue que, tratándose de “un contrato muy importante” y de “una empresa importante”, la única explicación posible a la decisión del Ayuntamiento de no anular la adjudicación o exigir el cumplimiento de las condiciones en que se llevó a cabo es que así lo ha dispuesto la alcaldesa, quien “tiene relación muy directa” con un directivo de FCC. “Nosotros no vamos a entrar en las relaciones familiares o personales de la señora Luzardo, pero sí vamos a exigir que, a las empresas que se les adjudican unos servicios en unas condiciones, se les haga que las cumplan”.
“Porque, si no, ocurre como en este caso: que ni el dinero público se está gastando bien ni el servicio se está prestando adecuadamente”, sentenció Nardy Barrios.
