Bienestar niega un error informático y asegura que paga las ayudas
La directora de Bienestar Social del Gobierno canario, Araceli Sánchez, desmintió este jueves que exista un error informático en la tramitación de la ley de Prestación Canaria de Inserción, como denunció el PSC-PSOE, y afirmó que las ayudas económicas se siguen pagando a quienes las solicitan.
En un comunicado, Sánchez aseguró que su departamento ha dotado de dispositivos informáticos completos a los 88 municipios del Archipiélago y ha dado formación a los equipos técnicos municipales para dar cumplimiento a la nueva ley, pero tan sólo 14 municipios han enviado la documentación y, por ello, únicamente en estos se está procediendo al nuevo pago.
Informó de que la Dirección General de Bienestar Social volverá a insistir a los ayuntamientos para que se adapten al nuevo sistema, de manera que los beneficiarios de estas ayudas, que incluyen mayores prestaciones económicas y que sustituyen a las básicas, puedan percibirlas lo antes posible y con carácter retroactivo, explicaron fuentes del departamento.
La directora general de Bienestar social puntualizó que aquellas personas que solicitaron la ayuda económica básica antes de la entrada en vigor de la ley siguen cobrándolas.
“Hay que tener en cuenta que la ley cambia por completo el concepto de procedimiento administrativo, ya que ahora todos los expedientes se tienen que realizar a través de una aplicación informática, como así lo indica el decreto del reglamento de la ley de Prestación Canaria de Inserción”, señaló Sánchez.
Según Sánchez, el problema se produce porque a los ayuntamientos les está costando acoplarse al nuevo procedimiento administrativo, pues “los equipos técnicos municipales estaban acostumbrados a realizar los informes en papel y a mano, y ahora tiene que utilizar una herramienta a la que no estaban acostumbrados”.
La directora afirmó que cualquier persona que quiera conocer el procedimiento de la nueva aplicación lo puede hacer accediendo al manual que está colgado en la página web de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda y que ha sido explicado a los técnicos municipales mediante cursos de formación a lo largo de 2007.
Sánchez defendió la nueva ley por su enorme valor social e instó a los ayuntamientos a que la apliquen “lo antes posible”.
