Cabildo grancanario convoca a técnicos municipales en una mesa de trabajo sobre la gestión de residuos de construcción
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria ha organizado la I Mesa de Trabajo sobre la aplicación del Real Decreto 105/2008, es decir, acerca de la gestión de residuos de la construcción y demolición, dirigida a los técnicos municipales de este área en la isla.
La Mesa tenía como objetivos informar sobre las nuevas obligaciones en materia de gestión de residuos y tomar contacto con las dificultades a las que se enfrenta a diario los especialistas en la materia, según informó el Cabildo de Gran Canaria en nota de prensa.
Así, al acto acudieron los concejales y técnicos municipales de los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas, Santa María de Guía, Gáldar, Agaete, Moya, Santa Brígida, Ingenio, Agüimes, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, así como técnicos de las consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas del Gobierno de Canarias.
El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Juan Salvador León, resaltó la necesidad de llevar a cabo la aplicación de las nuevas obligaciones que indica este Real Decreto, resaltando como prioridades la limpieza de los barrancos, “evitando que se llenen de residuos, así como poner en valor los residuos aportados por la sociedad, ya que contribuyen a alargar la vida” de los vertederos de la isla.
Asimismo, el Cabildo de Gran Canaria informó sobre las nuevas obligaciones que contempla el Real Decreto, resaltando la obligatoriedad del constructor de incluir en el proyecto de ejecución de obra un 'Estudio de Gestión de Residuos', es decir, el constructor deberá elaborar una memoria que detalle el modo en que va a gestionar los residuos que genere la obra a realizar.
El Real Decreto también marca como novedad las obligaciones de control, vigilancia y sanción de las administraciones locales, así como la herramienta jurídica 'fianza medioambiental' para las obras privadas, de tal forma que los ayuntamientos deben solicitar al constructor una fianza económica y su cuantía dependerá de la dimensión de la obra, como garantía al cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos.
Por su parte, los participantes expusieron las dudas y dificultades a las que se enfrentan a diario en la aplicación del Real Decreto y propusieron, para mejorar la efectividad de la misma, la elaboración de una Ordenanza sobre la aplicación de la “fianza medioambiental” y la creación de un Sistema Público de Gestión de residuos de demolición y construcción (RCD).
