Canarias, sin dinero para nuevos dependientes
No hay dinero en las arcas públicas de Canarias para ayudar a nuevos dependientes que soliciten las ayudas que garantiza la Ley de Dependencia.
Así lo ha reconocido la propia consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, en el Parlamento regional al reiterar lo que ya avanzó en una comparecencia en el mes de mayo: si hasta ahora los problemas podían haber sido de gestión, ahora lo son presupuestarios.
Por tanto, y debido a los recortes del Estado, “Canarias puede mantener y garantizar las ayudas a los dependientes que reciben ya atención, pero no se podrá atender a nuevos demandantes”.
En concreto, Rojas ha asegurado que desde el Estado “se redujeron un 15% las cuantías máximas de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar; se minoraron las correspondientes al Nivel Mínimo de protección garantizado, que ascendieron a 200 millones de euros, se eliminó de la financiación estatal de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales y se demoró hasta julio de 2015 la incorporación al Sistema de Dependencia de nuevos dependientes moderados”.
Además, “la partida que en 2012 aparece como de 0 euros ahora se elimina por completo”, lo que “supone otros 200 millones menos que para Canarias estaba en torno a los siete millones y medio de euros”.
En total, “el Plan Nacional de Reformas recorta 1.108 millones de euros para el año 2013”.
La crisis como excusa
Salvo el Grupo Popular, todas las portavoces del resto de las fuerzas con representación parlamentaria estuvieron de acuerdo con el análisis de la consejera, hasta el punto de que Carmen Hernández (NC), que la pasada semana fue muy crítica con Rojas, dijo que “al PP le ha venido muy bien la crisis para desmantelar el reconocimiento a un derecho universal como es la atención a los dependientes”.
Por ello, Hernández insistió en que la Ley de Dependencia, “aunque infradotada financieramente”, es un buen texto legislativo que el PP quiere dejar sin efecto por la vía de su estrangulamiento presupuestario.
Sin embargo, la conservadora Milagros Bethencourt, insistió en que son los errores de gestión del Ejecutivo regional, unidos a la poca transparencia en cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia, los que han hecho que el Estado envíe menos fondos a Canarias.
“La financiación llega en función al número de dependientes evaluados, su grado de dependencia y los programas puestos en marcha, y no es al revés, como se quiere hacer creer desde el Gobierno”, ha asegurado.
“¿Por qué en Canarias hay tan pocos beneficiarios de la Ley de Dependencia?” se preguntó Bethencourt tras insistir en que el Ejecutivo tiene declarados unos 17.000 dependientes menos que los censados por el Imserso.
Además, recordó que la creación de empleo en este sector no viene de la mano de las ayudas a los cuidados en el entorno familiar, sino de los programas de atención en los centros, habiendo primado la Consejería los primeros.
“Hasta el Tribunal de Cuentas advierte que la Ley de Dependencia se está convirtiendo en una red de subvenciones”, concluyó Bethencourt.
