Canarias pide este lunes a la justicia que avale el certificado COVID en las islas

Una mujer muestra un certificado COVID

Efe / Canarias Ahora


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El Gobierno de Canarias remite este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el acuerdo del Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional por el que se regula el uso del certificado COVID en establecimientos y espacios de uso público para conseguir su aval, algo que el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, confía obtener.

Canarias propone un certificado COVID voluntario que permita aplicar restricciones del nivel de alerta inferior al vigente

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El Gobierno de Canarias ya intentó en agosto implantar la obligación de presentar el certificado de vacunación (o en su defecto una prueba diagnóstica negativa) para entrar en el recintos interiores de determinados locales y negocios abiertos al público, pero el TSJC tumbó su decisión.

Entonces, los magistrados alegaron que no se trataba de una medida "idónea" para frenar los contagios y que exigir estar vacunado para acceder a determinadas actividades suponía "segregar" a aquellos ciudadanos que, de forma "lícita", añadía, habían decidido no administrarse la vacuna.

Esta vez, el Gobierno de Canarias no lo formula en esos mismos términos de obligación, sino que ha pactado con las principales patronales de las islas que el dueño del negocio o el organizador de un evento abierto al público pueda voluntariamente exigir a sus clientes el certificado COVID y, a cambio, obtener un régimen de aforos y restricciones más laxo (el correspondiente al inmediatamente inferior al nivel de alerta sanitaria vigente en su isla).

"Confío plenamente en que, esta vez, lo avalen", ha señalado el presidente del Gobierno, tras confirmar que este mismo lunes el Gobierno remitirá al TSJC el decreto con el nuevo sistema de solicitud de certificado covid en Canarias.

Torres ha subrayado, además, que le ha alegrado ver cómo después de anunciarse esta medida "este fin de semana los centros de vacunación volvían a tener las sillas llenas".

La pasada semana, las patronales turísticas de las islas se mostraron partidarias de aplicar este certificado, pese a que el pasado verano algunas asociaciones empresariales recurrieron la medida ante el TSJC, que acabó tumbándolo en el archipiélago hasta en dos ocasiones.

Desde que comenzó el mes de noviembre la incidencia acumulada a siete días se ha disparado en las islas, pasando de los 28 casos por cada 100.000 habitantes a principios de mes a más de 91 este domingo, así como los contagios, que llevan ya varios días superando los 300 nuevos casos.

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