Podemos Canarias recurre a la justicia para frenar el taller de megayates del Puerto de Las Palmas

Podemos Canarias anuncia el inicio del procedimiento legal para la declaración de nulidad de pleno derecho sobre la ejecución del taller de megayates en el recinto portuario de La Luz y de Las Palmas. Gemma Martínez Soliño, viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias y candidata de Podemos a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, ha presentado el escrito formal en el que se denuncian las numerosas causas de nulidad de la concesión de la licencia urbanística estimatoria para la ejecución del centro náutico de servicios de atención a embarcaciones deportivas de gran porte y otras profesionales análogas en el Muelle del Refugio.

“El taller de megayates es la enésima falta de respeto del puerto a la gente de la ciudad, en este caso con la colaboración inestimable de Salud Pública. Merecemos una ciudad amable, respirable y en la que poder vivir sin miedo, y eso pasa por frenar este proyecto. Ahí encontrarán a Podemos Canarias”, ha destacado Martínez Soliño.

Así lo ha asegurado durante el proceso de escucha que Martínez Soliño inició el jueves por los barrios de la ciudad, comenzando por el barrio de su infancia, afectado directamente por este proyecto industrial. 

El taller, tal y como recoge el informe emitido por la Dirección General de Salud Pública en 2018, tendría una “excesiva cercanía (…) a lugares donde se encuentran habitualmente personas (…) existiendo por tanto una alta probabilidad de exposición a las emisiones de los productos químicos, que de forma difusa se producirán y al ruido de la actividad, mayor cuanto mayor emisión”.

Como se recordará, la polémica infraestructura de mega yates se encontraría a menos de 150 metros del Castillo de la Luz o del mercado del puerto, con la Biblioteca Pública Pepe Dámaso a apenas 80 metros, un parque infantil a 140 metros y el IES La Isleta a menos de 250 metros.

El grave peligro para la salud ambiental y de la población de Las Palmas de Gran Canaria que supondría el cambio de actividad de astillero del muelle de la empresa Rodritol S.L. a lo que en la práctica sería un taller de megayates, se deriva de numerosas prácticas como las limpiezas con chorro de arena, trabajos de aislamiento con fibras minerales y de amianto, pulverización de pinturas y disolventes, soldaduras con emisiones y vapores tóxicos, entre otras.

Sin embargo, el Informe de Incidencia Ambiental de 2018 obvia injustificadamente todos los factores de riesgo que la actividad conlleva, centrándose exclusivamente en una cuestión arquitectónica, excluyendo cualquier impacto ambiental de la actividad, lo que a juicio de Martínez Soliño “conlleva a la nulidad de dicho informe por un defecto calculado para dar una aprobación en un acto eminentemente injusto”.

Así, la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias en su artículo 17.2 impone, como es el presente caso, que los proyectos de ampliación que modifiquen sustancialmente la configuración y los límites exteriores de los puertos o instalaciones portuarias deberán incluir un estudio de impacto ambiental, y se sujetarán al procedimiento de declaración de impacto ambiental cuando sean susceptibles de modificar o alterar el medio ambiente o el espacio litoral.

El estudio presentado incurre en causa de nulidad al no existir un estudio de alternativas que permitan un contraste entre la solución adoptada y aquellas que pudieran ser menos trascendentes para la protección de salud pública en que se ubica el proyecto. “Confiamos que la justicia vea, como está claro y meridiano, que este proyecto supone un grave perjuicio para la salud ambiental y de la población de La Isleta y le ponga freno”, concluyó la candidata de Podemos Canarias a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria.