Canarias vota contra el objetivo de déficit
Canarias, Cataluña, Andalucía y Asturias han votado este jueves en contra del objetivo de déficit del 1,3% para 2013, que ha sido aprobado con el beneplácito de diez comunidades autónomas.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que ha presidido el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ha aprobado los objetivos de déficit para 2013, 2014, 2015 y 2016, que serán del 1,3, el 1; el 0,7 y el 0,2%, respectivamente. En la votación de los objetivos de déficit, las comunidades del País Vasco y Navarra se han abstenido, mientras que Cantabria no ha asistido a la reunión.
El ministro Cristóbal Montoro ha asegurado que marcar objetivos de déficit de forma “asimétrica” para cada CCAA es una “opción que está abierta” para poder repetirla en años posteriores, y son “nuevas consideraciones que se pueden tratar”. Tras el CPFF que ha reunido este jueves a los consejeros del ramo, Montoro ha valorado que las CCAA hayan aprobado por mayoría elevar el objetivo de déficit regional al 1,3% del PIB para 2013 y mantenerlo en el 1% para 2014 y ha asegurado que “casi la totalidad está comprometida con la senda de corrección del déficit”.
“Las CCAA que han votado en contra lo han hecho más por discrepancias sobre cómo se distribuye esa ampliación del déficit entre administraciones públicas, que por el contenido que se refiere al compromiso de reducción, en el que todos estamos de acuerdo”, ha aseverado. Al respecto, Montoro ha añadido que en el mes de julio se convocará un nuevo CPFF para precisar los objetivos individualizados de déficit de cada autonomía “habida cuenta de la necesidad de que haya objetivos realistas de reducción”.
Ha dicho que entre autonomías y regiones hay muchas diferencias de renta y ha aseverado que la geografía económica está marcada por muchas diferencias.
Negociación individual de los planes económicos
Montoro también ha informado que en julio se convocará la Comisión de Administraciones Públicas para seguir analizando la Reforma de las Administraciones (CORA) y sus resultados, ya que ha incidido en que muchas de estas reformas ya se habían comprometido por parte de los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
En este sentido, ha dicho que en función de este cumplimiento el Gobierno está en condiciones de “negociar” con cada región la actualización de sus planes económicos y financieros, así como su vigencia y las medidas que contemplaban para reducir sus déficit y las propuestas que hace el Gobierno. “Esta negociación iremos introduciéndola una a una, puesto que la situación de cada comunidad es diferente”, ha aseverado.
Montoro ha dicho que “hoy el déficit de las administraciones públicas y de las CCAA no es fuente de preocupación, en los análisis que hacen sobre España y su economía” y ha sido tajante al aseverar que “este problema ha salido del foco”. Asimismo, ha valorado que las corporaciones locales no pidan más déficit público y estén acordando una senda de estabilidad presupuestaria. “También es un gran avance”, ha dicho.
Resolución de deuda autonómica pendiente
Por otro lado, el gobierno aprobará este viernes un nuevo Plan Financiero que contempla resolver la deuda pendiente de las comunidades autónomas y los ayuntamientos con sus proveedores.
Montoro ha asegurado que el Consejo de Ministros llevará mañana nuevas medidas de pago a proveedores, así como importantes iniciativas de lucha contra la morosidad de las administraciones públicas. “Mañana llevamos mucha tarea”, ha dicho, tras recordar que el Consejo de Ministros también aprobará la figura de la Autoridad Fiscal Independiente.
El nuevo plan financiero dirigido a pagar a proveedores de las administraciones se convertiría así en el segundo programa de este tipo que realiza el Gobierno, después de que en 2012 destinara cerca de 27.000 millones de euros al pago de facturas adeudadas por las administraciones públicas a autónomos, pymes y grandes empresas. Montoro aseguró recientemente que se trata de un plan para que los distintos ámbitos de la administración puedan atender a sus proveedores en 30 días y que implicará “más condicionalidad” a las administraciones que lo utilicen.
