'Caso Arona': la trama se complica
El empresario vasco José Ramón Ansorena, el mismo que denunció en diciembre de 2007 un supuesto intento de extorsión por parte de técnicos del Ayuntamiento de Arona, ha agravado la implicación en el caso Edén -también llamado caso Arona- del delegado del Cabildo de Tenerife para la Zona Sur, Félix Sierra (PP) y habría involucrado en la trama de corrupción que investiga la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al empresario Pedro Suárez Martín, presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife y hasta ahora libre de imputaciones.
Esto es lo que ha afirmado el abogado de la acusación particular, Antonio Estébanez, a la salida de los juzgados de Arona, en los que Ansorena prestó declaración en calidad de denunciante ante el titular del juzgado mixto número 7 de Arona, Nelson Díaz Frías, durante cerca de cuatro horas.
Según el letrado, Ansorena no sólo se ha ratificado en su denuncia sino que “nos ha refrescado la memoria con datos concretos sobre la extorsión que sufrió. Además, ha aportado un dato relevante que implica aún más a Félix Sierra”.
Félix Sierra Melo, que además de consejero delegado del Cabildo es concejal por el PP en el Ayuntamiento aronero, era también el responsable del área de urbanismo entre 1999 y 2003, cuando la empresa de Ansorena, Pruguito S.L., solicitó una licencia para construir un complejo residencial en un solar de la Costa del Silencio, y ha seguido siendo concejal y miembro de la junta de Gobierno en los mandatos 2003-2007 y el actual.
Sin embargo, y según el empresario vasco, para obtener esa licencia tenía que pagar 300.000 euros. La extorsión provenía, según denunció en 2007, del arquitecto municipal y el aparejador de Ayuntamiento, Eliseo de la Rosa y Roberto de Luís, respectivamente, mientras que el empresario y jefe del servicio de urbanismo, Arsenio Zamora, habría sido el intermediario en el cobro. Asimismo, implicó entonces a Sierra, cuyo domicilio fue registrado por la Policía Judicial en septiembre de 2008.
“Ansorena ha corroborado la implicación de Sierra y también de un gran empresario del sur”, dijo este miércoles Estébanez en relación a Pedro Suárez.
Sin declaraciones
El abogado enfatizó que Ansorena “se ha mantenido en la misma línea de cómo era la supuesta trama de corrupción en la que están implicados técnicos y políticos”, y recordó que las primeras declaraciones del empresario ante Nelson Díaz Frías tuvieron como resultado el ingreso en prisión provisional de Eliseo de la Rosa y Arsenio Zamora en diciembre de 2007, y de Roberto de Luís y el arquitecto Zenón Rodríguez, en febrero de 2008.
Sin embargo, el empresario vasco, pieza clave en el caso Edén, prefirió esquivar este miércoles a la prensa y no hacer declaraciones, después de haber tenido que responder a los abogados defensores de Eliseo la Rosa, Alberto González Reverón, Roberto de Luís, Arsenio Zamora, Zenón Rodríguez y Félix Sierra, además de a la fiscal de la Audiencia Provincial Inmaculada Violán. Según el abogado de la acusación, Ansorena, que figuraba como simple testigo, ha pasado a ser parte de la acusación como denunciante.
La vinculación de Pedro Suárez guardaría relación con el hecho de que éste posee cuatro parcelas anexas a las de Ansorena en Costa del Silencio en las que sí ha podido construir. Fuentes jurídicas apuntan a una posible imputación por ser conocedor de un delito y no denunciarlo.
“Leche pachanga”
Este enfoque del caso es diametralmente diferente para el abogado de Eliseo de la Rosa, Juan Manuel Fernández del Torco, quien aseguró a la puerta de los juzgados de Arona que Ansorena “no ha dicho nada nuevo en lo concerniente a mi cliente. Sólo imprecisiones y posiciones subjetivas del tipo 'yo sospecho' y 'a mí me parece'. En definitiva, nada trascendente”.
Del Torco opinó que las declaraciones de Ansorena serían en un juicio penal “leche pachanga” y que nada de lo aportado por este denunciante “sustenta la privación de libertad que sufrió Eliseo de la Rosa”, quien está en libertad condicional actualmente aunque sigue imputado por cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
