Clavijo expulsará este viernes a los consejeros del PSOE si no aceptan una nueva humillación

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, expulsará este viernes a los cuatro consejeros del PSOE (incluida la vicepresidenta del Ejecutivo, Patricia Hernández) si no le respaldan en su deseo de volver a una modificación del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdecan) que supone una nueva humillación para el PSOE. Se trataría de transferir a los cabildos insulares los 20 millones de euros destinados a políticas de empleo, actualmente competencia de la vicepresidenta, y de acometer una encomienda de gestión de las carreteras de Tenerife en una renuncia del área autonómica, en manos de la majorera Ornella Chacón, también del PSOE.

“La gestora tiene mis condiciones”, respondía la tarde de este jueves Fernando Clavijo a este periódico preguntado por su decisión acerca de la continuidad del pacto de gobierno de su partido, Coalición Canaria, con el PSOE. Y la gestora del PSOE se ha inclinado por esperar una vez más, en este caso a la propuesta que este viernes formule el presidente canario. Si no les satisface, teóricamente los consejeros socialistas habrán de levantarse o votarla en contra, y será entonces Clavijo quien tome la decisión.

De nuevo el Fondo de Desarrollo de Canarias se convierte en un arma arrojadiza dentro del pacto de Gobierno en Canarias. Se trata de un fondo dotado con 160 millones de euros anuales procedentes de la renuncia del Estado de la recaudación del antiguo Impuesto de Tráfico de Empresas (ITE). Para Fernando Clavijo ha sido siempre un emblema de su gestión al proclamar que con tal cantidad puede promover un cambio en el modelo productivo de Canarias, que en más de un 30% depende de la industria turística.

En el reparto de ese fondo Canarias ha invertido más de un año de discusiones políticas plagado de tensiones dentro del Gobierno. Ya hace cuatro semanas los socialistas se levantaron de la reunión semanal del Consejo de Gobierno cuando el presidente, incumpliendo su compromiso con su socio, quiso aprobar un reparto basado en la triple paridad, mecanismo en el que se fundamenta la discutida ley electoral canaria por la que la composición del Parlamento se establece primero entre las dos provincias (quince diputados cada una); entre islas mayores e islas menores, y entre la isla mayor y la isla menor de cada provincia. De este modo, el reparto de esos fondos no tendría en cuenta ni criterios poblacionales, ni criterios territoriales ni criterios sociales, como el desempleo. Ahí empezó el principio del fin.

El PSOE dio la réplica a Clavijo en el Parlamento forzando un reparto inclinado casi exclusivamente a gasto social (educación, sanidad y políticas sociales), a lo que el PP, aliado de emergencia de Coalición Canaria, dio una nueva vuelta de tuerca introduciendo los criterios del Régimen Económico y Fiscal, lo que satisfacía a los socialistas porque devolvía a la vicepresidenta Patricia Hernández el control de 20 millones en materia de lucha contra el desempleo, y al consejero de Sanidad unos pequeños fondos para revertir el déficit del departamento.

Pero Clavijo no se resignó. Y en su empeño por repartir esos dineros entre las corporaciones locales (cabildos y ayuntamientos) llevará este viernes al Consejo de Gobierno, una vez aprobados este martes los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017, un ultimátum a los socialistas: o vuelven a su reparto de triple paridad o serán expulsados.

Por si ya era poco perverso arrodillar a la vicepresidenta y consejera de Empleo y Políticas Sociales, Patricia Hernández, arrebatándole 20 millones para su departamento, Clavijo ha añadido una vuelta de tuerca más: que por parte de la Consejería de Obras Públicas, en manos de la socialista Ornella Chacón, se acometa una encomienda de gestión para ceder al Cabildo de Tenerife, en manos de Carlos Alonso (Coalición Canaria) la capacidad de licitar obras de gran calado como el cierre del anillo insular de carreteras, con obras millonarias que adjudicaría la Corporación insular con fondos ajenos, entre otros los procedentes del convenio de carreteras con el Estado y de la Comunidad Autónoma. Es el enésimo intento por trasladar competencias autonómicas a un cabildo, en concreto a uno cuyo presidente ha hecho de la cuestión vial una bandera de enfrentamiento contra el sector socialista del Gobierno de Canarias.

En muchos sectores del PSOE se reclamaba este jueves de la gestora regional, a cuya cabeza está el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, y a la vicepresidenta Patricia Hernández, que fuera el partido el que diera el paso al frente y abandonara la senda del chantaje y la continua humillación a que los somete Fernando Clavijo. Pero la necesidad de Patricia Hernández y de algunos otros miembros de la gestora de mantenerse en las esferas de poder regional (se habla de 150 cargos públicos vinculados en estos momentos a esa permanencia) hasta el congreso regional socialista, pasado el próximo verano, animaba a lo contrario.

El día después de la ruptura

De consumarse la ruptura del pacto y con ella la destitución de los consejeros y consejeras socialistas, Fernando Clavijo acometerá una nueva andadura con un Gobierno en minoría. El presidente del Partido Popular de Canarias, Asier Antona, dijo este miércoles por la noche a Canarias Ahora que sólo se plantea un escenario de negociar con Clavijo “proyecto de ley a proyecto de ley, iniciativa a iniciativa”. Nada de entrar a cogobernar con los socialistas, “entre otras cosas porque no sumamos” 31 diputados en el Parlamento regional (la mitad más uno de los 60 escaños que lo componen).

Antona puso como ejemplo la Ley del Suelo, actualmente en tramitación parlamentaria, que apoyaría el PP en su redacción “si no se producen cambios sustanciales”, particularmente la reaparición de un órgano de control de legalidad como la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac), puesta en discusión por los nacionalistas, los populares y las organizaciones empresariales.

Lo que sí descarta a priori el líder de los populares canarios es entrar a calcular la posibilidad de una moción de censura promovida por el PSOE, iniciativa que no solo necesitaría el respaldo del PP, sino también el de Nueva Canarias.

Tanto una expulsión traumática de los socialistas del Gobierno como una marcha voluntaria activará de inmediato un mecanismo de respuesta en instituciones locales. La moción de censura en la capital de El Hierro, Valverde, se da ya por hecha. Y la de la ciudad de La Laguna, emblema del nacionalismo canario, de cuya alcaldía dio el salto a la política regional Fernando Clavijo, sería la siguiente en caer en un pacto a cuatro bandas que haría alcalde a un veterano socialista que abandonó la militancia por diferencias orgánicas, Santiago Pérez.