Clavijo prepara un arsenal para arremeter aún más fuerte contra la Fiscalía por el caso Grúas
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, prepara la madre de todas las batallas contra la Fiscalía General del Estado para tratar de librarse del incómodo y pesado yugo del caso Grúas en periodo electoral. La tregua que le ha concedido graciosamente la jueza de Instrucción 2 de La Laguna suspendiendo su declaración como imputado, prevista para el pasado día 15, no será eterna, especialmente si se atienden los recursos presentados por los denunciantes del caso, que no comparten que la presumible existencia de un recurso de casación ante el Supremo contra el auto que residenció la causa en La Laguna tenga capacidad suspensiva de algún tipo.
El equipo jurídico del presidente de Canarias trata de armarse con un arsenal que le permita arremeter nuevamente, pero esta vez de manera más dura, contra la Fiscalía General del Estado. A esa instancia tratará de responsabilizar nuevamente de una suerte de operación política atribuyéndole un retraso injustificado en su pronunciamiento sobre el órgano competente para investigarlo en los momentos previos a la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía (noviembre de 2018) cuando la causa ya había tenido entrada en el TSJC, el entorno de los aforados, en agosto de ese mismo año. La abolición de los aforamientos en ese nuevo estatuto animó a la Fiscalía a aconsejar no mantener en el tribunal para los aforados una causa que enseguida iba a ser de los juzgados ordinarios. Pero Clavijo no se resigna a tal doctrina y, a pesar de repetir en todos los foros que está deseando declarar para aclarar su inocente participación en el caso grúas, sus letrados hacen lo indecible para tratar de que el presidente solo pueda ser investigado en el TSJC, el antiguo tribunal de los aforados – que ya no lo son- de la Comunidad Autónoma.
Tal deseo parece responder a las señales enviadas desde ese tribunal por su presidente, Antonio Doreste, en el voto particular que emitió respecto al auto de la Sala de lo Penal que ordenaba devolver las diligencias a los juzgados ordinarios de La Laguna. En ese voto particular podía leerse claramente que tal decisión de su compañeras de Sala empeoraría la posición “del aforado, porque en el peor de los casos lo que podría pasarle es que la Sala confirmara los indicios delictivos [detectados por el Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna], pero en el mejor de los casos sería el sobreseimiento, posibilidad que ahora queda yugulada” al enviarse los autos al juzgado de intrucción.
Con estos antecedentes, la defensa de Fernando Clavijo se ha dirigido al TSJC para que reclame una serie de documentos, de cuya existencia se muestra bastante segura, relacionados con las acciones de la Fiscalía a partir del momento en el que el caso Grúas entró en el TSJC. Entre otros, reclama que le den traslado de las fechas en las que la Fiscalía fue notificada de los plazos para responder a la exposición razonada elevada por Instrucción 2 de La Laguna en la que se incriminaba a Clavijo; las distintas prórrogas que se le concedieron para que se pronunciara; la fecha en la que el Ministerio Público presentó sus informes… Y, sobre todo, la defensa de Clavijo reclama que se les de traslado de “todos los informes, provisionales y definitivos, reservados o no, borradores o notas de trabajo, visados, etcétera, obrantes en registros públicos sin tener el carácter de secreto para esta parte, que se realizaron como consecuencia de la tramitación de dichas diligencias previas [las del caso Grúas]”.
“En particular, por su incidencia en el incumplimiento de los plazos”, la defensa de Clavijo reclama “el informe provisional o borrador elaborado por el fiscal del TSJC para su remisión a la Fiscalía General del Estado lo que, al parecer, se realizó el 28 de octubre de 2018, y el visto o respuesta, si la hubiera, con indicación de la fecha de ésta”.
Tales precisiones provienen, según el escrito, de una nota de prensa de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de 15 de noviembre, además de las declaraciones recientes del fiscal jefe saliente, Vicente Garrido, que ha defendido la actuación del Ministerio Público sin dejar de dar, no obstante, valiosas pistas sobre lo ocurrido en aquellas fechas.
Entre otros particulares, la defensa de Clavijo conoce gracias a Garrido la existencia de un informe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado que trasladó a la Fiscalía de Canarias “la conveniencia de suspender la presentación de ningún escrito, dado que la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia para conocer los hechos derivaba del aforamiento para los miembros del Gobierno de Canarias, establecido por el Estatuto de Autonomía, norma que de forma inminente iba a ser reformada”.
